Por estos días, en el recinto sombrío del Congreso agoniza una reforma crucial para la financiación de la universidad pública, se trata de un proyecto de reforma “pequeñito” porque solo modifica dos artículos de la Ley 30 de 1992 -aquellos famosos artículos 86 y 87-, pero de enorme trascendencia porque son los que definen la anacrónica fórmula de asignación de los recursos ordinarios que la Nación le gira a las 32 universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal.
Y dicha reforma no es un capricho, ni en lo más mínimo, es una necesidad urgente y una deuda histórica que tiene el Congreso con la educación superior pública, ya que con su aprobación se empezaría a subsanar un desfinanciamiento creciente y estructural que tiene a varias universidades al borde del precipicio, especialmente a la Universidad de Antioquia.
El 3 de septiembre de 2024 el ministro de Educación, Daniel Rojas, radicó en el Senado un proyecto de ley con el objetivo de impulsar un “Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública”. No es la gran reforma a la Ley 30 que el entonces candidato Gustavo Petro prometió en la campaña de 2022 -no toca asuntos de democracia o de representatividad en instancias decisorias-, pero si busca atender lo concreto: la financiación del Sistema Universitario Estatal.
La radicación de esa iniciativa legislativa se recibió con optimismo y una particular dosis de esperanza; total, en medio de una agenda legislativa bloqueada y con reformas hundidas debido a la falta de consenso, el Gobierno logró, en una movida magistral e inédita, que la reforma aterrizara en la Comisión Sexta del Senado con la coautoría de 17 senadores y 43 representantes. Sesenta congresistas de diez partidos y tres circunscripciones especiales -afro, indígena y víctimas-; sumando congresistas de partidos independientes como el Conservador, Dignidad y el Nuevo Liberalismo.
Sin desestimar a Katherine Miranda y Catherine Juvinao, dos representantes a la Cámara del Partido Verde que, aunque su partido sea de Gobierno, en la práctica actúan como opositoras.
No me cabe la menor duda de que fue la reforma del Gobierno Petro que llegó al Congreso con el mayor respaldo multipartidista posible.
Sin embargo, el optimismo y la esperanza rápidamente se convirtieron en un escenario de frustración y desengaño; primero, porque el Gobierno no integró en la radicación el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, es decir, a la fecha no sabemos cuál será el impacto que tendría la reforma en las finanzas del Estado y eso es algo que le resta solidez técnica al debate; y segundo, porque conforme fueron pasando las semanas y los meses el proyecto nada que se agendaba para iniciar su discusión. De la euforia inicial se pasó al silencio incómodo y luego a los señalamientos cruzados.
Recién el pasado 19 de febrero se aprobó el primer debate en la Comisión Sexta del Senado. Fue una “victoria” por unanimidad como a bien lo señaló un eufórico ministro Rojas; pues sí, eso no lo desestimo, pero en todo caso fue una victoria tardía y que llega en un momento difícil donde el interés de la plenaria del Senado -con la mirada puesta en la discusión de la consulta popular- vira hacia otros asuntos.
Y si entramos a considerar que al proyecto todavía le restan tres debates; que el Ministerio de Hacienda nada que presenta el aval fiscal; que ese tipo de reformas siempre implican un montón de audiencias y foros que dilatan su discusión; que el Gobierno cada vez tiene menos gobernabilidad, pues la reforma, la única de su tipo actualmente en trámite, se encuentra agonizando. Es cuestión de tiempo para que caiga al cementerio en el cual ya han caído varias reformas importantes.
Algo a todas luces muy preocupante, dado que el proyecto de ley de entrada se diseñó como un salvavidas para las finanzas de la educación superior pública, y es mucho más preocupante, y me permito ser excesivamente pesimista, si termina el Gobierno del “cambio” y la Ley que desde hace tres décadas tiene al Sistema Universitario Estatal condenado a un desfinanciamiento estructural sigue en las mismas. Y ya sabemos que a la derecha poco o nada le ha interesado modificar esa jodida Ley 30.
De ahí que en un reciente comunicado el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia haya concluido:
“(…) insistimos en este llamado al Congreso de la República para que dé trámite prioritario a esta iniciativa legislativa, con la expectativa de que su materialización aporte significativamente en la resolución del desfinanciamiento estructural y garantice la continuidad en la prestación del servicio de educación superior pública de calidad, clave para el desarrollo científico y social de nuestro país”.
Repito: “y garantice la continuidad en la prestación del servicio de educación superior pública”. Esa es la afirmación clave.
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