Hace unos días estaba leyendo la noticia del escolta que está siendo judicializado por homicidio, cargo que se le acusa porque al frustrar el robo de una moto disparó y ajustició al presunto ladrón. Si bien esto ocurrió en octubre del año pasado en Cúcuta, es lamentable conocer este tipo de noticias por el impacto que tiene para la ciudadanía, pues se le está enseñando a la gente que interferir en la comisión de un delito nos convierte en los malos de la historia.
Para nadie es un secreto que desde la pandemia los niveles de inseguridad han aumentado de una manera absurda, hecho que se refleja más que todo en ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín, y obviamente, Bogotá. El desempleo; la falta de oportunidades; el hambre; la crisis económica y la misma xenofobia, han sido las principales consecuencias que dejó la pandemia y que llevan a una persona a delinquir. Porque dudo que la delincuencia se produzca por designios del espíritu santo.
¿Pero alguien quiere detenerse a pensar en las muertes violentas que han estado ocurriendo en los últimos meses? Si no es un menor de edad, es una mujer o un extranjero no latinoamericano quienes han sido víctimas de unos hechos tan atroces que ni siquiera se pueden describir aquí. Cada vez que me entero de alguna desaparición de un niño, me cuestiono: ¿por qué en Colombia aún no existe la Alerta Amber? Este mecanismo ha sido útil en 27 países, donde se ha prevenido secuestros, agresiones sexuales y homicidios de menores al permitir a la comunidad participe en su búsqueda una vez son informados mediante la alerta, lo que a la larga brindaría un gran apoyo a las autoridades judiciales… Espero que esto no quede solo en un proyecto de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, todo lo que he analizado en los párrafos anteriores solo demuestra una cosa: el desorden del sistema penal actual. Ni hablemos de los resultados reales que pululan tras la salida de Barbosa como fiscal general de la nación. En mi calidad de profesional del derecho, percibo la imposibilidad del Estado para judicializar a los extranjeros que están ilegalmente en Colombia y que han cometido delitos; como también que el vencimiento de términos se ha convertido en una herramienta que otros colegas utilizan para liberar a sus clientes, obviando así las normas de la ética profesional. Asimismo, pareciera que los delitos están lo bastante bien ejecutados como para que el denunciante carezca de suficientes pruebas de lo ocurrido y eso promueva que la fiscalía opte por la fácil: archivar el caso? Luego no pregunten porqué en el país del sagrado corazón se toman en serio la justicia por mano propia.
Aquí podría quedarme rajando del sistema penal colombiano, pero en vez de eso, hay que enfocarse en soluciones. Una de ellas va en contravía con lo planteado hace poco por el Alcalde Galán: no más cárceles. ¿Qué les hace pensar que al aumentar el número de cárceles en Bogotá, se reducirá el crimen? Al contrario, se ha demostrado que las cárceles son universidades del crimen. Si lo que se busca es evitar hacinamientos, podría funcionar el método Bukele o verificar los casos de las personas que estén próximas a cumplir su condena para expedir su libertad de forma inmediata, siempre y cuando no representen un peligro para la sociedad.
En la actualidad es poca la confianza que los ciudadanos tienen hacia el sistema penal y a las instituciones del estado, lo que prevé la necesidad de realizar una reforma total para que no se repitan casos como el de este escolta, quien en cumplimiento de su deber nos reveló que la inseguridad es más segura que la justicia.
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