Diversas informaciones y artículos de prensa han prendido las alarmas en el sector educativo en Colombia, en lo que va corrido del año 2022, sobre las violencias sexuales que han tenido lugar en escuelas o colegios, espacios que se esperaría fueran de entornos protectores. Allí, los estudiantes han tomado valor para denunciar diferentes situaciones ocurridas, como el caso en que un profesor abusó sexualmente de tres menores entre 10 y 13 años o donde otro fue separado de su cargo por acosar sexualmente a varias estudiantes en un colegio femenino. Lo anterior, sabemos que es apenas un atisbo de la problemática que atraviesa la realidad educativa y que en algunos casos no se reduce al abuso o acoso sexual, pues, según las denuncias realizadas, la complicidad, el mal manejo de la información y la nula atención de docentes o directivos son recurrentes.
Frente a estos hechos, las reacciones de padres, madres y comunidad en general no se han hecho esperar: han realizado marchas, divulgado información en redes sociales, han generado protestas dentro de las instituciones, denuncias y demandas legales. Ahora, sobre esta realidad se han dado variadas opiniones, posturas y acciones. Pero, más allá del show mediático que a veces se genera, sobre todo a partir de temas tan álgidos como el abuso sexual, se ha pretendido ir más allá al poner atención en los programas implementados o a implementarse en los colegios para prevenir este tipo de acciones. Siendo relevante, a su vez, que los programas propicien en los estudiantes la identificación de riesgos de abusos, la importancia de informar y de activar las rutas de atención pertinentes.
En relación con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional -MEN- en un comunicado publicado el pasado 23 de marzo en su página oficial, recordó los recursos, proyectos, programas, leyes y estrategias que se han creado respecto al tema de las violencias sexuales en el sector educativo. Algunos de ellos son: el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), implementado desde el año 2008 para garantizar la educación en la sexualidad y prevención de violencias basadas en género. Asimismo, la Ley 1620 de 2013: Ley de Convivencia Escolar para la convivencia, la ciudadanía y los derechos sociales y reproductivos, la cual debe ser incluida en todos los programas y proyectos de las instituciones. También se nombra el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), el cual busca identificar, registrar y seguir casos de acoso, embarazo adolescente, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Lina Arbeláez, en una entrevista otorgada al programa ELTIEMPO en vivo, el 18 de marzo de 2022, mencionó el acompañamiento que hace la entidad a los casos en los que hay vulneración de la integridad física, psicológica o sexual de los niños, niñas y adolescentes del país, con el objetivo de restablecer sus derechos. En la misma alocución, reiteró la responsabilidad de activar la ruta que tienen los padres, docentes, directivos docentes o cualquier adulto que identifique algún caso de vulneración a un menor.
Hechas estas anotaciones se pueden evidenciar tres asuntos: primero, los casos señalados son apenas una muestra de otros muchos que han existido, existen y posiblemente existirán en la realidad educativa. Segundo, los recursos disponibles no están siendo suficientes a la hora de enfrentar la problemática identificada. Tercero, en ninguna de estas comunicaciones e informes revisados hay una problematización hacia la formación moral de los maestros y maestras del país. Esto último es lo más relevante a considerar en lo que sigue.
Como se ha dejado ver, la pregunta por la formación moral de los maestros y maestras no se pone sobre la mesa para ser discutido. Realizar una mirada desde este aspecto en la formación, es importante y más aún, aquí, donde el problema que se expone es de orden moral. Indicando que este no debe ser entendido en un sentido religioso, como se reconoce comúnmente, sino un problema moral en términos kantianos, que hace referencia al proceso de autonomía en el que se busca que los sujetos actúen según el bien, a partir del desarrollo de una voluntad libre. Adentrándonos en el concepto, debemos tener presente que la moral es un proceso constante de toda la especie humana, que no busca beneficios individuales sino el bien común o universal. Constituye una de las dimensiones fundamentales del ser humano, un distintivo de la humanidad, que permite advertir que un sujeto posee un uso pleno y adecuado de su capacidad racional. Asimismo, es importante tener claro que la moralización es un proceso que se inicia a través de la educación. Así, en la introducción de su obra Pedagogía, Kant describe que la educación como arte lleva a que la especie se perfeccione y logra que el hombre llegue a ser hombre. Es decir, a través de la educación el hombre desarrolla todas las dimensiones que lo componen y logra con ello superar la arbitrariedad con la que viene por naturaleza.
Ahora, el enfocar los procesos educativos en el desarrollo de la formación moral es reconocer el bien común antes del beneficio individual, no es apostar por una imposición de leyes, sino por una consciencia moral. Igualmente, permite que se vea al otro como un auténtico otro, es decir, un fin en sí mismo. Con esto, no habría espacio para vulnerar, violentar o abusar de un ser humano. Como vamos observando, una comprensión atenta de la moral está traspasada por un desenvolvimiento de la humanidad, su uso de la razón, el reconocimiento del otro y con todo ello de un autogobierno, es decir, darse leyes a sí mismo que implica responsabilizarse de los propios actos.
Teniendo en cuenta lo dicho, es dado preguntar: ¿los maestros y las maestras poseen un desarrollo pleno de su dimensión moral? ¿Hay una apuesta por parte de las instituciones formadoras de maestros en el sentido de esta dimensión? Y si las respuestas anteriores son negativas: ¿Cómo esto repercute en el desarrollo de la moral y la autonomía de los estudiantes, o sea, el desenvolvimiento de la humanidad que se da por medio de la educación? Con lo señalado, el llamado hacia una formación moral es una necesidad evidente, pues, es la que permite sociedades éticas, justas y seguras. En otras palabras, pensar en una formación en las instituciones educativas, sin tener en consideración una formación moral de sus actores, como maestros y estudiantes, lleva a una falta de apuesta por eso que nos hace humanos: el autogobierno y el ser responsables con el otro.
A modo de conclusión, dar el valor que se merece a la formación moral de los maestros y los estudiantes, podría tener como aliciente una disminución de actos violentos, como lo son las violencias sexuales, en donde el otro se pierde como fin en sí mismo y se le reduce a un objeto de placer o en donde se aprovecha cualquier vulnerabilidad y el poder que se detenta. Por último, Kant mismo advierte que un sujeto que no se autogobierna o no esté en el camino de la moralización, no es un sujeto digno o en condiciones de educar a otros. Entendiéndose con esto la gran responsabilidad histórica, social y ética que tienen los maestros y las maestras, pero que muchas veces no se reconoce como determinante en la consolidación de escuelas seguras para todos y todas.
Bibliografía de apoyo
Kant, I. (2013). Pedagogía (1803). M. Fernández (ed.). L. Luzuriaga & J. L. Pascual (trads.). Madrid: Akal.
Recursos virtuales
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/abuso-y-acoso-sexual-en-colegios-panorama-en-colombia-659266
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