Concluida una primera etapa en el denominado “juicio del siglo” -y tal vez, sea la única porque la preclusión va mostrando las orejas- se vuelve a poner sobre la mesa un asunto harto desgastado y absurdo: la invitación para que Uribe se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-. Algo que por estos días no tiene el más mínimo sentido de la oportunidad y que deja de lado -de forma intencional, claro está- la animadversión ontológica que el uribismo siempre ha tenido hacia el modelo de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz en 2016.
Seré directo: el proceso que tiene a Uribe condenado en primera instancia no tiene nada que ver con el conflicto armado. El expresidente fue condenado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Con la comisión de esos crímenes Uribe buscó; por un lado, enlodar la honra y buen nombre del senador Iván Cepeda; y por el otro, desestimar los señalamientos -esgrimidos por Cepeda y otros congresista en un debate de control político- sobre sus supuestos vínculos con grupos paramilitares.
Es decir, la condena a Uribe procedió sobre hechos no relacionados con el conflicto armado; y así mucho sectores desde la izquierda asuman que dicha condena es la “prueba reina” de su responsabilidad en hechos que sí tienen relación directa con el conflicto armado -ejecuciones extrajudiciales para no ir más lejos-, eso no es cierto. La histórica decisión judicial solo puede llevar a concluir que Uribe fue determinador de dos delitos: soborno a testigos y fraude procesal. Ni más, ni menos.
Ya que la intención de Uribe en la comisión de ambos delitos fuera desestimar acusaciones -algunas lo suficientemente ilustradas en informes independientes y en múltiples sentencias judiciales- que le asignan un rol de instigador en episodios oscuros del conflicto armado, es otro asunto. Por esas acusaciones Uribe no ha sido investigado, procesado en la justicia ordinaria y, mucho menos, condenado. Porque si vamos a lo específico, el mandato de la JEP es:
“(…) administrar justicia transicional y restaurativa para los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano antes del 1 de diciembre de 2016, con un enfoque en los derechos de las víctimas. Busca garantizar la justicia, la verdad y la reparación, con el objetivo de contribuir a la construcción de una paz estable y duradera”
Así que, si algunos creen -empezando por Petro en su delirio twittero- que la condena en primera instancia es motivo suficiente para que el expresidente de buenas a primeras reconozca la legitimidad de la JEP y suscriba un acta voluntaria de sometimiento con la intención de aportar verdad, reparar a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición, pues simplemente está meando fuera del tiesto. Eso ya no pasó y tampoco pasará. Uribe siempre ha buscado dinamitar la legitimidad de la JEP.
Tampoco olvidemos algo muy importante: fue Santos quien sacó a los expresidentes, a todos, de la obligación de comparecer ante la JEP. Fue una de sus famosas “líneas rojas” en el proceso de conversaciones de paz en la Habana y las Farc-ep cedió.
Pero si le doy el punto a quienes proponen que Uribe se someta a la JEP, de paso les pregunto: ¿cómo sería su ingreso al sistema de justicia transicional?, ¿acaso, se crearía un nuevo macrocaso enfocado en el “caso Uribe” ?, ¿sobre qué hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 tendría que comparecer el expresidente si su única condena -en el caso de ratificarse en segunda instancia- no tiene que ver directamente con el conflicto armado?, ¿o buscaría el mismo Uribe redimir una eventual casa por cárcel (que en su caso sería latifundio por cárcel) por la promoción de un proyecto restaurativo en una comunidad victimizada?
Sí, lo reconozco, son preguntas absurdas, tan absurdas como la deshilvanada sugerencia para que Uribe se someta a la JEP.
Lo importante ahora es que la justicia ordinaria, con la independencia y determinación que ha venido mostrando (desde que Barbosa salió de la Fiscalía, sin duda) siga su cauce; así la prescripción de la totalidad del proceso se fije en el horizonte inmediato y los defensores de Uribe asuman su presunción de inocencia ad-infinitud. Y a la JEP lo que hay que pedirle es celeridad en la expedición de las sentencias para los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. A nueve años de su creación no se conoce ni la primera y los excomandantes de las Farc-ep hasta ya van concluyendo su estadía en el Congreso.
No deja de resultar paradójico: más rápido la justicia ordinaria condenó a Uribe que la JEP -en sentencia en firme, para no herir susceptibilidades- a un excomandante de las Farc-ep.
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