Mal terminaron las volteretas de Petro y Corcho sobre acabar las EPS, promesa que tantos votos les reportó: “que sí, que no, que sí y que en definitiva no se acaban”, sometiéndose a Santos, César Gaviria, Efraín Cepeda, Dilian Francisca y Roy, entre otros. Porque el acuerdo final de Petro con ellos, que respaldó el Pacto Histórico, se limitó “a privilegiar la atención primaria y el sistema preventivo en la salud, eliminar la integración vertical” y promover “la territorialización” del sector, informó la Casa de Nariño (enlace).
Nada pactaron sobre otros cambios muy importantes y urgentes, empezando por controlar los abusos y la famosa corrupción en el sector. ¿O no es cierto que varias EPS y su organización fueron sancionadas por cobrar dos veces el mismo servicio? ¿O que presidentes de Saludcoop y Cafesalud EPS fueron condenados a cárcel por corruptos? ¿O que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó liquidar a Medimás EPS, con inmensas pérdidas, porque el minSalud Alejandro Gaviria promovió su creación violando la ley? ¿Y no son estos unos casos entre otros incontables?
Ese acuerdo es peor, porque por los errores políticos de Petro y Corcho en el trámite de la ley, los más poderosos de la salud –que deciden sobre $70 billones anuales de recursos públicos– pudieron montar una campaña que ocultara las graves fallas del sector.
Silencian el mucho maltrato en la atención a los enfermos y la mucha enfermedad y muerte, presentando las medicinas prepagadas –4,7 millones de usuarios– como si fueran las de los 50 millones de colombianos. Ocultan que estar carnetizado no equivale a tener adecuado acceso a la salud, como lo prueba el pésimo servicio en casi todos los 1.123 municipios. Y se conocen las inmensas fallas de la red pública hospitalaria, el maltrato laboral a médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud y a los médicos rurales y residentes e internos, las enormes deudas de las EPS a las IPS públicas y privadas y las prácticas abusivas en la facturación que les imponen, los costos excesivos de los medicamentos extranjeros y la falta de respaldo oficial a la fabricación de medicinas en Colombia.
Son tales las fallas estructurales del sector, que de las 30 EPS que quedan, hay 10 en liquidación y 10 vigiladas por la Supersalud. Y en la base de estas malas cifras está el relativamente escaso gasto público en salud de la subdesarrollada Colombia.
Sobre mis propuestas, enfatizo:
Hay que reducir en grande los costos del aseguramiento, de las EPS –con medidas serias y robustas a las que es ajeno el proyecto de Petro–, porque de ello dependen los mayores recursos necesarios para todo el sector y evitar que se agrave su crisis, presionada por la alta inflación y la fuerte caída de la economía del país. Para reducir las ganancias de las EPS en beneficio de pacientes, IPS y trabajadores del sistema de salud, también pueden promoverse las EPS sin ánimo de lucro.
Deben fortalecerse la prevención y la atención primaria y prohibirse la integración vertical, fuente de abusos y corruptelas. Hay que atender los reclamos de los médicos rurales, residentes e internos. Urge financiar bien la red pública hospitalaria y quitársela a la politiquería incapaz y corrupta, igualar la UPC para todos, crear un eficaz sistema nacional de compras de medicamentos costosos para abaratarlos y respaldar la industria farmacéutica nacional.
Esta es una propuesta pensada para unir a los colombianos, de forma que estos cambios puedan hacerse realidad en la ley de reforma a la salud en trámite.
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