El pasado sábado 21 de junio, el presidente Gustavo Petro se subió a una tarima en pleno corazón político y administrativo de Medellín, acompañado de los líderes del crimen organizado en Antioquia. Un hecho que, más allá de su simbolismo, dejó más preguntas que respuestas y, sobre todo, un mensaje confuso para la ciudadanía.
En la actualidad, según indica la ONU, la criminalidad urbana en Colombia cobra más víctimas que el mismo conflicto armado: desaparecidos, desplazados, y asesinados. Es una tragedia cotidiana que exige soluciones inmediatas y profundas. Nadie niega que el diálogo debe ser el principio rector de cualquier intento por pacificar nuestras ciudades; sin embargo, no todo acto de acercamiento se traduce en un avance hacia la paz. En este caso, el Gobierno se equivocó.
El evento careció de anuncios reales y significativos, no se presentó una ruta clara hacia la Paz Urbana, ni se ofreció a la ciudadanía un mensaje contundente que justificara tal puesta en escena. El momento para un evento público debía ser cuando se tuviera algo sólido que comunicar en materia de paz. Lo sucedido terminó por debilitar la confianza de la sociedad civil en la capacidad de conducir un proceso de paz urbana serio y efectivo. Asimismo, resulta grave que, sin antecedentes ni preparación previa, se haya ubicado en un mismo escenario público a víctimas y victimarios. Debemos aprender de la experiencia de la JEP, que para propiciar este tipo de encuentros lleva a cabo procesos de preparación durante varios meses.
Más preocupante aún es el papel relegado que sigue teniendo la sociedad civil en estos procesos. Un diálogo transparente no es aquel que se muestra en una tarima, sino el que se construye con la incidencia real de la ciudadanía. Mary Kaldor, reconocida teórica de la guerra, nos recuerda que la sociedad civil es la garante de que los acuerdos se den y se cumplan. Avanzar hacia la paz requiere acuerdos con rango de ley, construidos colectivamente, con legitimidad social. Y aquí es donde el Gobierno debe concentrar sus esfuerzos.
Así mismo, decir que el presidente Petro está aliado con los criminales para mantenerse en el poder es falso y es una narrativa que están utilizando como estrategia política-electoral. Lo sucedido fue un acto fallido, sin duda, pero con una intención de paz que no se puede desvirtuar. Por el contrario, la historia reciente de Medellín nos muestra cómo el crimen organizado ha estado vinculado, en ocasiones, a sectores tradicionales del poder. A propósito de eso, José Muñoz, alias Douglas, líder criminal dijo en una entrevista esta mañana que: “A Federico le ayudamos en 2016; uno de los compromisos fue poner a Gustavo Villegas como Secretario porque era con quien más teníamos acercamiento. Así fue. Aportábamos con votos, llevábamos a la gente a las urnas”.
Lo que este episodio nos deja claro es que la paz urbana no se construye con gestos improvisados ni espectáculos públicos vacíos. Se construye con rutas claras, diálogo genuino y el protagonismo de la sociedad civil. Es momento de que el Gobierno rectifique, de que la ciudadanía exija su lugar en esta tarea colectiva, y que Federico Gutiérrez deje de hacerse la víctima y responda por sus supuestas alianzas con criminales.
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