Desde que el ex-contralor general de la república (2014–2018), Edgardo José Maya Villazón, afirmó en el año 2017 que la corrupción le costaba al país –aproximadamente– 50 billones de pesos por regalías y SGP (Sistema General de Participaciones), diferentes sectores políticos han utilizado esta información para destacar el enorme desafío que tienen y que desean afrontar en contra de la corrupción en Colombia.
En un informe de 2018 titulado Grandes Hallazgos, la Contraloría General de la República, aun estando encabezada por Maya Villazón, expuso reconocidos casos de corrupción como el Cartel de la Hemofilia, El Cartel de la Toga y el Escándalo de Reficar de 2016, estimando el impacto negativo que la corrupción tiene sobre las cuentas nacionales; sin embargo, con esta columna no pretendo simplemente hablar sobre dicha publicación, sino también compararla con un informe del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en el que se discute de forma más amplia esta problemática, demostrando que la raíz de la corrupción se encuentra, esencialmente, en la enorme dimensión del Estado colombiano.
¿De dónde salen los 50 billones?
Originalmente, Edgardo Maya fue quien, en un evento de la Universidad de los Andes sobre el SGP, afirmó:
“Nosotros tenemos unos cálculos de entre 40 y 50 billones de pesos que se apropian los corruptos de todos los presupuestos nacionales, departamentales y municipales.”
(Betín, 2017)
No obstante, la anterior afirmación no posee demasiado fundamento sin negar que sí se pierden recursos a causa de la corrupción (que nace del mismo Estado). Si nos vamos al informe Grandes Hallazgos, leemos lo siguiente:
“Las elecciones populares de alcaldes y de gobernadores, así como de importantes son para fortalecer la democracia local, también han facilitado la labor de los corruptos que van tras una tajada de los casi 50 billones de pesos que cada año, por regalías y SGP (el dinero para la educación, la salud y el saneamiento básico) entran a las arcas de las alcaldías y gobernaciones.”
(Contraloría General de la Nación, 2018, p. 8)
Pero la cifra efectivamente comprobada por la Contraloría entre septiembre de 2014 y agosto de 2018 asciende a COP$ 21,6 billones en procesos de responsabilidad fiscal (Contraloría General de la República, 2018, p. 15), es decir, no son –a ciencia cierta– 50 billones de pesos que se pierden o se roban los corruptos de acuerdo a lo indicado en el informe antes mencionado; es sólo una estimación, aunque no me sorprendería que fuese un monto mayor, pues, después de todo, los políticos tienden a gobernar para sí mismos.
Para realizar un contraste con lo anterior, he decidido traer a colación un informe del BID llamado Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos, tomando específicamente su capítulo III: La (in)eficiencia del gasto público, en el que se explica, como su nombre lo indica, la ineficiencia técnica del gasto público en América Latina y el Caribe, aunque solo me enfocaré en Colombia.
Ineficiencia técnica del gasto público en Colombia
La ineficiencia técnica consiste en que, citando al informe del BIB:
“(…) los gobiernos hacen las cosas adecuadas pero de forma incorrecta, utilizando más recursos de los necesarios para alcanzar un determinado resultado.”
(Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2018, p. 52)
La estimación que hace el BID sobre la ineficiencia técnica del gasto público en Colombia es del 4,8% del PIB (ver Figuras 1 y 2). Si convertimos la tasa anterior en pesos colombianos, nos da una cuantía muy parecida a la entregada por Edgardo Maya:
1. Ineficiencia técnica por adquisiciones
Ignorando la tan cuestionable cita “los gobiernos hacen las cosas adecuadas”, es cierto que suelen existir sobrecostos al momento de utilizar los recursos públicos. Un ejemplo de lo anterior sería el Escándalo de Reficar de 2016, el cual se basó en un aumento significativo del costo para la modernización de dicho complejo industrial, multiplicando por hasta más del doble el presupuesto inicial del proyecto que pasó de 3.777 a 8.326 millones de dólares entre los años 2011 y 2015 (Contraloría General de la Nación, 2018, p. 48). Lo anterior es un caso de ineficiencia técnica por adquisiciones, muy habitual en Colombia (ver figura 2) y que consiste en el sobrecosto de las adquisiciones del Estado (bienes y servicios) a causa de diversas razones (corrupción, mala planificación, entre otros).
2. Ineficiencia técnica por salarios
Existen también otras dos formas de ineficiencia técnica: por salarios y por transferencias focalizadas. Un ejemplo de la primera (ineficiencia técnica por salarios) sería, por ejemplo, el enorme salario que el Estado colombiano paga a cada congresista respecto a lo que efectivamente cada uno de ellos produce para el país –que en mi opinión es poco o nada–. Colombia es el segundo país de América Latina que más salario paga a sus legisladores, por detrás de Chile (Gaviria González, 2022). Este dato suscita varios cuestionamientos, sobre todo si tenemos en cuenta lo que he mencionado en los anteriores párrafos.
