“El tejido social colombiano se ve afectado diariamente por una serie de acontecimientos que demuestran la pérdida de valor e impacto de los principios éticos. La falta de un mínimo de sentido común está llevando a que en Colombia se normalicen comportamientos inadecuados. No actuar frente a estas circunstancias es un enfoque equivocado que inevitablemente resultará en costos significativos e imprevistos, a la vez que reforzará las fuerzas destructivas que actualmente controlan la nación.”
Cada vez es más evidente que la corrupción está presente en todo el ecosistema social colombiano, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es un ejemplo de ello. Los hechos que rodean a esta organización y el estatus de los personajes implicados demuestran que la corrupción ha permeado varias esferas de la sociedad colombiana. Los escándalos políticos, económicos, judiciales y sociales, entre otros, que se destapan a diario y son de gran relevancia mediática, tienen un impacto significativo en el entorno social, con individuos que emulan acciones cuestionables. La falta de orientación moral en la base, en el hogar y en la educación básica, ha llevado a difuminar las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, la moralidad y el comportamiento humano deseado en la comunidad. La tan repetida frase «la ética es la clave» implica que la rectitud, la honradez, la honestidad, la objetividad y otros principios afines deben ser pilares fundamentales de la conducta y la acción profesionales.
A la luz de los recientes escándalos de corrupción en el gobierno del cambio en Colombia, es crucial mantener un ambiente tolerante y constructivo, evitando cualquier narrativa que pueda alimentar nuevos disturbios. Es importante reconocer las características individuales de los demás, al tiempo que se hace palpable que la izquierda está experimentando una catarsis en donde es protagonista de lo que tanto repudió cuando era oposición. La pérdida de legitimidad en su ejercicio del poder ha dado lugar a la justificación de la intolerancia y el insulto como norma imperante, en la que prevalece la ley del más fuerte o del más conectado. El uso de tácticas que eluden los cauces habituales y desprecian los intereses de los demás se ha convertido en una práctica habitual como respuesta a la tolerancia y normalización de prácticas cuestionables. La corrupción se ha convertido en un tema central de la sociedad nacional. Una comunidad de vida en la que los #PactosPorLaEtica están comprometidos para contrarrestar la sanción social a la que están expuestos los agentes del caos que caracterizan a una sociedad como la colombiana.
No es infrecuente encontrar en el ámbito político casos de escándalo protagonizados por destacados dirigentes y distinguidas personalidades que perciben cuantiosas remuneraciones y buscan las ventajas de los subsidios estatales. Algunos políticos afirman tener un pacto histórico por Colombia, pero no dan ejemplo cumpliendo su compromiso con la igualdad y el crecimiento de las clases populares. Personas con reputación de integridad están siendo criticadas públicamente por irregularidades financieras, comisiones o sobornos en relación con proyectos clave del gobierno. Aquellos de la izquierda que, durante la campaña, abogaron por la firma de acuerdos para garantizar el uso ético de los fondos públicos y canalizarlos hacia la inversión social, ahora se ha revelado que engañaron a los votantes prometiendo algo que no cumplieron.
Se ha expuesto que algunos funcionarios con «impresionantes currículos» han sido incoherentes en sus actuaciones, lo que pone en duda, una vez más, su idoneidad para ocupar cargos públicos. Incluso pequeñas deficiencias en el desempeño de sus funciones sirven para refutar la acusación de que son víctimas de una persecución política. Las incoherencias hoy son evidentes en la esfera económica, en la forma en que el dinero es gestionado por la clase dirigente financiera. En este ámbito faltan normas éticas, se socializan las pérdidas, y se evitan las buenas prácticas. Una apreciada figura del sector de hacienda, que actualmente se enfrenta a críticas persistentes en relación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, trata de restar importancia a los acontecimientos que allí se produjeron. Las transacciones significativas y cuestionables que se engendraron suscitan inquietudes éticas y ponen en tela de juicio la forma en que tratan de disimular las injerencias y los intrincados métodos utilizados en el manejo de los fondos de los ciudadanos. Los costos de las operaciones financieras no se pueden registrar y reducir a una comisión por el servicio.
