En Colombia existen 87 pueblos indígenas, los cuales se encuentran distribuidos en 710 resguardos. Estos, a su vez, están asentados sobre 27 departamentos y 228 municipios, lo que los hace poseedores de una extensión territorial de más de 34 millones de hectáreas.Las más de 34 millones de hectáreas que conforman los 710 resguardos indígenas representan el 30% de las 114 millones de hectáreas que componen la superficie terrestre de Colombia.
En términos de igualdad, encontraríamos la primera disparidad a simple vista, pues la población indígena de Colombia representa aproximadamente el 4% (1,9 millones de habitantes) de la población nacional, pero concentra el 30% de la tierra, la cual está exenta de impuestos, sumado a los más de 2,5 billones de pesos que recibe del Gobierno Nacional.
Así las cosas, la población indígena en Colombia cuenta con una serie de prebendas y subsidios en materia de educación, proyectos agropecuarios y demás, lo cual me parece muy importante y contribuye de manera significativa a cerrar brechas sociales.
Aquí lo que no se puede permitir es que la autoridad o autonomía de los pueblos indígenas sea superior a lo que dicta la ley. El artículo 217 de la Constitución es muy claro y establece la ordenanza para las Fuerzas Militares: «Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional».
Es entonces una labor fundamental y constitucional la que desarrollan las Fuerzas Militares en el territorio, sin importar si es o no de incidencia indígena, pues primero hace parte de un país, no es una «republiqueta», cosa que están tratando de hacer algunos pueblos indígenas, donde limitan el acceso a las tropas y, en algunos casos, han llegado hasta a privarlas de la libertad, como es el caso de los 98 militares en San José del Guaviare.
Los soldados fueron detenidos por la guardia indígena mientras las fuerzas del orden realizaban labores de patrullaje. Los hechos ocurrieron en agosto de 2024, y se conoció, además, que «la guardia indígena» trabajó de manera articulada con Alexis Guerra, conocido con el alias de «Cantarino», integrante de la estructura Jorge Suárez Briceño, y se habría asociado con esa guardia indígena.
Lamentablemente, no es el único caso. Son cientos de titulares en la prensa en los que se habla de retenciones de militares por parte de indígenas en asociación con estructuras criminales, negándoles el patrullaje o la erradicación de cultivos ilícitos que están en esos territorios. Los resguardos indígenas en departamentos como Putumayo, Cauca y Nariño son oasis donde se desarrolla el narcotráfico sin ninguna restricción, bajo el amparo y protección de los pueblos indígenas.
¿Son entonces los resguardos indígenas un paraíso para la corrupción, la criminalidad y el narcotráfico? ¿Es superior la autonomía de los pueblos indígenas a la defensa y seguridad de una nación?.
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