En estos días la mayoría de medios de comunicación del país hablan del comportamiento estadístico de la curva generada por los contagios del COVID-19, de como esta tiene que disminuir para que podamos salir de la cuarentena. Pero se dejó en el olvido otra curva, una que año tras años crece, una que no encuentra su punto de equilibrio y que le ha costado la vida a 36 personas en lo que va del 2020, cifra que aumentará cuando se terminen de verificar algunos asesinatos.
Hoy hablaré de un grupo de personas a las que siempre he llamado guerreros, aquellas que se preocupan por su comunidad. Estos son llamados defensores de los Derechos Humanos, siempre están protegiendo su territorio, el medio ambiente, cultura y la educación entre otros derechos. Son un ente civil que se preocupa por el bienestar de su pueblo. Ellos son los Líderes Sociales.
Estas personas desempeñan un papel fundamental en nuestro país, son aquellos que trabajan para el pueblo, su función siempre será velar por el cumplimiento de un derecho que el Estado vulnera, es decir actúan cuando se limitan en pleno ejercicio los derechos fundamentales del pueblo. Para Mario Zamudio columnista de VICE un líder social es: una persona que hace una labor para beneficiar una comunidad, es aquella que se enmarca de un contexto de algún tipo de conflicto que no necesariamente tiene que ser armado, es la que toma una voz de mando y empuja a la comunidad generando presión; con el fin de lograr una solución al problema que acontece a la comunidad.
La preocupación aquí es que los líderes son perseguidos y asesinados por personas que no les conviene que los derechos que se están vulnerando sean reclamados, pues el reconocimiento de estos traería grandes problemas a sus intereses individuales, razón por la cual siempre buscan apagar la voz que lidera dicho proceso de reclamación. Voces que son recordadas en marchas y velatones organizados por los colombianos.
Algo que es supremamente chistoso; es que los líderes sociales son muy importantes para el gobierno, tan importantes que en el año 2018 se creó el decreto 2137 llamado (PAO) “ Plan de Acción Oportuna” en el cual busca proteger a los líderes sociales de Colombia categorizarlos en una larga lista, “Líder comunal, líder comunitario, líder de Restitución de Tierras, líder campesino, líder social, líder sindical, líder ambiental, líder de mujeres, líder afrodescendiente, líder indígena, líder de víctimas o de desplazados, líder juvenil y de la infancia, líder cultural, líder LGBTI, líder en salud, líder minero artesanal, comunicador defensor de derechos humanos, abogado defensor de los derechos humanos, defensor o líder asociado a Organizaciones no Gubernamentales (ONG), líder en la implementación del acuerdo de paz, líder en materia de sustitución de cultivos, líder de movimiento político y líderes religiosos.” «Informe de homicidios contra Líderes y Defensores de Derechos Humanos 2010-2019» lista que hasta el momento no ha servido de nada; porque a pesar de que se encuentran clasificados estos siguen siendo asesinados y perseguidos. Es decir que están viviendo el genocidio que le ocurrió a la (UP) Unión Patriótica en los años 1984 y 2002 persecución que en su tiempo dejó más de 4000 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas.
El mayor genocidio de Líderes Sociales comenzó después de la firma del tratado de paz con las FARC-EP. Desde esta fecha se ha registrado el asesinato de aproximado de 720 líderes sociales en nuestro territorio. Muchos de estos líderes ya habían notificado a las autoridades que se encontraban en peligro y que necesitaban protección de su parte, con el fin salvaguardar su vida; pero estas hicieron caso omiso a estos llamados, provocando este genocidio sistemático que cada día va aumentando su nivel en la curva.
Los departamentos más azotados por este genocidio son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Putumayo, Caquetá, Meta, Arauca; entre otros, pero en estos se concentra el mayor número de asesinatos hacia los líderes. Estas cifras son debido a que dichos departamentos han sido los más afectados por la guerra, el narcotráfico, la restitución de tierras y muchas otras problemáticas que acogen al Estado como el principal culpable; pues este no hace nada para proteger a nuestros líderes y velar por el cumplimiento de los derechos de las comunidades. Debe ser que para el Estado velar por la seguridad de un líder es como invertir en el Chocó, recuerdan aquella frase dicha por ex-diputado Rodrigo Mesa, bueno pues para el gobierno colombiano los líderes sociales son lo mismo, un bollo de…
Es hora de que los colombianos alcemos nuestra voz de protesta de nuevo y pidamos al Estado colombiano que vele por la seguridad de nuestros líderes, para que esta curva también llegue a cero. Porque con estos ciudadanos se empieza la construcción de un mejor país, ellos son la voz de los pueblos que viven el olvido.