¿Y de qué delincuentes políticos estamos hablando?

No existe un procedimiento que nos permita determinar con un nivel exacto de precisión qué tan político o qué tan criminal es un actor armado ilegal. Sí su sustancia se compone de un porcentaje X de cimiente político o Y de degradación criminal. Pero lo que sí tenemos en el actual escenario del conflicto son actores que reivindican el sustrato político como: reguladores de un orden social en calidad de un estado de facto; movimientos guerrilleros que hace rato abandonaron el objetivo de “tomarse el cielo por asalto”, mas no su naturaleza política; estructuras disidentes o reincidentes amorfas y tan ajustadas a la tragedia de las guerras recicladas.

Curiosamente, la estrategia de la Paz Total en su variable negociadora tuvo como resultado práctico la repolitización de las agendas de estos actores armados.

Ya no solo es el ELN el que reclama por su naturaleza política, también las disidencias o reincidencias de las Farc-EP reafirman su alzamiento en la continuidad de una sigla o un ethos extinto a finales de 2016; el Clan del Golfo hace énfasis en un supuesto gaitanismo con el que busca posicionar una motivación política sin trayectoria en la gesta del caudillo; y hasta los cabecillas del proceso de la paz urbana en el Valle de Aburrá, quienes insisten en la capacidad de regulación de las organizaciones criminales para esgrimir una tesis si acaso protopolítica.

En fin, con la Paz Total se repolitizó el escenario, sin saber, para efectos de fijar criterios de verificación o claridad, dónde empieza la vena política o dónde empieza la degradación criminal (¿acaso, son trayectorias cruzadas?), algo que considero fundamental para responder a la pregunta que, sin ánimos de encontrar respuesta, encabeza la presente columna: ¿Y de qué delincuentes políticos estamos hablando?

Porque en un conflicto armado tan dilatado, desnacionalizado -así en el ELN piensen lo contrario- y reconfigurado en su dimensión territorial, la categoría jurídico-social del delito político se ha vaciado infinidad de veces. Es claro que a este punto de los acontecimientos no es asimilable el delincuente político de finales de los ochenta o principios de los noventa con el actual delincuente político. Con el proceso de tránsito a la legalidad de las Farc-EP se percibió en tiempo real no solo la erosión misma de la categoría, sino su vaciamiento de aquel clásico altruismo rebelde.

En las últimas décadas la sociedad avanzó a un ritmo constante en relación a la comprensión de los actores del conflicto mientras que la categoría del delito político permaneció estática, tan inamovible como inalterable, refugiada, para efectos de una  “actualización” necesaria, en los famosos criterios de conexidad (aquello de que el narcotráfico es un delito conexo a la rebelión se convirtió casi que en un mantra). Algo que sumado a la degradación del conflicto y a la ampliación del portafolio de las economías criminales, redujo sustancialmente el respaldo y validación social de los delincuentes políticos que persistieron tras el proceso constituyente.

Para el colombiano de a pie -ese motivo sociológico tan indispensable para los políticos- no existe per se un delincuente político, solo existe el delincuente a secas, sin apellidos benévolos.

Ese revestimiento en un discurso político se considera o, como una táctica para buscar réditos o, como una estrategia para mejorar su posición ante el Gobierno. Es un vaciamiento político-ideológico que, sin duda, le resta proyección a la oferta societal de cualquier acuerdo de paz. Para la muestra: el partido Comunes que nació del acuerdo con las Farc-EP es un actor partidista electoralmente marginal, que, si no contara con curules fijas en el Congreso de la República en un periodo de ocho años, hubiese desaparecido del sistema de partidos al día siguiente de su debut.

Los tiempos han cambiado, y no fue por la caída del muro de Berlín a finales de los años ochenta, esa historia ya está harto añeja, es porque nuestra sociedad -mayoritariamente- ya no legitima ese cóctel delirante que mezcla armas con política.

Dos hechos de reciente excepción así lo confirman: 1). La negociación con las Farc-EP que convirtió a la guerrilla más poderosa del hemisferio occidental en un partido minúsculo sin capacidad electoral; y 2). La llegada a la presidencia de Gustavo Petro, un exguerrillero que hace décadas abrazó tanto las formas de la institucionalidad como las restricciones propias de la democracia liberal. El entorno que valida ese cóctel y de paso le otorga legitimidad al delincuente político es casi inexistente en nuestra sociedad.

La discusión está abierta, y ciertamente, hay que darla, porque la realidad es tozuda y no se puede pasar por alto que a lo largo y ancho del país hay un montón de grupos armados que se reivindican desde un sustrato político. Ya sea como parte de una trayectoria histórica -en el caso del ELN- o como una vulgar instrumentalización de figuras históricas -en el caso del Ejército Gaitanista de Colombia-, pero ahí está el discurso: no solo habita en los márgenes, algo pretende remover.

Y cuál es el punto: o debemos verter un nuevo sentido a la categoría jurídico-social del delito político -desechando de tajo su definición clásica-, o debemos hablar de nuevas trayectorias de politización en medio del conflicto. A falta de un procedimiento que nos permita determinar con un nivel exacto de precisión qué tan político o qué tan criminal es un actor armado ilegal, lo único que nos queda-en el plano de lo ideal- es la capacidad de no darle la espalda a esa discusión.

Porque está columna, ni por poquito -y lo digo sin atisbo de ingenuidad- pretende responder a esa pregunta de origen. Ni más faltaba.

*En la Plataforma de seguimiento al proceso de diálogo entre el gobierno y el ELN -Isegoría- se puede encontrar una amplia serie de análisis, columnas, boletines, documentos académicos, y reportajes periodísticos relacionados con este proceso y la política de paz total. Toda esta información se puede consultar en el sitio https://isegoria.udea.edu.co/