“Una dosis de realismo no es sinónimo de oposición; una crítica fundamentada y un juicio de conocimiento, no es igual a un juicio de valor.”
Una dosis de realismo no es sinónimo de oposición; una crítica fundamentada y un juicio de conocimiento, no es igual a un juicio de valor. Quizá para muchos esta columna sea per se una carga negativa al contexto que estamos viviendo; una declaración ideológica, que por supuesto no lo es (dentro de mi profesión el pragmatismo y la imparcialidad serán siempre principios rectores); pero adentrándome en el mundo de lo paradójico, se puede configurar en un pasaje directo a la realidad.
En uno de los primeros artículos que escribí para “Al Poniente” mencionando los retos que enfrentaba Colombia y los países de América Latina respecto al COVID-19, hacía referencia al escenario que se vivía a este lado del Hemisferio, propio al de una tragicomedia griega: sarcasmo, parodia, drama y dilema. Gobernantes que encomendaban su pueblo a estampitas religiosas; otros que negaban la existencia del virus mismo y le calificaban de una simple “gripe”; modelos y prácticas importadas de países europeos y asiáticos con realidades económicas, políticas y sociales muy diferentes a las nuestras; altos niveles de corrupción y baja capacidad institucional de los Estados para enfrentar la crisis. Pero también, basada en los elogios de la comunidad internacional y, específicamente para el caso de Colombia, exaltaba el papel del Gobierno Nacional y los gobiernos locales, por haber respondido de manera oportuna y eficaz, ante la inminente propagación del virus en el territorio nacional e, incluso, allende fronteras estatales.
Reconocido internacionalmente entonces, como uno de los países con mayor celeridad para responder ante la crisis derivada por la pandemia, se consideraba, Colombia lograría darle un manejo más estratégico y asertivo a la misma, pues tendría mayor tiempo para prepararse mientras cuidaba y educaba a sus ciudadanos. Sin embargo, la realidad para el país es muy diferente hoy, casi 150 días después de haberse decretado el Estado de Emergencia.
Sí, contrario a la lógica, Colombia hoy se encuentra envuelta en una paradoja que se desarrolla entre el máximo histórico de popularidad del Gobierno Duque; y el desalentador y preocupante panorama del país frente a la lucha contra la COVID-19; los constantes llamados a la desobediencia civil; la indisciplina social; la pérdida de credibilidad en las instituciones; el aumento de la violencia intrafamiliar, feminicidios, desapariciones forzosas y asesinatos de líderes sociales; escándalos de corrupción a diestra y siniestra; y una economía colapsada.
Después de que el 6 de marzo se registrara en Colombia el primer caso de COVID-19 en el país, el Gobierno Nacional, comenzó a construir toda una matriz DOFA sobre el impacto de la llegada del virus a nuestro país; y en uso de sus facultades legales y constitucionales, el pasado 17 de marzo, el Gobierno del presidente Iván Duque decretó la Emergencia Económica y Social mediante el Decreto 417 por un término de 30 días calendario (artículo 215 de la Constitución Política).
Desde entonces y al amparo de esta emergencia se han firmado varios decretos con medidas adicionales para atender las necesidades derivadas; se ha destinado el “11%” del PIB para aliviar la crisis; se han solicitado préstamos y acceso a créditos flexibles a organismos multilaterales por más de USD$250 millones y USD$11 mil millones; y se ha sometido a la ciudadanía y la economía a medidas draconianas, bajo la premisa de cuidar la vida y evitar un colapso en el sistema de salud de nuestro país. Pero en su mayoría, salvo por el liderazgo que han tenido algunos gobiernos locales, las medidas han sido improcedentes, inoperantes, amañadas e ineficaces.
