“el motivo de la tragedia venezolana no es tanto ideológico sino más bien institucional. Un país con instituciones fuertes tiene más posibilidades de soportar al peor de los populistas y a la peor de las ideologías”
Lo que está pasando en Venezuela es una tragedia. Mucha culpa de esa tragedia se explica en el fallido intento de poner en marcha una ideología que la historia no ha hecho más que confirmar que es una ideología empobrecedora. El populismo de sus últimos dos dirigentes también tiene motivos para presentarse como la razón de la caída del país.
Pero creo que el motivo de la tragedia venezolana no es tanto ideológico sino más bien institucional. Un país con instituciones fuertes tiene más posibilidades de soportar al peor de los populistas y a la peor de las ideologías. En Colombia, aunque a veces no lo parezca, hemos hecho esfuerzos históricos por intentar vivir en democracia. La Constitución de 1991 es una bandera pluralista e incluyente, que debemos defender a toda costa como ciudadanos. Porque es nuestra mejor herramienta contra los populistas, contra los déspotas y contra las ideas empobrecedoras.
No deja de ser un texto imperfecto que merece constantes ajustes y hay uno en particular del cual lleva años en mora nuestro Estado y que casi nunca ocupa los titulares de la prensa: un nuevo código electoral.
Por estos meses que han estado tan de moda las reformas exprés (reforma pensional no debatida y la propuesta de hacer reformas constitucionales mediante “fast track”), el Estado colombiano, aunque sea con su habitual pereza, debe ser capaz de resistirse a las tentaciones del absolutismo (y de la mermelada). La democracia y su consecuente institucionalidad es una forma de organización social compleja, difícil y que nunca está exenta de fallas. Pero precisamente es su complejidad lo que nos permite evitarnos desastres como los de los últimos años en Venezuela. Es urgente una reforma electoral, pero espero que la tramiten de acuerdo con lo estipulado en la ley. Sin jugaditas de esas que se están volviendo costumbre.
Los observadores electorales de todo el mundo – los mismos que no dejaron entrar a Venezuela para hacer veeduría en las pasadas elecciones – llevan años advirtiendo sobre la dispersión que existe en las normas electorales en Colombia. Y es que, recordemos, nuestro “código electoral” actual es de 1986, es decir, previo a la Constitución de 1991, por lo que dicha norma no está articulada con la carta magna y además muchos de sus artículos, como era de esperarse, ya han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Por no hablar del sin fin de leyes, decretos y pronunciamientos jurisprudenciales donde están dispersas diferentes normas electorales.
Las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea repitieron en 2018 y en 2022, que hay dos cuestiones que Colombia debe cambiar urgentemente si quiere mejorar sus mecanismos de participación: la primera, es la unificación de sus normas electorales en un mismo código, de manera que sea mucho más sencilla su interpretación y su aplicación. En segundo lugar, la reforma del Consejo Nacional Electoral, entidad que lleva años siendo cuestionada por su falta de independencia, además de que constantemente es aquejada por su falta de presupuesto, tecnicismo y despliegue en todas las regiones del país.
¿Por qué hablo de la urgencia de la reforma electoral al mismo tiempo que de la importancia de defender la democracia y la institucionalidad? Simple: las normas electorales ambiguas y de difícil aplicación son el primer paso para alejarnos de procesos electorales libres y justos. Los procesos electorales injustos terminan conllevando a un marco institucional maleable, lo que luego da lugar al – tan anhelado por muchos payasos populistas – régimen absolutista.
¿Colombia quiere corregir el rumbo y posicionarse como un referente regional? Debe empezar por fortalecer su institucionalidad y su democracia. La reforma electoral es tan urgente como las reformas de la seguridad social que se han propuesto en los últimos años. Urge un nuevo código electoral y una reforma integral para fortalecer a las autoridades que promueven y vigilan nuestras elecciones.
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