“Debemos trabajar por un sistema educativo que no solo permita el ingreso a la universidad, sino también su permanencia y culminación exitosa”
Hace algunos años, conocí a Lina, una joven brillante de una vereda en Barbosa, Antioquia. Su sueño era estudiar ingeniería ambiental para contribuir al desarrollo sostenible de su comunidad. Sin embargo, las limitaciones económicas, la insuficiencia en asesoramiento vocacional y la escasa información sobre oferta educativa en su región hicieron que ese sueño se desvaneciera. Historias como la de Lina son frecuentes en Colombia, donde el acceso y la equidad a la educación superior continúan siendo problemáticas constantes.
En nuestro país, es indiscutible que el ingreso a la educación superior está vinculado con aspectos socioeconómicos y geográficos. Mientras que en metrópolis como Bogotá y Medellín las tasas de acceso superan el 60%, en departamentos como Vaupés o Guainía apenas alcanzan el 10%. Esta comparación destaca una disimilitud desmedida entre lo urbano y lo “rural”; y que es el resultado, entre muchas otras cosas, de la desvinculación estatal. El texto “Calidad, eficiencia y equidad en la educación superior en Colombia: avances y brechas” nos menciona que, consecuencias frente a esta dinámica la viven miles de jóvenes, que se ven condicionados por su lugar de procedencia (Universidad de los Andes, 2021).
Otro fenómeno destacable es que, aunque las mujeres representan alrededor del 55% de la matrícula universitaria, persisten distinciones en áreas específicas del conocimiento. En carreras como ingeniería y tecnología, la proporción de hombres sigue siendo mayor, evidenciando el mantenimiento de estereotipos culturales de género, que también están arraigados con las desigualdades anteriormente mencionadas. De ahí que sea fundamental abordar la problemática desde las políticas públicas, como lo plantea el mismo informe de la Universidad de los Andes.
El propósito de estas políticas apunta a modificar estas condiciones. Programas como Generación E, “Puedo Estudiar” y la oferta dada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) han apostado a ampliar el acceso, apoyar la permanencia y garantizar la culminación de los estudios. Aun así, no olvidemos que la cifra de deserción universitaria en Colombia sigue rondando el 45%.
El ICETEX, entidad encargada de financiar la educación superior, ha sido otra opción. Empero, las criticas frente a las condiciones de endeudamiento que impone han creado desconfianza. Rememoremos el inconformismo latente suscitado entre los jóvenes desde el año 2024 frente a la administración del actual gobierno, reflejando su preocupación por el acceso a créditos justos.
No en vano, existen iniciativas que propenden a transformar esta realidad. La reciente inauguración de una sede de la Universidad del Valle en Suárez, Cauca, es un ejemplo de cómo la educación es un medio que articula los territorios históricamente excluidos. Esta experiencia es destacada en el artículo “Una sede universitaria en Suárez, Cauca: educación para la paz en Colombia” (El País, 2025).
Como director de Calidad e Innovación Educativa quiero reiterar la noción de “equidad al acceso a la educación superior” desde la articulación de las políticas públicas con el fortalecimiento de la educación media, la apuesta por la formación en orientación vocacional, el apoyo psicosocial permanente y el reconocimiento de las habilidades individuales, entre otros.
En suma, el acceso y la equidad a la educación superior en Colombia requieren de un compromiso colectivo. Debemos trabajar por un sistema educativo que no solo permita el ingreso a la universidad, sino también su permanencia y culminación exitosa. Solo así podremos construir una sociedad más justa, donde historias como la de Lina no se repitan.
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