Hay algo fascinante en observar a aquellos que, por alguna razón, sienten que sus responsabilidades no solo deben cumplirse desde su escritorio, sino que el camino hacia la justicia también pasa por los aeropuertos. Si hablamos de los viajes del fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, parece que la justicia internacional tiene muchas más escalas de las que cabría esperar.
Durante su gestión al frente de la Fiscalía General de la Nación (2020-2024), Barbosa no solo dejó su huella en los casos que manejó, sino también en los vuelos que tomó. Según un derecho de petición realizado para obtener información sobre sus viajes, el fiscal realizó 49 desplazamientos internacionales y 190 nacionales, lo que sumó un total de 447 días fuera de su puesto. Este número equivale a que, durante más del 30% de su mandato, estuvo de viaje, mientras los colombianos siguen esperando respuestas en casos cruciales como la violencia contra periodistas, la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
El balance es difícil de ignorar: mientras muchos colombianos enfrentan interminables trámites burocráticos, el fiscal parecía ser un turista frecuente, haciendo malabares entre su agenda de justicia y su gusto por los viajes. Claro, no todos los desplazamientos fueron igual de urgentes. Mientras que un viaje a Puerto Asís lo hacía de ida y vuelta en el mismo día, destinos como París o Madrid le permitían hacer reuniones más relajadas y paseos. Tal vez es momento de preguntarnos si la justicia también se mide en kilómetros recorridos.
Uno de los viajes más polémicos fue el de julio de 2020, cuando, en pleno auge de la pandemia, Barbosa voló a San Andrés en un jet oficial acompañado de su hija y otras personas cercanas, como la entonces directora ejecutiva de la Fiscalía y su esposo, el contralor de la época, Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba. En la isla, que estaba cerrada por la cuarentena, pasaron el fin de semana haciendo turismo. Cuando el tema fue expuesto públicamente, Barbosa se defendió diciendo: «además de ser fiscal, soy padre». Aunque la defensa de pasar tiempo con la familia puede ser entendible, no lo es tanto en el contexto de un funcionario público que debería dar ejemplo en tiempos de crisis y restricciones sanitarias.
Es curioso cómo la urgencia de la justicia parece haberse confundido con el deseo de viajar y participar en eventos internacionales. Tal vez el fiscal pensó que sus desplazamientos eran una inversión directa en la lucha por la justicia en Colombia. Sin embargo, cuando los días de trabajo se diluyen entre vuelos y apariciones externas, se pierde la conexión con los problemas más inmediatos y urgentes, como la impunidad que sigue carcomiendo la confianza en las instituciones del país.
Al final, la pregunta que persiste es si estos viajes representan avances reales en la justicia para los colombianos o si, por el contrario, fueron solo una oportunidad para que el fiscal disfrutará de una travesía que, al parecer, sólo él comprendió en su verdadero alcance.
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