Reescribir el pasado para evitar la responsabilidad del presente
Cuando la gestión se complica, aparece un enemigo histórico. Esta vez le tocó a Urrá.
En su más reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro insinuó que la hidroeléctrica fue producto de “grandes terratenientes y sus amigos armados ilegalmente”. No es una frase menor. Es una acusación que sugiere connivencia paramilitar. Y cuando un jefe de Estado lanza un señalamiento de esa gravedad sin presentar una sola prueba judicial, no está haciendo memoria histórica: está haciendo política.
Urrá fue estructurada en los años noventa, en medio del trauma nacional del apagón de 1992. Formó parte del rediseño institucional del sector eléctrico tras la Constitución del 91: regulación técnica, participación mixta y supervisión estatal. Su impacto ambiental o social puede discutirse. Lo que no puede hacerse es convertir una insinuación en sentencia.
Hasta hoy, ni fallos judiciales, ni informes de la Contraloría, ni investigaciones periodísticas han establecido lo que el Presidente sugiere como verdad política. En democracia, las acusaciones graves exigen pruebas graves.
El problema no es revisar el pasado. Es usarlo como coartada.
El libreto es reconocible: pobres contra ricos, víctimas contra élites. Una estructura eficaz en campaña porque simplifica la complejidad en una escena moral. Pero el sistema eléctrico no opera con consignas. Opera con reglas, inversión y gestión.
Las tarifas en Colombia no las fija un terrateniente en una finca; se determinan bajo un esquema regulado por la CREG que incorpora costos técnicos verificables. Urrá, además, ha transferido por ley recursos significativos a los municipios de su área de influencia. Esa dimensión institucional desaparece cuando la discusión se reduce a épica.
Hay, además, un dato decisivo: hoy el Gobierno Nacional ejerce control sobre Urrá. No es una empresa “de las élites”. Está bajo órbita estatal. Si existen ineficiencias, pérdidas o decisiones cuestionables, la responsabilidad no es de los años noventa. Es del Ejecutivo actual.
Gobernar no es reescribir la historia. Es responder por lo que se administra.
Aquí aparece el método. Cada dificultad encuentra un antagonista estructural: los terratenientes, las élites, el modelo económico, el pasado neoliberal. Siempre hay un responsable histórico listo para explicar lo que la administración no resuelve. Es una estrategia políticamente rentable en año preelectoral, pero profundamente riesgosa para un país que necesita estabilidad energética y reglas claras.
La confianza no se construye señalando fantasmas. Se construye administrando instituciones.
En el fondo, el debate sobre Urrá no es sobre una represa en Córdoba. Es sobre el tipo de liderazgo que Colombia está evaluando de cara a 2026. Las próximas elecciones no serán solo una competencia entre nombres. Serán un plebiscito sobre un método de gobierno.
Sobre si el país quiere seguir atrapado en una narrativa permanente de agravios o exigir responsabilidad presente. Sobre si el poder se ejerce gestionando empresas públicas o dramatizando conflictos.
Reescribir los noventa puede movilizar aplausos. Gobernar exige algo menos épico y más incómodo: asumir costos, rendir cuentas y ofrecer resultados verificables.
Colombia puede soportar un discurso inflamado. Lo que no siempre soporta es un liderazgo que convierte cada problema en coartada.
En 2026 no se votará por la mejor historia. Se votará por quien responda mejor por el país.
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