Para comenzar, el reciente informe del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana deja en evidencia que la transparencia frente a los gastos anunciados por el Gobierno Nacional y lo consignado en las Resoluciones, Decretos y contratos no concuerdan. Basta enunciar los $100.000 millones de descuadre que hay en el monto que se expone en la página web del Ministerio de Hacienda con relación al Fondo de Mitigación de la Emergencia – FOME y lo que se registra en los documentos. A saber, $25,6 billones y $25,5 billones, respectivamente. $100.000 millones “perdidos”, que podrían representar, como sostiene mi colega María Paulina Baena, una UCI más en el país o el pago de los salarios atrasados de médicos y enfermeras; o subsidios para sectores económicos vulnerables. O las inconsistencias en las cuentas de salud, en donde, “según investigadores, el ministro Carrasquilla en varias oportunidades, ha enfatizado que $7,1 billones están destinados a la atención en salud, sin embargo, las resoluciones oficiales muestran transferencias de apenas $0,96 billones al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud” (www.larepublica.co).
Entonces cabe preguntarnos, ¿dónde está la plata? porque evidentemente no se está invirtiendo en lo que es: los hospitales de municipios importantes como Bogotá y Medellín no han mejorado significativamente su capacidad a partir de transferencias de la Nación (ni los de ningún otro municipio); los salarios del personal de la salud siguen en mora; no se ha dotado tampoco al equipo médico de los insumos básicos de bioseguridad; la perla de ahora de las EPS, es que están mandando de vacaciones otras enfermedades y patologías, destinando IPS única y exclusivamente para la atención de pacientes con COVID-19, retrasando exámenes y pruebas médicas si no son vitales, y dilatando entregas de medicamentos; los créditos de Finagro se le salieron de control al Ministerio de Agricultura, no están llegando a los más necesitados; Ingreso Solidario tuvo sus tropiezos; sectores económicos como el entretenimiento, turismo, gastronomía, entre otros, siguen pidiendo un S.O.S al Gobierno; las MYPIMES no han recibido mayores beneficios; sin mencionar, además, el olvido al que tiene sometido el Gobierno Nacional a departamentos como Chocó, La Guajira, Cauca, Amazonas, entre otros.
En segundo lugar, el 17 de abril, sólo un mes después de haber decretado el Estado de Emergencia, el Gobierno del Presidente Duque ya se estaba viendo sometido a presiones por parte de los grandes gremios y grupos económicos de este país, quienes pedían reactivar la economía a como diera lugar. Así, se comenzaba a hacer referencia al decálogo de lo que sería un Aislamiento Preventivo, Obligatorio, Colaborativo e Inteligente (recuerdo uno de mis grandes maestros entre sus enseñanzas decir que todo aquello que llevara tantos adjetivos no generaba confianza). En ese orden de ideas, se pensaba, se adoptaría el modelo planteado por el físico, teórico e investigador del Instituto Weizmann de Ciencias de Tel Aviv, Uri Alon, quien desarrolló una estrategia de reactivación económica y desconfinamiento para China e Italia (“copiada” por muchos otros países), basada en un modelo matemático 2/5 o 4/10, siendo los primeros días laborales y los segundos días de confinamiento; y respetando la liberación gradual por sectores económicos (Forbes). Pero, paradójicamente, el Aislamiento Preventivo…. (y sus otros adjetivos), consistió en “liberar a unos sectores económicos los primero 15 días” y sancionar un decreto con cuarenta y tantas excepciones, en el que prácticamente se le daba vía libre a todos los ciudadanos de volver a las calles. Esto obvio se tradujo, en aglomeraciones en el transporte y demás espacios públicos, indisciplina social y por consiguiente un aumento considerable en los contagios. Así que ni aislamiento ni preventivo, ni tan obligatorio ni colaborativo, mucho menos inteligente.
El viernes 19 de junio volvimos a ser noticia en el mundo, Bloomberg, The New York Times, Forbes y otros medios internacionales le contaban al mundo sobre el “Covid-Friday”, el famoso Día sin IVA en Colombia. Y es que al Gobierno Nacional se le ocurrió en pleno pico de la pandemia realizar el día de devolución del Impuesto al Valor Agregado en toda clase de bienes de segunda necesidad, con el objetivo de impulsar un programa con el que se beneficiaría a cerca de un millón de personas en situación de pobreza con ¡$70 mil pesos cada dos meses! Hoy tres semanas después, las consecuencias se ven: se dispararon las cifras de contagios, no ha habido ningún beneficiado, las UCI están a reventar, Bogotá está en Alerta Roja, Medellín y Barranquilla en Alerta Naranja; el país, está igual que en marzo, es decir, no está preparado para enfrentar el pico de la pandemia, y el Gobierno tendrá que verse obligado a radicalizar ciertas medidas.
