A algunos sectores de izquierda les produce urticaria todo lo que tiene que ver con seguridad, pero es la primera en exigir al Estado seguridad y protección, con justa razón.
En Argentina, es casi un consenso considerar que la subestimación por parte del gobierno de Cristina Kirchner de las manifestaciones crecientes de inseguridad ciudadana con el incremento de los homicidios, los robos, el narcotráfico, abonó el camino para el posicionamiento de Macri en la Presidencia. Pero no hay que lanzar la mirada tan lejos. En Colombia, gústenos o no, ganó en 2002 Álvaro Uribe con el discurso monotemático de la seguridad en medio de la crisis de liderazgo que agobió al país expresada en la silla vacía del Caguan. En los últimos 20 años, las contiendas electorales por la presidencia, se han definido con el tema seguridad de por medio, llámela violencia, Farc etc. Así le ganó Pastrana a Serpa, luego Uribe y Santos con dos periodos cada uno.
Porque la guerrilla fue durante más de medio siglo, protagonista de la inseguridad y la violencia, la izquierda colombiana abandonó la lucha por la seguridad como un bien público indispensable para garantizar el ejercicio de la democracia y el desarrollo social y económico al servicio de la mayoría poblacional. Así, el tema de la seguridad se le entregó a la derecha. Quedó como un asunto de policía o de las fuerzas militares. Hubo un refugio en el concepto de la Seguridad Humana promovido por las Naciones Unidas, como una visión integral del mismo, pero se desconoció que tal visión considera primordial la seguridad ciudadana relacionada con la preservación de la vida, la integridad y los bienes de las personas, como garantía de los derechos humanos fundamentales.
La visión reduccionista de la seguridad, separa o aísla seguridad de la inversión social. No concibe que una mínima seguridad es indispensable para que el Estado pueda llegar con educación, salud o vivienda a un territorio. Si ello lo sentimos en las zonas urbanas donde la construcción de una escuela o un escenario deportivo es una oportunidad de los ilegales para incrementar ingresos mediante la extorsión, qué diremos de las zonas rurales. La seguridad es un servicio tan importante como todos los que componen la canasta de la inversión social. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, están la reducción considerable de todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, así como la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada.
El tema toma relevancia con ocasión de la iniciativa del Gobernador de Antioquia de crear vicealcaldías en cabeza de militares retirados con experiencia y formación civilista para asumir el control territorial con equipos de Paz multidisciplinarios, los alcaldes respectivos que han avalado la propuesta y el gobierno nacional, y así evitar que los territorios antes ocupados por las FARC caigan en manos de grupos delincuenciales interesados en las rentas y los habitantes de esos territorios. La preocupación es lógica dadas las experiencias de otros procesos de desmovilización en los cuales el Estado demostró su incapacidad para asumir el control territorial y ejercer funciones constitucionales como la seguridad ciudadana, la tributación y la prestación de justicia, monopolios que debieran ser propios e indelegables.
Según Verdad Abierta, junio 2017, las objeciones que plantean organizaciones defensoras de derechos humanos de Antioquia a esta figura se encuentran en la “usurpación de funciones a los mandatarios locales, donde prácticamente se está suplantando la autonomía de personas que fueron elegidas popularmente por militares. Detrás de esta figura no hay una visión de paz sino de control territorial”, según declaró Adriana Arboleda, integrante del Movimiento de Crímenes de Estado (Movice) Capítulo Antioquia. Para Arboleda, las Vicealcaldías constituyen una medida regresiva en tanto privilegia la visión militarista de la seguridad en tiempos de posconflicto, que demandan salidas más democráticas y participativas, y que le apunten a desmilitarizar la vida social y política del país. “Claro que necesitamos y es urgente que se copen los territorios dejados por las Farc, pero este copamiento no puede privilegiar la visión militarista de la seguridad. El hecho de que sean militares en retiro no es garantía de que privilegia la postura civilista”, sostuvo Arboleda, quien añadió que esta figura “va en contravía de los Acuerdos de Paz. ¿Por qué si se quiere fortalecer la presencia del Estado en esos territorios, no se convoca a las organizaciones sociales, a los ciudadanos de esos municipios, tal como quedó plasmado en el Punto 2 del Acuerdo, para construir con ellos medidas menos regresivas?”.
El argumento de que la propuesta de Luis Pérez usurpa funciones de los alcaldes no es cierta porque estos no solo la han acogido, sino que crecen las solicitudes de los mandatarios locales para que en sus jurisdicciones se implemente la medida. Y plantear que deben ser los pobladores y sus organizaciones los que deben asumir la construcción de la institucionalidad, es por lo menos, confuso.
Cahucopana, Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, en un pronunciamiento del 17 de junio, precisó lo dicho por Adriana Arboleda. “El argumento de la necesidad de esta figura (Vicealcaldías) se basa en la ausencia institucional en los territorios. Esta afirmación es falsa en cuanto desconoce dos dinámicas que se dieron en los territorios en el marco del conflicto armado ya que, no sólo los armados eran institución, sino también las comunidades; incluso se enfrentaban a los actores armados -por medio del diálogo y la interlocución. Así se constituyeron las Juntas de Acción Comuna (JAC), algunas legalmente y otras en proceso de formalización. Estas juntas, que funcionan también organizadas en comités de convivencia, ambientales, de jóvenes, de mineros, de chatarreras, de carreteras; funcionan de acuerdo a las dinámicas veredales, tienen tareas concretas y cumplen el papel de Estado en tanto garantizan los derechos fundamentales de los habitantes. De esta manera se construyeron escuelas, puestos de salud, carreteras y se salvaron vidas en muchos momentos. De hecho las JAC, como institucionalidad, suplieron las acciones del Estado ya que la única presencia del Estado fue a través de la Fuerza Pública.”
El debate público al calor del posconflicto y la ejecución de los acuerdos deberá precisar el alcance de la apreciación anterior. Queda la inquietud sobre cómo concibe un sector de la izquierda la institucionalización de la sociedad, en particular de los territorios antes en poder de las FARC, el papel del Estado y la función de las organizaciones sociales. Porque mientras se cuestiona la llegada del Estado con todo su poder a tales territorios, se exige protección a los líderes y pobladores de la amenaza cierta del paramilitarismo y otras estructuras delincuenciales. Seguridad es sinónimo de protección. Si no es el Estado, a esos lugares no van a llegar propiamente los Testigos de Jehová.
Esta columna fue realizada por uno de los miembros del IBSER.
