“Una nación libre —aquella que reconoce, respeta y protege los derechos individuales de sus ciudadanos— tiene derecho a su integridad territorial, a su sistema social y a su forma de gobierno. El gobierno de una nación así no es el amo, sino el siervo o agente de sus ciudadanos, y no posee más derechos que aquellos que le han sido delegados para una tarea específica y delimitada: protegerlos de la violencia física, en virtud del derecho de los ciudadanos a la autodefensa”.
— Ayn Rand.
Estamos en la primera quincena de enero de 2026. El aire en Caracas, aunque viciado por años de miseria planificada, vibra con una tensión eléctrica. No es la tensión de la derrota; es la tensión de la inminencia. Han pasado dieciocho (18) meses desde aquella jornada histórica del 28 de julio de 2024, cuando la sociedad venezolana, en un acto de civismo heroico, dejó constancia inequívoca de la ilegitimidad del régimen chavista en las urnas.
Aquel día, la soberanía popular habló con una claridad ensordecedora. No fue solo una elección: fue un referéndum sobre la libertad. Sin embargo, lo que hemos vivido desde entonces es la demostración empírica de una verdad que los liberales conocemos bien: los tiranos no ceden el poder por vergüenza; solo lo hacen ante la fuerza de la realidad y la ley. Hoy, con María Corina Machado manteniéndose firme como la líder indiscutible de una oposición que ya no es disidencia, sino mayoría aplastante, Venezuela se encuentra en una encrucijada definitiva.
El error fundamental de la comunidad internacional durante la última década fue tratar al chavismo como un actor político convencional. Hoy, en 2026, esa ingenuidad ha muerto. Venezuela no enfrenta una crisis de polarización ideológica: enfrenta el secuestro de sus instituciones por parte de un conglomerado criminal transnacional.
No estamos ante un gobierno de izquierda fallido: estamos ante un narcoestado consolidado que ha cedido soberanía territorial a grupos terroristas como el ELN y disidencias de las FARC, e incluso a operadores de Hezbolá; esto demuestra que Venezuela es hoy un país tomado y penetrado por intereses de Irán, Rusia y China. Figuras como Delcy Rodríguez no son “vicepresidentas” en el sentido institucional del término: son operadoras de una maquinaria de saqueo y represión que ha convertido al país en una base de operaciones para el crimen organizado global.
La existencia de cientos de presos políticos, que languidecen en las mazmorras de El Helicoide y otros centros de tortura, no es un “exceso” del sistema: es su naturaleza. Cada preso es un recordatorio de que en Venezuela no hay Estado de derecho, sino fuerza bruta. Para los liberales clásicos y los libertarios, la función primaria del Estado es proteger la vida y la propiedad; el régimen de Maduro hace exactamente lo contrario: las depreda. Por tanto, ha perdido cualquier derecho a reclamar soberanía. La soberanía pertenece al pueblo que votó el 28 de julio, no a sus carceleros.
El escenario geopolítico ha cambiado drásticamente. Con el retorno de Donald Trump y la designación de figuras clave como Marco Rubio en la arquitectura de la política exterior estadounidense, el paradigma de la “paciencia estratégica” ha sido enterrado. Rubio, profundo conocedor de la naturaleza del castrismo y del chavismo, entiende que no se puede negociar con secuestradores mientras mantienen el arma en la cabeza de los rehenes.
Aquí entra una palabra que muchos temen, pero que es necesario desmitificar: intervención.
No hablo de invasiones territoriales al estilo del siglo XX, generalmente costosas y contraproducentes. No. Hablo de una intervención inteligente, quirúrgica y multifacética. Desde mi perspectiva, cuando un Estado se convierte en una amenaza para sus propios ciudadanos —violando el concepto de “contrato social” formulado por Locke— y para la seguridad de sus vecinos —exportando criminalidad y desestabilización—, la comunidad internacional no solo tiene el derecho, sino el deber moral de intervenir.
Los planes que se perfilan desde Washington no buscan “poner a un presidente”: buscan hacer valer la voluntad expresada por los venezolanos. Se trata de asfixiar las fuentes de financiamiento ilícito, desplegar operaciones cibernéticas que desmantelen la capacidad de control del régimen y brindar un apoyo logístico y estratégico decidido a las fuerzas democráticas legítimas. Es la aplicación de la fuerza del derecho internacional sobre la fuerza bruta de la tiranía.
En el centro de este huracán está María Corina Machado. Su liderazgo ha trascendido lo político para convertirse en un referente ético. A diferencia de liderazgos pasados que apostaron por la cohabitación o el pacto con las mafias, Machado ha sostenido una coherencia liberal inquebrantable: el respeto a la propiedad, el libre mercado y, sobre todo, el Estado de Derecho no son negociables.
Ella encarna hoy la legitimidad. Su mandato emana directamente del 28 de julio. Cualquier intento de transición que la excluya o que pretenda rescatar un “chavismo originario” es un fraude. Estados Unidos lo sabe. La administración Trump–Rubio reconoce que Machado es la única interlocutora válida porque es la única que posee capital político real y la confianza efectiva de la ciudadanía. Apoyarla no es injerencia: es respetar la autodeterminación de los venezolanos que la eligieron.
La crisis social y económica que ha devastado a Venezuela durante años no se resolverá con parches socialistas ni con ayuda humanitaria perpetua. Se resolverá restituyendo la libertad. Solo el capitalismo de libre mercado, bajo un imperio de la ley plenamente restaurado, podrá reconstruir lo que el socialismo depredador destruyó.
Enero de 2026 marca el fin de las excusas. La coexistencia con el crimen organizado enquistado en el poder es insostenible para el hemisferio. La intervención, entendida como presión máxima, coordinada y efectiva para desalojar a los usurpadores, no es una opción caprichosa: es el mecanismo necesario para restaurar la soberanía.
¿Qué más se nos puede pedir a los venezolanos? Hemos soportado años de lucha y sacrificio; intentamos todas las vías políticas y pacíficas; hicimos nuestra parte el 28 de julio de 2024. Resistimos, votamos y ganamos.
Ahora, el mundo libre —liderado por un Estados Unidos que ha recuperado su brújula moral frente a las tiranías— debe actuar. No para salvar a Venezuela, sino para ayudar a nuestra nación a salvarse a sí misma: expulsando a los mercaderes del terror y abriendo, por fin, las puertas de la libertad.
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