Lo grave del asunto, además de pensar en el colapso del sistema de salud y todas las vidas humanas que se han perdido y se perderán a causa de esta enfermedad; es analizar sesudamente que tal vez todas esas medidas inexorables que se tomaron desde el 17 de marzo, han sido en vano. Los esfuerzos sobrehumanos del personal de la salud por mantenerse en pie de guerra; esos 5,4 millones de empleos perdidos; estos ciento cincuenta y tantos días de encierro, de disciplina y orden (en una gran mayoría); de aguantadas de hambre de muchos; los miles de negocios quebrados; los esfuerzos y la solidaridad individuales, no fueron suficientes para lograr el objetivo “aplanar la curva”; o, al menos, para llegar al pico sin colapsar. Sí, soy consciente del comportamiento del virus, tan siquiera de las características de la curva (porque no soy epidemióloga) y, evidentemente, llegar al máximo es algo que no se puede evitar, pero, reitero, siempre el objetivo fue lograr el menor pico posible; y se supone, para eso fueron las medidas draconianas de cuarentena; para eso se armó el paquete de ayuda con todo ese montón de plata con todos sus ceros, denominaciones e, incluso, divisas.
El Gobierno por su parte podrá salir a decir que la indisciplina social nos ha llevado a esto; que los esfuerzos se han hecho; que el dinero se ha invertido. Pero lo cierto, sin dejar de desconocer la irresponsabilidad e indisciplina de muchos, por un lado; y el liderazgo local de algunos gobiernos, el esfuerzo del INS y del equipo de profesionales que rodea a los políticos del Gobierno, es que no se puede tener la desfachatez de salir a lavarse las manos ante una Nación y culparle a ella misma de lo que pasa, cuando en medio de una pandemia un Gobierno convoca a las personas abiertamente a conglomerarse en almacenes para comprar electrodomésticos con buenos descuentos; o cuando no hay transparencia en los gastos, contratos y transferencias (ni tan siquiera las inversiones se ven); o cuando él mismo cede ante las presiones de grupos económicos; porque entonces hay algo que no se está haciendo bien.
Y, sí, puede que los problemas de Colombia sean de tiempos inmemoriales, sean deudas heredadas de muchos Gobiernos; pero también es cierto que el exceso de burocracia y de compromisos e intereses político-económicos (por no llamarlo de otra forma), ha llevado a este país a vivir en una eterna paradoja: de ser uno de los países más ricos y biodiversos del mundo; y a la vez uno de los más inequitativos y pobres.
Nota: mientras termino de redactar estas líneas, la Revista Dinero, en su portal web, publica “se espera que durante la primera semana de agosto ya estén en firme las primeras resoluciones correspondientes a los aspectos técnicos, ambientales, sociales y contractuales que deben tener los proyectos pilotos de fracking en Colombia” (14 de julio de 2020).
Y para los que a estas alturas están pensando todavía en la imagen positiva del presidente Iván Duque, que llegó a su máximo histórico el pasado mes de mayo. Esto se debe a tres razones: la primera, porque ante la incertidumbre es natural que todos apoyemos al presidente, porque ‘si al presidente le va mal, a todos nos va mal’; segundo, porque cuenta con el apoyo de todas las élites y medios de comunicación más importantes; y tercero, porque según la ficha técnica de la última encuesta de opinión pública, elaborada por el Centro Nacional de Consultoría, sólo fueron 601 los consultados y contó con un 62% de aceptación.
Así pues, que una dosis de realismo en este contexto, es una invitación a seguirnos cuidando y fortalecernos como Nación; a salir con una visión de responsabilidad política más clara de esta crisis. La Democracia no es sinónimo de proceso electoral o voto, mucho menos de apatía política. No podemos perder de vista la participación activa, concienzuda y responsable, el compromiso con el quehacer político, el control y la veeduría. El foco de la representación debe estar presente en el ideario de que cuando elegimos a alguien, elegimos a quien represente los intereses de toda una Nación, no los intereses de unos pocos o los que le son propios.
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