Una convergencia de intereses que cobra relevancia en los tribunales, un escenario en el que «la justicia cojea, pero llega; eso sí, depende de…»; exige despertar un sentido de conciencia implacable sobre el correcto comportamiento social, la pluralidad y el respeto a la ley. Colombia no puede seguir operando un mecanismo de investigación en el que se abren múltiples procesos en los que no pasa absolutamente nada y, en la mayoría de los casos, pagan justos por pecadores. El componente procesal, que se constituye en el protector de políticos, economistas y juristas influyentes, está alejado del fundamento ético y del esfuerzo sin precedentes por asumir integralmente la defensa y protección de los derechos; un vigilante de los actos, públicos y privados, en términos de legitimidad social. Actos de relevancia e impacto que se reproducen y matizan en el entorno cotidiano en pequeñas acciones que naturalizan que la transgresión de las líneas éticas es un comportamiento apropiado en todas las esferas de la sociedad colombiana.
Es de suma importancia que los ciudadanos estén bien informados y participen en el proceso democrático. Sin ello, el funcionamiento de un país se ve comprometido. El buen funcionamiento del periodismo es incompatible con la intolerancia y las acusaciones repetitivas que no solo se dirigen contra los acusados, sino que también repercuten negativamente en la población nacional. El activismo político que se ha iniciado desde la izquierda no distorsiona la construcción de la realidad ni manipula los hechos a través de acciones y palabras que crean una ilusión de progresismo socialista, lo cual no es una solución para lograr la paz total en el país. Si se quiere cambiar el sistema, la ética jugará un papel importante en este proceso. Sin embargo, es evidente que las actuales estructuras sociales de una nación que se enfrenta a numerosos problemas de corrupción y escándalos no se ajustan a las normas morales requeridas.
La afirmación de Fernando Savater de que la ética se basa en tres virtudes «valor, generosidad y prudencia» está bien fundamentada. Estos elementos, cuando se combinan con una educación excelente que comienza en casa, se refuerza en la escuela primaria y secundaria y se consolida en la enseñanza universitaria, proporcionan una base sólida para la toma de decisiones acertadas. Aunque la ética puede aplicarse a una amplia gama de escenarios y acciones, también es importante reforzar los principios fundacionales que se han erosionado en el seno de la sociedad nacional. Es hora de avanzar, de superar los insultos y las agresiones, de controlar el tono, de repensarse como comunidad y de aceptar al otro a pesar de las diferencias. La base de una conducta adecuada como miembro de una sociedad debe originarse en el hogar, con las primeras etapas del desarrollo ético. Se deben establecer los elementos decorosos de acción y actuación que permitan repensar los errores del pasado y enfrentar la corrupción que ha asolado a Colombia.
La susceptibilidad inherente a la polarización nacional desvía la atención de los hechos y alimenta los delirios de persecución. El panorama político colombiano presenta retos para la izquierda, que ha pasado por alto pasos cruciales. Una dinámica política desafiante entre el partido gobernante y la oposición, junto con ideologías y enfoques diferentes, ha llevado a algunos a acusar a la corriente de derecha de intentar suprimir a la izquierda. Es importante señalar que sus acciones deben ajustarse a la ley y cumplir las directrices de la democracia nacional. Un discurso político en el que la búsqueda de intereses específicos parece prevalecer sobre cualquier otra consideración se hace cada vez más evidente. Se está al frente de una estrategia política en la que se realizan movimientos calculados para alcanzar un objetivo fijado sin tener en cuenta las consecuencias, impulsados por un afán de protagonismo personal que a veces sobrepasa los límites de la Constitución. Los errores tácticos que repercuten en la percepción del progresismo tienen el potencial de afectar negativamente al proceso democrático, dada la naturaleza dinámica de la política y la posibilidad de que se inviertan los papeles.
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