Esta semana, en plena discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, el senador Alejandro Ocampo probó una nueva forma de hacer control político: acusar al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, de haber hecho su presentación con Claude. “Le pagamos a un poco de gente del ministerio para que usted no traiga cosas con Claude, le dijo. El video circuló rápido. La frase era buena, pero el argumento no tanto, y ese episodio me dejó pensando en lo que dicho reclamo supone sobre la inteligencia artificial en lo público. Adentro hay por lo menos tres ideas mezcladas.
La primera es lo que llamo el fetiche del esfuerzo. La crítica de Ocampo parte de una premisa que suele pasarse por alto: que un producto del Estado vale por lo que costó hacerlo. Si el ministerio tiene profesionales bien pagados, ¿acaso lo decente sería que ellos armaran las diapositivas a mano? Esto es como si aplicáramos la teoría del valor-trabajo pero al PowerPoint.
Sin embargo, nadie le reclamaría al ministro por usar Excel en vez de sumar con lápiz y papel, o por escribir en Word teniendo mecanógrafos en la nómina. Lo que sí me parecería un desperdicio es que un equipo de economistas con posgrado pasara la semana ajustando tipografías y alineando gráficos sabiendo que hay una herramienta que resuelve ese asunto en minutos.
Detrás de dicho reclamo hay una pregunta más incómoda. Si la máquina puede hacer el formato, ¿en qué está ocupado el costoso talento humano? Deberían estar revisando si los supuestos de deuda cuadran, si el recorte a los subsidios es justo y si lo anunciado tiene con qué pagarse, pues si una herramienta se encarga del trabajo mecánico, deja al equipo técnico sin excusas para no hacer el otro, que es mucho más importante.
Dicho esto, el ministro tampoco sale bien librado. Según la prensa, la sospecha de Ocampo nació de unas notas en las diapositivas que advertían “límites constitucionales” y la necesidad de “definir el mecanismo legislativo” de algunas medidas. Estas son acotaciones que suele agregar un asistente de IA, y posiblemente alguien olvidó borrarlas.
Ahora bien, recordemos una clásica historia. Plutarco cuenta que Julio César, aún incrédulo de las acusaciones en contra de Pompeya, se divorció de ella porque su esposa no debía estar siquiera bajo sospecha. Hoy conocemos este suceso con una frase fulminante que me permito parafrasear: la mujer del César no debe solo ser honesta, sino parecerlo.
En el Estado moderno pasa algo parecido. Una decisión pública necesita estar bien formulada, y además necesita verse bien formulada. De eso depende buena parte de su legitimidad. Una presentación de un ministro con las costuras a la vista parece improvisada, aunque las cifras puedan ser correctas, y en un debate de presupuesto esa impresión es una imprecisión, pues le es útil a la bancada contraria.
Con todo, esconder la herramienta tampoco es una solución que recomiende. Si usar la IA es legítimo —y lo es—, lo raro es que se note por descuido y luego se niegue por pudor. Lo mejor en todo caso es declararlo tal como se cita una fuente: “esta presentación se hizo con tal herramienta y la revisó tal equipo”, una nota así es suficiente para que la sospecha pierda la gracia y el parecer se vuelva una forma de rendir cuentas sobre la metodología detrás del trabajo.
Por último, siendo esto lo más importante, aunque la presentación hubiera sido hecha íntegramente por un asistente de IA, la responsabilidad seguiría siendo del ministro. Una cifra de deuda que es mal calculada por un analista humano es igual de grave como la que un algoritmo produce equivocadamente, y en ambos casos quien responde es el ministro.
En La política como vocación Max Weber describe la ética de la responsabilidad; quien la sigue responde por las consecuencias previsibles de sus actos, y no le basta con la pureza de sus intenciones. Yo agregaría que tampoco le sirve culpar a sus herramientas. Un modelo puede redactar un documento, e incluso advertir sobre un riesgo, pero él no firma nada y en la administración pública la firma define quién responde.
Lo irónico es que, si las notas que delataron a Claude advertían que ciertas medidas necesitaban un mecanismo legislativo, la máquina hizo lo que se esperaría de un buen asesor, que es señalar el límite. Nadie en el ministerio parece haberle hecho caso antes de llevar la presentación al Congreso. Eso es lo que el control político debería preguntar: ¿quién revisó el documento y por qué siguió adelante con esas advertencias en la mano?
Preguntar “si el ministro usó Claude” es fácil y sirve en las redes. Preguntar “si el presupuesto cuadra” cuesta más trabajo. Para eso les pagamos tanto al ministro como a su equipo, y también a los congresistas.
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