“Es preocupante que en el gabinete presidencial muchos funcionarios no declaran conflictos de interés. Esto también se refleja en la bancada oficialista, donde solo el 5% declara conflictos, especialmente en el Senado de la República. Incluso, varios congresistas han logrado que sus familiares firmen contratos con el Estado”.
Gustavo Petro llegó al poder prometiendo cambiarlo todo: desde la relación entre los altos mandos y el ciudadano promedio, hasta la gestión de las finanzas públicas. Han pasado dos años y, como si se tratara de un viejo periódico, cada semana surge un nuevo escándalo de corrupción en el gobierno central. Los pactos burocráticos que hizo Petro al entregar dependencias, ministerios y embajadas a clanes políticos que han robado al país nos devolvieron a la realidad: Colombia sigue siendo un país gobernado por acuerdos basados en la transacción política.
El país cuenta con un marco normativo centrado en combatir este flagelo; sin embargo, esta mitigación no se refleja en el balance anual que presenta Transparencia Por Colombia. Se observan pocas capacidades institucionales de contención, tanto a nivel nacional como regional, así como una escasa cooperación entre instituciones. Aún más alarmante es la falta de una estrategia nacional contra la corrupción.
Es preocupante que en el gabinete presidencial muchos funcionarios no declaran conflictos de interés. Esto también se refleja en la bancada oficialista, donde solo el 5% declara conflictos, especialmente en el Senado de la República. Incluso, varios congresistas han logrado que sus familiares firmen contratos con el Estado. Un caso particular es el de la congresista Aida Quilcue, quien, según información de La Silla Vacía, ha conseguido que sus familiares obtengan contratos por un total de 368 millones de pesos, siendo superada solo por el expresidente del Senado Iván Name.
Vamos a los hechos: ¿Qué hace el gobierno para frenar la corrupción? En el más reciente informe anual de Transparencia por Colombia, se reportan 57 acciones encaminadas a enfrentar este flagelo. Sin embargo, sus resultados son escasos y muchas veces no hay suficiente información para dar trazabilidad a estas estrategias. La Comisión Nacional de Moralización tiene un alcance limitado; sus acciones pierden fuerza al no haber un órgano único encargado de diseñar, ejecutar, evaluar y supervisar las estrategias. Colombia necesita una institución encargada de estas labores; el fortalecimiento de la Secretaría de Transparencia no sería errado, siempre que se busque un mayor acercamiento interinstitucional y trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, como veedurías y ONGs.
El gobierno debe comenzar a potenciar los canales y herramientas tecnológicas, incluyendo el uso de Blockchain y software especializado que permita monitorear en tiempo real cada estrategia. Además, es imperativo que se implementen las recomendaciones sobre la protección al denunciante, el fortalecimiento de las veedurías y el gobierno digital. La arquitectura institucional muestra una falta de transparencia.
Es valioso el enfoque de reparación de daños que adelantan varias instituciones, entre ellas la Agencia Nacional de Defensa Jurídica; poco a poco se repara a las víctimas de la corrupción. Sin embargo, hay que ser realistas: reparar a un país entero es un imposible.
Todavía hay tiempo. Aunque el plazo para la estructuración y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción ya se agotó según lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo, aún pueden lograrse avances importantes en este ámbito, especialmente en la mitigación del impacto sobre los derechos humanos, el trabajo conjunto con órganos autónomos y las distintas ramas del poder. Todavía hay tiempo, pero no parece haber voluntad política.
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