Pasado un año después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y la guerrilla de las Farc, son variados los análisis que saltan a la luz pública desde los mismos actores del conflicto interno armado que ha vivido Colombia y desde los demás actores sociales, entre ellos las esferas académicas, las cuales reflexionan con profunda preocupación sobre la incapacidad del Estado para cubrir institucionalmente aquellos territorios abandonados por los excombatientes de las Farc, incapacidad que se traduce en formas emergentes de violencia que ponen en entredicho la capacidad del Estado para garantizar los puntos cruciales del mismo acuerdo de paz.
El epicentro del análisis de la incapacidad del Estado para hacer frente a estas nuevas formas de violencia se puede compendiar con los siguientes elementos:
- La muerte de líderes sociales defensores de los Derechos Humanos en el país es realmente alarmante, en recientes declaraciones del fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, ha aceptado cierto grado de sistematicidad en la muerte de estos líderes sociales, responsabilizando de estas acciones criminales a reductos de fuerzas paramilitares o autodefensas. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en lo que va corrido del año se han registrado 78 muertes de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
- Aumento creciente de cultivo de coca, en su informe anual la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), confirmó el aumento de los cultivos de coca en un 52%, pasando de 96.000 hectáreas de cultivo en el 2016 a 146.000 hectáreas en el presente año. Esta situación demuestras que se hace necesario replantear la estrategia estatal de erradicación centrada en los cultivos a una enfocada en la transformación de los territorios y las comunidades, es decir el Estado deberá llegar a estas zonas con propuestas sostenibles y sustentables que promuevan el desarrollo a través de alternativas lícitas de crecimiento económico.
- Conformación de grupos disidentes de las Farc o también denominados grupos criminales residuales. Estos grupos según el vicepresidente de Colombia Óscar Naranjo, portan armas de largo alcance, se ubican en campamentos específicamente en departamentos como Guaviare y Cauca, su fuerza está calculada en 700 militantes y se dedican específicamente a actividades del narcotráfico y a la explotación ilegal de recursos naturales como el oro y el coltán.
- Incapacidad estatal del despliegue de efectivos para hacer frente a las antiguas y nuevas formas de violencia en el país, aunque con el acuerdo de paz se pretendía que las políticas de seguridad de Estado debían fortalecerse para garantizar así una paz duradera, el plan Orus que lanzó el Ministerio de Defensa con 67.000 efectivos para hacer presencia en 595 veredas del país, aunado a ello la adopción de las medidas preventivas y de reacción rápida, ha quedado corta en su objetivo general “Monitorear riesgos para la prevención de violaciones de los derechos de la vida, la integridad, libertad y seguridad personal, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales, incluyendo organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo, en nivel nacional y territorial”.
Estos elementos demuestran que es urgente fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional, presencia que se traduce en institucionalidad, y esta institucionalidad implica la movilización de todas las instituciones, no sólo las administrativas o de defensa, sino las más importantes en materia preventiva y de desarrollo, esto se puede lograr a través de alianzas estratégicas entre el mismo Estado con empresas públicas y privadas que favorezcan la cobertura en servicios básicos como educación, salud y empleo, elementos que posibilitan medir el desarrollo humano en poblaciones alejadas de los centros urbanos tradicionales en Colombia. Garantizar una paz estable y duradera va obligatoriamente de la mano con el fortalecimiento del Estado a través de la institucionalidad.
