“Lo que se juega aquí no es solo la suerte de Uribe, ni siquiera el éxito de la estrategia electoral para 2026, sino el compromiso real con la democracia.”
A veces en política el silencio dice más que cualquier discurso. Y lo que hoy calla Álvaro Uribe lo están gritando sus alfiles con una fuerza que revela más miedo que estrategia. La condena en primera instancia por soborno y fraude procesal no solo sacudió al expresidente, sino que volvió a poner a prueba la frágil cohesión del bloque antiPetro, ese que dice tener a las instituciones en la boca, pero que no duda en pisotearlas cuando una decisión judicial no les conviene.
Desde la lectura del fallo, lo que ha venido ocurriendo es una radicalización que pretende maquillar una realidad incómoda: Uribe fue hallado culpable por delitos graves y su entorno se niega siquiera a considerar que pueda ser responsable de algo. En vez de asumir la legalidad del proceso, se lanzó una ofensiva contra la jueza, contra la Fiscalía, contra la justicia entera. La narrativa del “lawfare” —esa idea de que todo es una persecución política disfrazada de justicia— les ha servido de escudo discursivo. Pero esa defensa no es nueva: es la misma estrategia que usó Lula en Brasil, la misma que intenta usar Trump en Estados Unidos, Bolsonaro tras ser culpable y ahora la misma que Uribe promueve desde el silencio mientras sus voceros echan leña al fuego.
Lo que resulta especialmente grave es que esta reacción no es espontánea ni marginal. Es parte de una estrategia orquestada que pone en tensión el equilibrio institucional del país. María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Andrés Guerra —precandidatos del Centro Democrático— no están hablando al vacío: le están hablando a una base radicalizada que quiere creer, cueste lo que cueste, que su líder es una víctima y no un victimario. Y eso implica algo serio: están dispuestos a pasar por encima de la justicia para sostener el mito de Uribe. Y en esa apuesta, el centro político queda en medio de un juego peligroso.
Es importante reconocer que el uribismo no está actuando solo. Algunos sectores del centro-derecha, como David Luna, Enrique Peñalosa o incluso Fajardo, han optado por un silencio calculado o por declaraciones ambiguas que revelan hasta qué punto la idea de una gran coalición antipetrista puede comprometer principios. El problema es que el centro parece más preocupado por mantener la posibilidad de unirse a ese bloque que por marcar una distancia clara con un discurso que socava a las instituciones. ¿Dónde queda entonces la defensa de la justicia como principio democrático? ¿Se puede ser centrista y al mismo tiempo funcional a una narrativa que deslegitima a la justicia por motivos electorales?
La respuesta es incómoda pero evidente: parte del centro está dispuesto a ceder en su coherencia institucional con tal de ganarle a Petro. No importa que se esté coqueteando con quienes acusan a la jueza de ser un instrumento de la izquierda o de estar aliada con La Habana. No importa que se digan cosas tan peligrosas como que “esto no fue una sentencia, fue un ataque”, como señaló Paloma Valencia. Lo que parece pesar más es el cálculo electoral, y ese cálculo empieza a hablar más fuerte que cualquier convicción.
Sin embargo, ese mismo cálculo puede salir caro. Porque una cosa es disputar el poder desde la oposición democrática, y otra muy distinta es hacerlo desde la lógica del todo vale. La estrategia del uribismo de incendiar el debate público, de victimizarse y de convertir una condena judicial en un trofeo político, puede polarizar aún más al país, pero también puede terminar desgastando al centro. Un centro que ya de por sí está desdibujado y al que cada vez se le hace más difícil mantener una postura propia. Porque como dice el dicho: el que con lobos anda, a aullar se enseña.
Algunos analistas sostienen que la radicalización bajará con el tiempo, que esto es apenas una reacción inicial. Pero la historia reciente de Colombia muestra que cuando el uribismo enciende el ventilador, lo que viene es una tormenta. Ya ocurrió con la paz con las FARC, cuando con mentiras y miedo echaron abajo una oportunidad histórica. Ya pasó en el Congreso, donde el Centro Democrático ha saboteado cualquier intento de reforma del gobierno Petro sin siquiera leer los textos. Y está ocurriendo ahora, cuando se plantea que un fallo judicial es, en el fondo, una venganza disfrazada de legalidad.
Mientras tanto, Uribe sigue en silencio, pero sus alfiles no paran de hablar. Y es ahí donde la narrativa se fractura. Porque si bien la derecha extrema se siente cómoda gritando “persecución”, “venganza” y “complot”, el centro tendrá que decidir si va a seguir aguantando ese discurso con la esperanza de sumar votos o si finalmente va a tomar distancia y defender lo que dice defender. Es una encrucijada ética, pero también política.
Lo que se juega aquí no es solo la suerte de Uribe, ni siquiera el éxito de la estrategia electoral para 2026. Lo que está en juego es el compromiso real con la democracia. Porque no se puede exigir respeto a las instituciones solo cuando conviene. No se puede defender la justicia solo cuando absuelve a los aliados. Y no se puede construir un país con una oposición que, en lugar de presentar ideas, se dedica a deslegitimar todo lo que no controla.
En conclusión, la condena a Uribe es un hito político, pero también un termómetro de coherencia. ¿Están dispuestos los precandidatos del centro a seguir tragándose el humo del ventilador uribista? El tiempo lo dirá, pero lo cierto es que si siguen apostando por un bloque antiPetro que se sostiene sobre la base de negar la justicia, lo único que estarán construyendo es una gran coalición del cinismo.
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