¿De verdad los congresistas colombianos merecen salarios tan altos?, ¿de verdad los necesitamos tanto (a los congresistas)? Yo creo que no, aunque algún fanático diría que no podríamos vivir sin ellos. Prefiero, en lugar de a unos “representantes”, a la cooperación y entendimiento entre nosotros (los civiles), aunque debo admitir que estamos lejos de lograr ese acuerdo.
3. Ineficiencia técnica por transferencias focalizadas
La ineficiencia técnica por transferencias focalizadas la podemos encontrar en programas sociales (como Ingreso Solidario), subsidios a las empresas y pensiones contributivas (Colpensiones). Este tipo de transferencias son muy susceptibles a la corrupción y al oportunismo de los beneficiarios.
Un ejemplo de lo anterior, que ha sonado bastante en las últimas semanas, es el de Francia Márquez y el Ingreso Solidario (programa social de transferencia monetaria). El supuesto fin del Ingreso Solidario es subsidiar a los pobres, sin embargo, Francia es beneficiaria del programa y, presuntamente, no es tan pobre:
“El registro de la candidata al Sisbén III se realizó en el año final del programa, cuando se empezó a desarrollar la actualización del Sisbén IV, al que ya no pertenece, para focalizar mejor la asistencia estatal durante la pandemia. Un año antes la candidata realizó la compra de dos bienes inmuebles en la ciudad de Cali por un valor en el documento de 75 millones de pesos, aunque en el mercado estos apartamentos en el mismo edificio tienen un valor de alrededor de 170 a 200 millones.”
(Ángel, 2022)
Lo más cuestionable de esto es que Francia Márquez no realizó su registro para recibir ayudas del Estado en Cali, sino en otra región del país.
¿Es poco lo que ella ha recibido como subsidio? Sí, pero la replicación de esta supuesta conducta oportunista y su automatización, empiezan a consolidar un Estado sin control, en el que el más cínico roba al más trabajador. ¿Cuáles incentivos se están promoviendo? Y es que ella no es la única aspirante a la vicepresidencia que puedo señalar; también tenemos a Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Federico “Fico” Gutiérrez, el cual ha aceptado que hizo su traslado a Colpensiones, un sistema que subsidia enormemente a las personas naturales de altos ingresos –como él–.
Esto no es corrupción necesariamente, pero provoca diversos cuestionamientos. Yo no puedo confiar en personas que abusan de la incapacidad operatoria del gobernante. No puedo. Y no me importa si son 100, 1.000 o 10 millones de pesos. El oportunismo es oportunismo, sin importar la cuantía o quién lo ejecute.
Hablar de gasto público en Colombia implica, sí o sí, corrupción e ineficiencia. Entre estas dos cosas, se roban y se malgastan anualmente, alrededor de 50 billones de pesos –y subiendo–. Realmente, no creo que la solución pase por intentar encontrar a esos políticos ideales que lucharán por nosotros y protegerán lo recaudado, sino en limitar lo que el Estado nos puede quitar, y para lograr lo anterior, quizás tengamos que tomar medidas un poco radicales, como rebelarnos y dejar de financiar a este Leviatán: el Estado colombiano.
Referencias
Ángel, S. (2022, 20 de abril). Francia Márquez y las preguntas sobre sus propiedades y el registro al Sisbén. Recuperado el 16 de mayo de 2022 de Principales noticias de Colombia y el mundo – Noticias – La FM: https://www.lafm.com.co/politica/las-preguntas-sobre-las-propiedades-de-la-candidata-francia-marquez-y-su-registro-al.
Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos. Recuperado el 16 de mayo de 2022 de: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mejor-gasto-para-mejores-vidas-Cómo-América-Latina-y-el-Caribe-puede-hacer-más-con-menos.pdf.
Betín, T. (2017, 25 de octubre). “Corruptos se roban $50 billones de los presupuestos”: Contralor. Recuperado el 16 de mayo de 2022 de Noticias: Barranquilla, la región Caribe, Colombia y el mundo – ELHERALDO.CO: https://www.elheraldo.co/colombia/corruptos-se-roban-50-billones-de-los-presupuestos-contralor-415623.
Contraloría General de la República. (2018). GRANDES HALLAZGOS. Así destapó la Contraloría General de la Republica los casos más sonoros de corrupción en Colombia. Del Cartel de la Hemofilia a los estrafalarios sobrecostos de Reficar pasando por el saqueo al Plan de Alimentación Escolar. Recuperado el 16 de mayo de 2022 de Salud por Colombia – Hackathon: https://saludporcolombia.unbosque.edu.co/documentos/librograndeshallazgoscgrcorrupcionensalud.pdf.
Gaviria González, N. (2022, 13 de marzo). Colombia, de los países con mayor brecha entre el salario de congresistas y el mínimo. Recuperado el 16 de mayo de 2022 de Noticias de Economía, Finanzas, Empresas y Negocios de Colombia y el Mundo | LaRepublica.co: https://www.larepublica.co/especiales/elecciones-congreso-y-consultas-2022/colombia-de-los-paises-con-mayor-brecha-entre-el-salario-de-congresistas-y-el-minimo-3321310.
Este artículo apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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