En medio de la violencia del ELN en el Catatumbo y de todos los grupos ilegales, surge un nuevo factor con apoyo velado del Gobierno: las guardias campesinas e indígenas.
El país está saturado de violencia. El ganadero Cristian Serrano, secuestrado por el ELN en Río de Oro, Cesar, en noviembre de 2024, fue canjeado en marzo por su hermana Clara, “retenida” por la fuerza. Antier nomás, cinco ganaderos fueron “retenidos” en Casanare, investigados y procesados “acorde a la normatividad del ELN”, por presuntos tratos con disidencias de las FARC.
La extorsión, impuesto oculto y aterrorizante, afecta a productores rurales y emprendedores urbanos; el abigeato es pan de cada día y la invasión de fincas amenaza a los ganaderos, unidos en Brigadas Solidarias y Frentes Solidarios de Seguridad creados por FEDEGÁN, cuyo apoyo a los afectados y su colaboración con las autoridades ha evitado invasiones o logrado el desalojo pacífico.
Tres factores se repiten en las invasiones en diferentes lugares, pero especialmente en el Cesar: Primero: el respaldo de las ONG a comunidades rurales con la bandera de la recuperación de la tierra, como el Coordinador Nacional Agrario, con sede en Bogotá, que propagó la falsa acusación de agresión por parte de la Brigada Solidaria Ganadera que hizo presencia pacífica en una invasión en Codazzi a finales de marzo, que para el CNA era “un ejercicio colectivo y democrático de recuperación de tierra”.
Segundo: la presencia de agitadores profesionales que difunden consignas comunistas como el anticapitalismo y la tierra para quien la trabaja, exacerban el odio contra los propietarios e inducen invasiones.
Tercero: las Guardias Campesinas e indígenas que tras su apariencia pacífica esconden organizaciones uniformadas, entrenadas, ideologizadas y responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestro de militares y policías.
En este país de normas, el Acto Legislativo 01 de 2023 le añadió un retazo más a la colcha de nuestra Constitución, al reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, que ya lo era en el artículo 64 original, como también los indígenas, que la Carta del 91 llenó de garantías.
Los indígenas, apenas el 4,4% de la población, son los mayores propietarios de tierra (39 millones de hectáreas), pero insisten en “derechos ancestrales” y la ampliación de sus resguardos es la principal demanda de los que cometieron desmanes y enfrentan al Gobierno en Bogotá.
Tienen, además, justicia especial y el gobierno Duque permitió la contratación directa con sus organizaciones, a donde han ido a parar ¡537 mil millones de pesos! durante el gobierno Petro, para comprar apoyo callejero cuando y donde se necesite, y generar el ambiente de inestabilidad y estallido con el que ganó y espera ganar en 2026 para gobernar en cuerpo ajeno.
Indígenas y campesinos… ¿acaso un nuevo poder para sostener la revolución petrista?
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