La implacable moral cristiana nos enseñó desde niños la dualidad moral de lo bueno y lo malo, derivado directamente de esto nos queda la redención o la culpa, esta última, mucho más frecuente en nuestra vida, nos atormenta tantísimas veces la conciencia y buscamos la forma de subsanarlo; no en vano la liturgia católica es rica en ritos y signos que invitan al arrepentimiento, lo es el tiempo de la cuaresma, lo es la confesión y más cercana es la oración del “Confiteor” o el “Yo pecador”.
Durante los últimos años la Iglesia Católica se ha visto sacudida por numerosos escándalos, como el famoso caso de los “Vatileaks”, filtración de documentos privados a la prensa italiana, los cuales expusieron un entramado de corrupción interna y mal manejo financiero al interior de la Santa Sede. Sin embargo, las denuncias de abuso sexual realizadas por cientos de personas que sufrieron estos hechos en su infancia por parte del clero cuando eran apenas niños son los que han causado el mayor impacto y repudio.
Es así como en el pasado mes de febrero el Papa Francisco convoco en Roma una cumbre con todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo para hablar sobre la protección de los menores en la Iglesia, esta reunión no se limitó a un dialogo técnico de la problemática, sino que contó con la participación activa de varias víctimas de abuso que ofrecieron su testimonio ante los altos prelados. En las conclusiones se reafirmó el mensaje que se ha enviado durante los últimos años, tolerancia cero frente a los casos de pederastia, se anunció la creación de un manual procedimental para enfrentar las denuncias y una comisión veedora, medidas que fueron consideradas ineficientes por agrupaciones de víctimas, pero que se enmarcan en un contexto particular, en el cual parece que, por fin, se comienzan a tomar medidas, la expulsión del sacerdocio del Cardenal estadounidense Theodor Mccarrick y la condena por parte de la justicia australiana al también Cardenal George Pell.
No obstante, es doloroso admitir que la pederastia es un fenómeno que traspasa los muros de la Iglesia. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Colombia durante el año 2018 se recibieron 21,515 denuncias por abuso sexual infantil, lo cual equivale a la recepción de 64 de estas diarias, es decir que cada 22 minutos se cometen agresiones a menores de edad. También resulta sorprendente que en la mayoría de los casos los victimarios pertenecen al círculo cercano de las víctimas, son personas con las cuales conviven a diario, lo cual quiere decir que nuestros niños no viven en un ambiente seguro.
En los últimos años se han liderado iniciativas por parte de colectivos ciudadanos que buscan robustecer el entramado jurídico, proponiendo que a los violadores se les aplique la cadena perpetua o la pena de muerte. Sin embargo en este sentido la legislación colombiana ya se ha pronunciado en la ley 599 de 2000, la ley 1146 de 2007 o la resolución 0459 de 2012, todas ellas buscan la defensa y protección de los niños víctimas de abuso, es por esto que se debería velar por una denuncia oportuna de los hechos y un cumplimiento de la norma.
El punto fundamental de la discusión debería enfocarse en un sincero “mea culpa” que involucre todo el tejido social, conduciéndonos a enfrentar de manera frontal aquellos aspectos, como la carente educación sexual de la población, la omisión y revictimización de los denunciantes y la imparable desintegración de los núcleos familiares, lo cual permite que los abusos se continúen dando. La indignación ha de traducirse en una verdadera metamorfosis que nos lleve a comprender que este es un drama con rostros particulares e historias concretas, los cuales nos compete a todos como sociedad acompañar.
