Lo que está ocurriendo en Andes con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) es, sencillamente, una vergüenza pública. Hace apenas dos años se aprobó este instrumento que define el rumbo del desarrollo urbano, rural y ambiental del municipio, y hoy la administración local, con una rapidez sospechosa, pretende meterle mano como si fuera un simple documento de oficina.
¿A qué obedece tanto afán?
¿Quién está detrás de esa carrera por modificar el PBOT?
¿Por qué tanto silencio, tanto secretismo, tanta “socialización” a puerta cerrada?
Todo apunta a un objetivo muy claro: legalizar la construcción de una cárcel en los terrenos del Colegio Juan de Dios Uribe, un predio educativo que el PBOT vigente prohíbe utilizar para ese tipo de infraestructura. Y, sin embargo, la maquinaria política parece decidida a torcer la norma para que el proyecto encaje, cueste lo que cueste.
No existe autorización de Corantioquia para el cambio de uso del suelo.
No hay estudios ambientales, ni consulta ciudadana, ni respaldo técnico serio.
Y, aun así, los recursos públicos ya se están moviendo.
¿Con qué propósito? ¿Bajo qué justificación?
Resulta indignante ver cómo, mientras las verdaderas necesidades del pueblo —el empleo, el campo, la educación, la seguridad rural, las vías urbanas— siguen esperando, el gobierno municipal pone toda su energía en “ajustar” el PBOT para abrirle paso a una obra que huele a negocio, no a beneficio comunitario.
Un PBOT recién aprobado, que debería ser la brújula del municipio por los próximos 12 años, hoy se pretende cambiar al antojo de unos pocos. Y eso, además de irresponsable, es una burla al Concejo Municipal, a Planeación Departamental y a toda la ciudadanía andina.
Los andinos no podemos quedarnos callados mientras destruyen el orden institucional y convierten nuestro territorio en una feria de intereses.
Andes necesita planeación, no improvisación; necesita transparencia, no componendas.
Modificar un PBOT para tapar un error o para acomodar un negocio es un acto de corrupción en pleno proceso.
Por eso, hago un llamado respetuoso pero firme a la comunidad andina a estar presente en el Concejo Municipal el día de la socialización. Es nuestro derecho escuchar, cuestionar y exigir claridad. Sin embargo, resulta lamentable que el espacio del Concejo solo permita la asistencia de 20 o 30 personas, limitando la participación ciudadana en un tema que afecta a todo el municipio.
Por tal razón, sería prudente y democrático que el Concejo Municipal de Andes apruebe realizar dicha sesión en un lugar con mayor capacidad, como las instalaciones de la Ciudadela Educativa o el Liceo San Juan de los Andes, donde realmente pueda participar el pueblo, ese mismo pueblo al que hoy pretenden ignorar.
Porque el PBOT no es propiedad de un alcalde ni de un funcionario: es la hoja de ruta de todos los andinos.
Y defenderlo, es defender el futuro de nuestro municipio.
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