“Los llamados “Montajes judiciales” se han convertido en una herramienta de uso recurrente por parte de instituciones como la Fiscalía o el Ministerio de Defensa tanto para querer demostrar resultados en materia de seguridad como para expiar indicios tras presunciones de terrorismo o insurgencia en Universidades, Colectivos de Derechos Humanos y Asociaciones Campesinas.”
“… Si la policía se toma la justicia por su propia mano, ¿cómo acabará esto? Empezará a cargarse peatones por cruzar con la señal en rojo y a conductores por cometer infracciones. Y acabará por matar al vecino porque su perro levantó la pata en el jardín” Harry Callahan, Harry el Sucio, Dir. Don Siegel.
Así va terminando la aclamada película “Harry el Sucio”, interpretada por Clint Eastwood en 1971. Una frase ampliamente polémica, pues pone de manifiesto la selectiva práctica por parte de instituciones dentro del estado para construir presuntos “culpables” bajo cualquier elemento posible. Una tesis ficcional, que a la luz del panorama jurídico-político colombiano actual, parece más bien un acto común, del dia a dia.
Los llamados “Montajes judiciales” se han convertido en una herramienta de uso recurrente por parte de instituciones como la Fiscalía o el Ministerio de Defensa tanto para querer demostrar resultados en materia de seguridad como para expiar indicios tras presunciones de terrorismo o insurgencia en universidades, Colectivos de Derechos Humanos y Asociaciones Campesinas. Ejemplo de ello son las injustas persecuciones a personas como Miguel Ángel Beltrán (Sociólogo y Docente), Carmelo Agámez (Secretario del Movice, Capítulo Sucre) y Nelly Luna (Campesina, Lideresa Social de Montañita, Caquetá), todos ellos, tras penosos años de audiencias sin marcos probatorios contundentes, hoy en día en completa libertad.
Así pues, en la actualidad, salen a flote numerosas dudas en torno a procesos judiciales que parecen responder más a órdenes mediáticas que a investigaciones penales, tales como los testigos no tan convencidos dentro del Caso Andino o las pruebas aún no esclarecidas sobre la participación de estudiantes universitarios señalados dentro del ELN en el marco de la llamada “Operación Megara”.
“…Los presuntos guerrilleros se encargaban de labores de reclutamiento, especialmente en universidades públicas de la capital de la República”[1], señaló en su momento el director de la policía Jorge Nieto, y aunque bien dijo, “Sin ánimo de estigmatizar”, parece que el ánimo flaqueo ante los eventos que aún hoy en dia acaecen en instituciones de educación superior: Persecuciones a estudiantes que investigan sobre el conflicto armado, amenazas de muerte por parte de bandas criminales a integrantes de organizaciones universitarias o en su defecto, exilios obligados de alumnos que sienten persecución dentro y fuera de sus aulas, bien sea por vía de montajes judiciales o por grupos al margen de la ley.
En este sentido y para finalizar, ojalá pudiese quedar claro, que realizar investigaciones sobre los eventos del conflicto armado en nuestro país en torno a nombres, fechas y eventos, organizarse políticamente bajo ideales distintos al sistema hegemónico de gobierno y estudiar en una universidad pública en Colombia, no deben ser las categorías sobre las cuales se construyan montajes judiciales, se presenten alocuciones estigmatizadoras y se ejecuten persecuciones clandestinas. Se debe tener un mínimo de respeto por esas otras familias que también viven entre sollozos por el encierro injusto de un hijo, por universidades que toda la vida han formado profesionales sobre los que se ha construido el país y por estudiantes en el encierro, que como usted o como yo, creen aún hoy en día en un país en donde las instituciones estén más al servicio de la gente que de las primeras planas.
[1] Tomado de RED+ Noticias, 08 de Junio de 2018. http://www.redmas.com.co/colombia/autoridades-capturan-integrantes-celula-urbana-del-eln/
