La coyuntura actual de la Universidad de Antioquia pone de relieve las complejidades inherentes a la gobernanza universitaria en contextos de alta polarización política e institucional. Existe un amplio consenso en que la gestión del rector Arboleda fue parte de un conjunto de tensiones acumuladas que desembocaron en la crisis reciente. En este sentido, la resolución del Ministerio de Educación Nacional acierta al señalar que, si bien el Rector expidió un Plan de Saneamiento (Resolución Rectoral 52967 de 2025), este no cumple con los requisitos mínimos de consistencia técnica y viabilidad institucional necesarios para generar credibilidad. Estos elementos justifican su salida del cargo; no obstante, dicha decisión no puede entenderse como un fin en sí mismo, sino como un hito dentro de un proceso más amplio orientado a la recuperación de la estabilidad, la legitimidad y la confianza institucional.
Desde una perspectiva académica y universitaria, resulta indispensable que las transiciones en la dirección de la Universidad se sustenten en acuerdos sólidos al interior del Consejo Superior Universitario (CSU). La designación del rector encargado, así como la definición del mecanismo y del calendario para la elección del próximo rector en propiedad, deben responder a criterios de legitimidad, deliberación informada y consenso, pilares fundamentales de la autonomía universitaria.
Cuando las decisiones estratégicas se adoptan sin los mínimos acuerdos, se corre el riesgo de trasladar a la Universidad lógicas de confrontación externa que erosionan su misión académica. La Universidad de Antioquia no puede convertirse en un escenario de disputas partidistas ni de cálculos coyunturales; por el contrario, debe preservar su carácter de espacio plural, crítico y deliberativo, orientado a la producción de conocimiento, la formación integral y el servicio a la sociedad.
En este contexto, resulta necesario expresar un respaldo institucional al nuevo rector encargado. Su gestión abre una ventana de oportunidad para recomponer confianzas, desescalar tensiones y promover una agenda de diálogo que convoque a los distintos estamentos universitarios. Se hace imperativa la construcción de un Gran Pacto de Convergencia que permita superar la crisis no solo desde la perspectiva financiera, sino —más importante aún— enfrentando de manera estratégica los retos que atraviesa la educación superior en el siglo XXI.
Las alternativas para fortalecer la regionalización universitaria no pueden construirse sin el respaldo del gobierno regional ni sin la participación activa de los sectores sociales y productivos. De igual forma, recuperar el liderazgo investigativo de la Universidad y consolidar a Medellín como un verdadero Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación constituye una oportunidad estratégica para articular sinergias con impacto regional y nacional. Asimismo, los debates sobre la reforma a la Ley 30, los modelos de gobernanza y los esquemas de financiación no pueden adelantarse sin la participación activa y corresponsable del Gobierno Nacional.
La Universidad de Antioquia es un patrimonio cultural, académico y social de los antioqueños y del país. Cuidarla exige una apuesta decidida por la convergencia, la escucha activa y la construcción de acuerdos duraderos. Solo desde esta base será posible enfrentar los grandes desafíos que hoy interpelan a la educación superior: el impacto de la inteligencia artificial en la docencia y la investigación, los cambios demográficos, los acelerados avances científico-tecnológicos y la transición hacia un orden global cada vez más multipolar.
Más que profundizar las divisiones, el momento actual demanda liderazgo académico, sentido institucional y voluntad de convergencia. La crisis puede convertirse en una oportunidad si se asume con altura universitaria y con la convicción de que el futuro de la Universidad de Antioquia se construye desde el diálogo, y no desde la polarización
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