Hay cifras que deberían obligarnos a detenernos y pensar. Una de ellas acaba de ser divulgada en Colombia: el número de integrantes de los grupos armados ilegales habría aumentado cerca del 90 % entre diciembre de 2022 y julio de 2026, al pasar de 15.120 a 28.802.
No estamos hablando simplemente de números. Estamos hablando de hombres armados, territorios disputados, comunidades amenazadas, jóvenes reclutados y ciudadanos que, en algunas regiones, terminan viviendo bajo las reglas de organizaciones que nadie eligió. El dato resulta todavía más preocupante cuando se observa el crecimiento de algunas estructuras. El Clan del Golfo habría aumentado sus integrantes en un 152 %, mientras las disidencias de las FARC lo hicieron en un 109 %. El ELN, por su parte, registró un crecimiento del 22 %.
La pregunta es inevitable: ¿qué está pasando en Colombia?
Durante el gobierno de Gustavo Petro se puso en marcha la llamada “Paz Total”, basada fundamentalmente en la negociación con diferentes organizaciones armadas. Buscar la paz nunca puede ser considerado un error. Colombia necesita terminar con décadas de violencia y darle oportunidades a quienes han vivido abandonados por el Estado. Pero una política pública también debe ser evaluada por sus resultados. Y aquí aparece una realidad que no podemos desconocer: mientras se hablaba de paz, varias estructuras armadas crecieron y ampliaron su presencia territorial.
Esto no significa que todo ese crecimiento sea consecuencia exclusiva de la “Paz Total”. Los grupos ilegales tienen causas históricas, economías criminales y capacidad de adaptación que vienen de muchos años atrás. Pero tampoco sería responsable ignorar que el fenómeno ocurrió durante la aplicación de esa política y preguntarnos si las estrategias utilizadas fueron las adecuadas. La paz no puede confundirse con ausencia de autoridad. Un Estado democrático puede y debe negociar cuando existan condiciones para hacerlo, pero al mismo tiempo tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y garantizar que ningún grupo armado termine ocupando el lugar de las instituciones.
NEGOCIAR NO PUEDE SIGNIFICAR PERMITIR QUE EL DELINCUENTE SE FORTALEZCA.
Y ejercer autoridad tampoco significa renunciar al diálogo ni a la inversión social. Colombia necesita ambas cosas. Necesita una Fuerza Pública con capacidad para recuperar el control territorial, pero también necesita escuelas, hospitales, vías, empleo, justicia y oportunidades para los jóvenes. Porque allí donde el Estado no está presente, tarde o temprano alguien ocupa ese espacio. Y cuando quien lo ocupa es una organización criminal, la democracia empieza a perder terreno.
Por eso el nuevo Gobierno tiene ante sí una enorme responsabilidad. No se trata simplemente de desmontar lo que hizo el gobierno anterior por razones políticas. Se trata de examinar qué funcionó, qué fracasó y qué debe corregirse. La paz debe continuar siendo un objetivo nacional. Pero debe ser una paz con autoridad, con justicia, con inversión social y, sobre todo, con resultados verificables. Colombia no necesita otra guerra de discursos entre quienes defienden la negociación y quienes solamente creen en la fuerza.
Necesita algo mucho más difícil: una política de Estado capaz de combinar seguridad, justicia, desarrollo territorial y negociación responsable. El ciudadano no debería tener que escoger entre paz y seguridad.
TIENE DERECHO A LAS DOS.
Y ese aumento cercano al 90 % en los integrantes de los grupos armados ilegales debería ser, para todos —gobierno, oposición, Congreso y sociedad civil—, una señal de alarma. No para buscar culpables. Para corregir el rumbo.
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