Específicamente esta columna tiene un interés mayúsculo en la propuesta del candidato presidencial Rodolfo Hernández y su propuesta de fusionar los ministerios de cultura y medio ambiente en uno solo. Acá un par de elementos generales que nos podrán dar luces de porque es una mala propuesta a un país con un sin número de conflictos ambientales que hoy, pasan por una débil respuesta institucional en materia de justicia ambiental. Dicho artículo se enfocará en el ministerio de medio ambiente.
Una definición sobre el conflicto ambiental establece que «(…) las luchas generadas por los efectos de la contaminación en ciertos grupos o por los sacrificios causados por la extracción de recursos naturales, de los cuales muchos se convierten en incidentes colectivos, que motivan a personas de un lugar concreto a expresar críticas, protestar o ejercer resistencia, presentando reclamos visibles sobre el estado del ambiente físico y los probables impactos en su salud o en su situación económica, que afectarían sus intereses y también los de otras personas y grupos» (Kousis, 1998).
Plantear 2 elementos sobre esto:
Lo primero por decir es que nuestro país no ha logrado tramitar de manera pacífica, concertada y sostenible los conflictos existentes entre medio ambiente, grupos empresariales y defensores de derechos humanos y ambientales que tienen que ver necesariamente con el proceso extractivista. Y no ha sido un problema nuevo, nuestra historia remonta a conflicto de vieja data que tienen que ver con procesos intensivos, extensivos y extractivos. En consulta al Atlas de Justicia Ambiental podemos encontrar los conflictos ambientales existentes en nuestro país, más de 150 ubicados en lo largo y ancho de nuestro territorio, por lo menos los motivados y con datos suministrados en este portal. Colombia, rica en un sin número de materias primas ha sido objeto de interés para empresa nacionales como internacionales en la extracción de estas materias primas del suelo y subsuelo colombiano. Caso como carbón, oro, plata, platino, esmeraldas, níquel, cobre, manganeso, plomo, hierro , petróleo entre otras, presentan una persistencia y un interés por hacerse a estos.
Lo segundo, orientado a conflictos socio ambiéntales por el ordenamiento territorial. Conflictos que han generado guerra, violencia, control territorial, contaminación de fuentes hídricas, sobreexplotación por la misma actividad humana, han hecho que nuestro país en primer lugar no tenga un horizonte claro en sus propuestas de atenuación a los mismos, y segundo se presente la vulneración de derechos humanos y ambientales, refiriéndome concretamente a los asesinatos a líderes sociales defensores del territorio tanto desde este segundo elemento, como del primero. Según Indepaz, 611 líderes sociales ambientales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.
Teniendo este panorama la pregunta que debemos hacernos es: ¿Institucionalmente, fusionar ambos ministerios sería óptimo para la realidad antes expuesta? Mi respuesta es no. Y ese no obedece a que la atención, la importancia, la financiación de lo que significa el ministerio de medio ambiente debe tener un renglón diferencial en la estructura del Estado Colombiano. De fusionarlo ya tendremos los asuntos ambientales como una oficina, una subdirección, o a la suma, un viceministerio, restándole importancia y valor a esos conflictos existentes. Esto sumado, pero que se será objeto de otra columna, contrario a los principios del Acuerdo de Escazú, cuya aprobación no ha sido posible en el Congreso de Colombia, un tema de suma importancia en materia de accesibilidad a la información y a la defensa de líderes y lideresas que hacen frente al cuidado de sus territorios.
La austeridad en el Estado no debe ser entendida como recortes o fusiones de entidades sin conocer lo que cada una encarna para el país.
Comentar