Deben estar corriendo en las entidades del orden nacional, y como no, con la última advertencia del presidente de la República.
Tras culminar un año bajo la dirección del gobierno de Petro, una sombra de inquietud se cierne sobre la nación. La percepción entre los ciudadanos y diversos analistas es que la administración actual no está cumpliendo con la eficiencia y compromiso que Colombia requiere para enfrentar sus múltiples desafíos. Una métrica preocupante de esto es la baja ejecución de los presupuestos estatales. Al analizar los números, nos encontramos con cifras que hablan por sí solas. A principios de agosto, los departamentos y sectores clave del gobierno reflejaban una ejecución promedio de apenas el 37%. Para dimensionar esto, basta con ver que el sector Interior tenía un avance del 29.7%, y Planeación, crucial para el desarrollo y proyección del país, apenas alcanzaba el 12.5%.
El Congreso de la República, como entidad de control, ha señalado que todavía hay un colosal monto de 422 billones esperando una administración y gestión adecuadas. La falta de acción no solo pone al descubierto posibles áreas de improvisación y una aparente ausencia de gerencia estratégica por parte del Gobierno, sino que también tiene repercusiones tangibles en el tejido social y económico del país. Una gestión inadecuada se traduce en menos inversiones para las regiones, paralización de proyectos vitales de infraestructura y, lo que es más preocupante, demoras en la implementación de programas sociales destinados a la población más vulnerable. Programas como «Mi Casa Ya» y «Renta Básica» están en juego, y con ellos, el bienestar de miles de colombianos.
La alarma sobre esta situación no es reciente. Ya en mayo, entidades financieras como Corficolombiana emitían advertencias claras, subrayando que el ritmo de ejecución era el más bajo registrado en más de dos décadas. Las consecuencias de esta inercia administrativa se ven en diferentes sectores. Un claro ejemplo lo proporcionó José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Él destacó la falta de liderazgo en entidades como el INVIMA, que opera sin un director en propiedad, y el ICA, que experimentó un largo periodo de incertidumbre antes de tener un director confirmado. Sin líderes efectivos, las decisiones se postergan, llevando a un estancamiento administrativo y, por ende, a una ejecución insuficiente.
Este tema, lejos de pasar desapercibido, fue centro de discusión en el reciente Congreso de la ANDI. Allí, figuras relevantes como Javier Suárez, presidente de Davivienda, compartieron sus perspectivas. Suárez enfatizó las posibles repercusiones económicas de una mala gestión, sugiriendo que podría derivar en un incremento de las tasas de interés. Explicó que los recursos, en lugar de ser canalizados adecuadamente, quedan temporalmente estancados en el Banco de la República, perturbando el equilibrio financiero.
No podemos pasar por alto el rol vigilante del Congreso. Su responsabilidad de supervisión y control político es crucial en momentos como este. Y es una señal positiva que, ante sus advertencias, el Presidente Petro haya tomado cartas en el asunto, otorgando un plazo a sus funcionarios de alto nivel para ajustar el rumbo o, de lo contrario, asumir las consecuencias. El reloj está en marcha, y el país espera acciones concretas.
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