Víctimas: más recursos sí, pero no así

El activo más poderoso que tiene Colombia para su futuro es su institucionalidad. Esa misma que se refleja en el respeto a las decisiones constitucionales, la independencia de las ramas de poder público o, en lo económico, la manera como se construye el marco fiscal de mediano plazo, la autonomía del Banco central o el rol de nuevos espacios como el Comité Autónomo de Regla Fiscal. Esta institucionalidad ha garantizado que Colombia tenga la democracia más antigua y sólida en América Latina, así como el reconocimiento del mundo económico por su macroprudencia.

En paralelo, y también para preservar esa institucionalidad, es muy importante que el Estado cumpla con sus obligaciones y acuerdos. Me refiero hoy al Acuerdo de Paz. Respecto de este siempre existió la gran duda, porque si bien se firmó un acuerdo ambicioso, la disposición en la consecución de recursos en la firma del acuerdo parecía más una “fantasía presupuestal”, con el agravante de la llegada de una pandemia en la mitad del camino. No obstante, y luego de enormes esfuerzos, más de 30 billones de pesos se dispusieron en inversiones en el período 2018-2021 para este propósito, y a la fecha las cuentas de la paz hablan de una ejecución entre gasto e inversión del 40%. Pero efectivamente esto no termina allí.

Por ello, es de buen recibo abrir el debate a encontrarle fuentes de financiación adicionales a estos propósitos de Estado, pero por muy loables que ellos sean, lo que no debe hacerse es poner en riesgo la institucionalidad, que como dije ha sido el almendrón de la construcción democrática en Colombia.

A la propuesta que circula hoy, si bien constitucionalmente se permite el crédito del Banco Central al Gobierno Nacional por la vía de emisión de bonos, esto requeriría según el artículo 373 de la Constitución, la decisión unánime de la Junta del Banco. Pero más allá de la posibilidad, que nunca se ha usado (ni siquiera ante la peor crisis económica de nuestra historia como fue la pandemia), lo que se debe considerar es su inconveniencia manifiesta. Ese crédito al gobierno no es nada más ni nada menos que una emisión pura y burda. Emitir de esta manera genera pérdida de la autonomía del banco central, destruye la credibilidad de este y de su política monetaria, arrodilla la política monetaria a la política fiscal, aumenta el riesgo país y con ello los costos de financiación, le inyecta una nueva mecha a la inflación y de paso viola la regla fiscal. Mejor dicho echa por tierra nuestra institucionalidad económica.

Si se aprobaron más de 20 billones anuales adicionales en la última reforma y esta es una prioridad, no será mejor destinar un 10 o 15% adicional a este propósito en lugar de crear más subsidios. No es posible un esfuerzo especial de lucha contra la evasión que financie otro tanto o eventualmente contemplar fuentes alternas en el frente administrativo como lo propone el propio Acuerdo de Paz para acceso a tierras.

En síntesis, todos los caminos para cumplir nuestras obligaciones son siempre bienvenidos, pero no rutas peligrosas en las que esa institucionalidad se pone en entredicho.