Es de todos conocido la difícil situación financiera por la que atraviesan las universidades públicas, y en general el sistema de la educación superior en Colombia. El déficit histórico de financiación de las universidades públicas ronda una cifra cercana a los 20 billones de pesos, que resulta del diferencial entre los incrementos inerciales según índice de Precios al Consumidor (IPC) y las necesidades de crecimiento del sistema producto de: desarrollos de nueva infraestructura, incrementos salariales conforme al Decreto 1279, procesos de regionalización e internacionalización, incentivos para la investigación, etcétera.
Durante el pasado gobierno y resultado de una gran movilización estudiantil y profesoral en 2018, se logró concretar incrementos a la base presupuestal de las universidades públicas en cifras que se situaban entre un 3% a un 4%. Fue precisamente, dicho movimiento y sus reivindicaciones el que posibilitó una resolución parcial de una crisis que ya venía manifestándose. Según cifras de la Universidad de Antioquia el año 2008 es el último en que se equilibran los recursos provistos por el estado conforme a la ley 30 de 1992 en sus artículos 86 y 87 y las exigencias de nuevo crecimiento del presupuesto universitario. A partir de allí el desbalance comienza a acentuarse y el déficit a crecer. En el año 2011 hubo un pronunciamiento de los vicerrectores administrativos de las universidades públicas, que alertaban sobre el fenómeno.
El actual gobierno del presidente Gustavo Petro ha inyectado recursos a la base presupuestal partiendo de la ley 30 en cifras que son significativas, pero, sin embargo, insuficientes para resolver la desfinanciación estructural del sistema. Se han realizado incrementos del 9%, y el año 20024 del 11% a la base presupuestal de las universidades por encima del IPC. Y para este año se anuncia un incremento del 17% que deberá concretarse. Aunque es claro que dichos incrementos por el mecanismo de cierre de brechas y de equidad para el sistema ha favorecido en el reparto de las universidades pequeñas en detrimento de aquellas de mayor tamaño. Se sabe que para la Universidad de Antioquia en el año 2024 de un incremento que se acercaba al 5% adicional, realmente solo llegaron 2.8% de recursos que llegaron a la base presupuestal. El gobierno nacional gira recursos adicionales por PIC – Plan Integral de cobertura-, y anuncia incrementos según un eventual PIC territorial.
Como se ha dicho esto no logra solventar la crisis de financiación hasta que no se acometa una reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de Educación Superior cuyo trámite está paralizado en el Congreso de la República, sumergido en medio del trámite prioritario de otras reformas sociales. La fórmula para dicha reforma es conocida, se trata de hacer incrementos a la base presupuestal de las universidades según un índice denominado ICES – índice de canasta de la Educación Superior-; el cual índice permitiría crecimientos presupuestales acordes con las necesidades de funcionamiento de las universidades públicas para que estas puedan cumplir integralmente sus funciones misionales.
El movimiento estudiantil y profesoral deben estar alertas para continuar impulsando y movilizándose en pro de una financiación adecuada de las universidades públicas y del conjunto del sistema de educación superior. Es una tarea inaplazable la reforma de los citados artículos de la ley 30 con el propósito de apuntar a una resolución de fondo y estructural a la desfinanciación histórica del sistema. El asunto no es tanto crear nuevas universidades o expandir el sistema, el tema central es garantizar la permanencia y sostenibilidad en el largo plazo, de un sistema universitario público cuyos beneficios para los sectores menos favorecidos es innegable.
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