El alcalde Federico Gutiérrez busca que su hermana, Juliana Gutiérrez, llegué al Senado como cabeza de lista de Creemos; el suspendido alcalde de Barranca, Jonathan Stivel Vásquez, impuso en la consulta del Pacto Historico a su esposa, Laura Ahumada, alcanzado una altísima votación y garantizándole un cupo en el Senado; el gobernador Carlos Amaya espera que su hermano, John Amaya, llegue al Senado para liderar su sector en la Alianza Verde, y así, se repite el mismo cuadro a lo largo y ancho del país, entre todas las tendencias políticas, familias que asumen los espacios de representación política como si fuera parte de su patrimonio familiar.
Precisamente eso es lo que busca atajar el proyecto de ley “anti-clanes políticos” que viene haciendo tránsito exprés en el Congreso. Y marchando viento en popa, porque en cuestión de semanas, avanzó, con un amplísimo respaldo multipartidista, en su primer debate en el Senado. Ahora le restan tres debates para convertirse en realidad: uno en la plenaria del Senado y dos en Cámara. Si el proyecto de ley es aprobado y sancionado por el presidente Petro antes del 16 de diciembre malograría muchas aspiraciones al Congreso. Algunas muy sólidas y que se dan por “curules fijas”.
Es un proyecto de ley de un solo artículo que crea una incompatibilidad para que, mientras un alcalde o gobernador esté en ejercicio, sus familiares cercanos o cónyuges no podrían inscribirse ni resultar elegidos al Congreso. Un articulito que representa un terremoto entre todas las orillas políticas, porque los clanes políticos familiares no son exclusivos de un sector, aparecen y se reproducen en todas las tendencias políticas, y tienen mucho más éxito cuando la cabeza del clan ocupa la titularidad de una Alcaldía o una Gobernación.
Porque no nos llamemos a engaño, así los alcaldes y gobernadores se encuentren restringidos legalmente para favorecer candidaturas en procesos electorales, en su gran mayoría, siempre encuentran la forma de hacerlo; por ejemplo, echando mano de su capacidad burocrática y de contratación. Y el incentivo para participar en política electoral de forma soterrada resulta mucho más atractivo cuando quien aspira al Congreso es un familiar o cónyuge. Porque familia es familia y todo queda en familia. Ese es el leitmotiv de los clanes de todos los colores.
De ahí que el objetivo del proyecto de ley sea muy pertinente para un contexto político donde los clanes familiares se han normalizado como si la representación política fuera un asunto hereditario. Reproduciendo monolíticos enclaves de poder orientados por familias con grandes jefes que definen a dedazo quien es el siguiente en la línea de sucesión. Conservando la ventaja del apellido, o más bien, el que ofrece manejar el presupuesto de una Alcaldía o una Gobernación. Así arrancan los clanes: desde el poder subnacional para alcanzar la cúspide en el Congreso.
Sorprende la velocidad con la cual se aprobó el proyecto en su primer debate, aunque no se debe dejar de lado que llegó al Capitolio con la firma de más de cincuenta congresistas y liderado por el senador Alejandro Chacón, un operador político liberal muy efectivo en sus formas y con asiento en la Comisión Primera del Senado. Habrá que ver si ese consenso se mantiene en la plenaria y avanza con igual rapidez en la Cámara. No solo sería un golpe demoledor para varias candidaturas familiares, sino que sentaría un importante precedente de regulación del poder político a nivel subnacional.
Pero no hay que ser ingenuos, los alcaldes y gobernadores no se van a desinteresar por participar en política electoral y de convertirse en realidad el proyecto de ley “anti-clanes políticos” ya encontrarán la forma para meter la mano. Así eso les implique sacrificar el apellido o reducir el alcance del “patrimonio familiar”. Los restringidos jefes de los clanes la tienen clara: hecha la ley, hecha la trampa.
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