En España se está hablando mucho últimamente de la posibilidad de hacer una consulta respecto a la voluntad (o no) del pueblo catalán de independizarse, pero ¿qué es esto del pueblo catalán?
Si he de expresar mi opinión, no se me oirá decir que soy contrario al derecho a decidir o a la independencia de Cataluña; no obstante, sí es cierto que le veo varios inconvenientes a este proceso. No hablo tan sólo de inconvenientes institucionales, como pueden ser las restricciones a la convocatoria de referéndum sin la autorización del Gobierno Central o la “indisoluble unidad de la Nación española” proclamada por el artículo 2 de la Constitución Española. Hablo también de inconvenientes de cariz sociológico y politológicos.
En estos últimos meses el debate se plantea entre el ‘sí’ y el ‘no’ a la independencia, entre las posturas totalmente contrarias a la misma, los favorables, los indecisos y a quienes realmente no les interesa el tema (lo cual no significa que no les afecte).
Se argumenta el derecho de autodeterminación en base a la existencia de una pueblo: el de Cataluña. Es indiscutible la existencia de dicho pueblo y mucho menos lo es la del movimiento catalanista y nacionalista en Cataluña; no obstante, a efectos prácticos ¿cómo pretenden articular la consulta? Es decir ¿quién votará?
Si nos enfrentaramos a una consulta en el ámbito local, no dudaríamos de que la misma se centraría a los miembros del censo de la localidad porque no se aplicaría un enfoque nacionalista o de pertenencia, sino administrativo, si lo hacemos a nivel estatal, indudablemente votará, tendrá voz todo aquel que tenga la nacionalidad española pero ¿quién vota por la autodeterminación de la nación o pueblo catalán?
Al margen de cómo lo articulen, ya sea basado en el censo de los territorios pertenecientes a la Comunidad Autónoma, a la posesión de bienes inmuebles, pruebas de idiomas o algunas de las mil más o menos curiosas e imaginativas formas posibles de configurar dicho censo, ¿cuál asegurará el reflejo de la voz de la nación catalana?
Por muy tonta que parezca la respuesta, por poco realizable que parezca, si realmente lo que se busca es plasmar las aspiraciones nacionalistas legítimas y teniendo en cuenta que el catalanismo se ha articulado en base a la cultura y tradición catalana, deberían ser los mínimamente conocedores de la misma los habilitados para decidir sobre ella. Quién sabe si esto debería articularse a través de una “prueba de cultura catalana” (que no suene extraño pues en Inglaterra se lleva a cabo) pero lo que sí sabemos es que no parece ni sencillo ni barato.
Si, por el contrario, la excusa nacionalista es una forma de evitar el “café para todos” y la redistribución dentro de los límites del territorio español o (lo que es más probable) chantajear al Gobierno Central para obtener mejor financiación, no hace falta calentarse la cabeza: tiremos de censo.
Teniendo en cuenta que este debate que aquí esbozo no parece estar al orden del día, me inclinaré por la segunda opción.
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