El narcotráfico, en la actualidad, constituye un imperativo categórico en la agenda política global por las profundas implicaciones y antecedentes sociales, políticos y económicos que bien describe Alejandro Gaviria en su libro “Alguien tiene que llevar la contraria” para el caso de Colombia, citando un reportaje del New York Times afirmando que “(…) El narcotráfico afectó las instituciones: primero infiltró los partidos tradicionales, después emprendió una guerra abierta contra el Estado y los medios de comunicación, más tarde financió la expansión de los grupos guerrilleros, y luego pagó por el crecimiento de los grupos paramilitares y, recientemente, por el surgimiento de las llamadas bandas criminales (…)” y a renglón seguido, también relata cómo con la anuencia de los gobiernos, se ha consolidado (el narcotráfico) como un actor político y económico en la sociedad “(…) Los narcotraficantes han surgido no sólo como una nueva clase económica, sino también como una poderosa fuerza política, con enlaces corruptos en todos los niveles del gobierno (…)” desembocando en los niveles nauseabundos de corrupción, que hoy avergüenzan a Colombia“(…) Los dineros ilícitos afectaron las elecciones de Congreso, en las cuales muchos votos fueron comprados a diez dólares por unidad, particularmente en la costa atlántica (…)” ; pero Gaviria va más allá, cuando cita a la historiadora Mary Roldán afirmando que “(…) El narcotráfico rompió la tradición, transformó las costumbres sociales, reestructuró la moral, el pensamiento y las expectativas (…)”;y en este sentido, Francisco Thoumi en su artículo titulado “La relación entre corrupción y narcotráfico: Un análisis general y algunas referencias a Colombia” afirma“(…) Es decir, la corrupción y el narcotráfico muchas veces son simplemente síntomas de problemas sociales más profundos (…)”. Sin embargo, los mecanismos militares y diplomáticos de disuasión diseñados por Estados Unidos y acogidos por Colombia han resultado insuficientes, tal y como lo hacer ver Gaviria en otra de sus citas “(…) Colombia ha sufrido más que ningún otro país las consecuencias de la guerra contra las drogas. Casi cincuenta años después, puede decirse sin salvedades, con la certeza que dan décadas de padecimientos, que Colombia fue la principal víctima de esa guerra absurda que aún no termina (…)”
En consecuencia, las reflexiones anteriores conducen a pensar en un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico, ya no desde un enfoque confrontacional, sino, más bien, desde una perspectiva basada en la optimización socioeconómica principalmente del sector agropecuario, tal y como se pactó en los acuerdos de la Habana. En ese sentido, se ha podido evidenciar como en su fase de implementación, este enfoque se ha comenzado a aplicar a través de la sustitución de cultivos, sin embargo, las dificultades operativas propias del modelo conjugadas con la ineficiencia del Estado y los condiciones desfavorables para producción y comercialización de productos agrícolas llevan a pensar lo contrario, así lo evidencian las declaraciones del profesor Gabriel Tobón Quintero a un reportaje de la Revista Semana “(…) Esta problemática no solo se agudiza por la incapacidad institucional, la ausencia de continuidad (lo que se traduce en improvisación) y la falta de presupuesto, sino por un profundo e histórico problema asociado a la crisis agraria de los pequeños campesinos, la débil infraestructura rural y la formalización de la tierra. El acuerdo final vincula la reforma rural integral con el de la solución al problema de las drogas ilícitas. Y lo hace interdependientes (…) el fin del conflicto debe representar una oportunidad para construir una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas (…)”, aunque, en el mismo reportaje también se resaltan las bondades de las sustituciones exitosas “(…) Con el apoyo de la cooperación internacional se han estimulado durante los últimos años la siembra de cacao, el café y el caucho, que tras un largo proceso de construcción de confianza y acompañamiento técnico ha logrado que cientos de familias pasen a la legalidad (…)”
Luego, hablar de la lucha contra el narcotráfico es abordar simultáneamente la crisis del sector agropecuario y las economías populares, en el sentido que, la “carne de cañón” de los cultivos ilícitos y su distribución son los pobladores rurales y urbanos que no encuentran alternativas de supervivencia en la legalidad. De modo que, la conclusión es clara, si no se resuelve la crisis agraria y los problemas estructurales derivados de la informalidad, la lucha contra el narcotráfico seguirá siendo inocua y produciendo los resultados que ya el mundo conoce: guerras, muertes y pactos políticos espurios para consolidar dictadores disfrazados de demócratas.
Referencias:
GAVIRIA, Alejandro, Alguien tiene que llevar la contraria, sexta impresión, Bogotá, Editorial Planeta, 2016, 141 pag.
THOUMI, Francisco E, 1999, La relación entre corrupción y narcotráfico : un análisis general y algunas referencias a Colombia, Disponible en https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/viewFile/982/881
Coca: ¿Pelea de tigre con burro amarrado?, 2017, Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/coca-pelea-de-tigre-con-burro-amarrado/547030
