Antioquia se ha destacado históricamente en Colombia por ser una región pujante, una región que ha avanzado en el desarrollo desde nuestros abuelos arrieros que expandieron buena parte de su proyección económica y cultural hacia el territorio nacional y lograron por su empuje empresarial avanzar en un proceso de industrialización muy exitoso a comienzos y mediados del siglo xx. Se ha reconocido históricamente al antioqueño por su ética del trabajo, frugalidad y búsqueda de acumulación de capital. El empresariado antioqueño se destacó por su proyección igualmente hacia lo social y las obras públicas como garantía de desarrollo de la región.
Sin embargo, también es importante reconocer que Antioquia ha sido uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado en el país, concentrando 1.567.022 víctimas, lo que equivale al 17 % del total nacional registrado por la Unidad de Víctimas. Los grupos armados en sus diversas expresiones hicieron presencia en la región dejando una estela de sangre y desplazamiento de poblaciones de sus entornos rurales y urbanos. Paramilitares, guerrillas en sus variadas tendencias y grupos de narcotraficantes generaron un conflicto cuyas cifras no dejan de ser escalofriantes y dejan algunos territorios que en el pasado presenciaron la dinámica voraz y despojante del fenómeno de la violencia armada. Regiones como Urabá, el Oriente antioqueño, el Bajo Cauca, y en el caso de Medellín, el conflicto en la Comuna 13 y la Operación Orión allí escenificada que sembró muerte, desapariciones y desplazamientos. Esto para solo mencionar algunos territorios que atravesaron el ciclo inmisericorde del conflicto violento.
En el marco del proceso de justicia, verdad y reparación y sobre todo todos los hallazgos que hizo la JEP y la Comisión de la Verdad dejan a Antioquia en un escenario poco favorable. En efecto, según los informes consolidados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés), de las 450.664 víctimas de homicidio registradas entre 1985 y 2018, Antioquia concentra 125.980, es decir, el 28 %, siendo el departamento más afectado por este delito. De igual forma, en materia de desaparición forzada, de las 121.768 víctimas registradas, Antioquia aporta 28.029 casos, equivalentes al 23 %, posicionándose nuevamente como el territorio más afectado. En cuanto al secuestro, de las 50.770 víctimas contabilizadas entre 1990 y 2018, 9.308 corresponden a Antioquia, es decir, el 20 % del total nacional. Respecto al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, Antioquia registra 2.346 víctimas, lo que representa el 14 % de los 16.238 casos documentados. En cuanto al desplazamiento forzado, Antioquia registra aproximadamente 1.480.596 víctimas, equivalentes al 19 % del total nacional, lo que evidencia la magnitud del desarraigo sufrido por su población.
Lo paradójico es que uno de los mandatos de la Comisión de la Verdad es que la verdad se conozca para que haya justicia y reparación y tiene que ser una verdad asumida por el aparato institucional, es decir, por las instituciones que han tenido territorialmente y jurídicamente que ver con las grandes masacres, desapariciones y genocidios que piden reparación institucional y exigencia de no repetición. Estamos hablando de reparación material y simbólica y que de paso la verdad sea una forma de sanar las heridas, de reconocer lo atroz y lo complejo de la guerra, que en el caso de Antioquia como vimos en los datos anteriores, es la región donde el paramilitarismo tuvo presencia importante, donde los genocidios, desplazamientos y desapariciones estuvieron a la orden del día. Pero es quizá en Antioquia donde menos se ha reconocido la verdad del conflicto y en al cual un cierto negacionismo a lo ocurrido parece ser la norma entre las élites dominantes, evadiendo la responsabilidad histórica en la determinación de muchas de estas muertes y en el agenciamiento de una guerra de exterminio sobre el que piensa distinto.
Y esto pasa por pedir perdón en todas las instituciones, de ello no están exentas las instituciones educativas, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, no ha generado procesos de perdón institucional por la muerte de estudiantes, profesores, administrativos en toda su historia. Esa reconstrucción de la historia posibilita la no repetición y demanda reparación simbólica y reconocimiento de las omisiones institucionales en la historia de un conflicto que atravesó a la universidad. Para las nuevas generaciones es de vital interés conocer y recibir explicaciones sobre aquello que de la violencia del conflicto armado ensombreció el quehacer de la vida institucional en la perspectiva de propiciar espacios de civilidad, construcción de paz y de ciudadanía democrática.
De nuevo, no es el negacionismo y el borrar el rastro del conflicto armado el que nos permite reconciliarnos con el pasado. El olvido y la negación son solo mecanismos ideológicos y defensivos para no asumir responsabilidades y desde allí propiciar espacios de construcción de paz y civilidad. Los diversos estudios de la JEP, de la Comisión de la Verdad, de los académicos y estudiosos del conflicto armado en Antioquia han dado buena cuenta de cómo la violencia armada, el desplazamiento, el despojamiento de tierras han signado el devenir de un pueblo que como el antioqueño ha sido resiliente y ha resistido jornadas de aniquilación. Pero es una historia que nadie quiere repetir y que debe ser conocida y reconocida para desde la petición de perdón por los actores institucionales y no institucionales enderezar el camino de la región. La verdad, la justicia, la no repetición, no deben tener color político, es una responsabilidad, de las instituciones que están en el poder, para que las futuras generaciones, no solo conozcan lo que pasó, sino que buscan hacer de paz en una realidad, de esta forma, no caer en la trampa electoral, en la que pretende ponerla a la sociedad antioqueña.
Comentar