“La responsabilidad de legislar sobre violencias digitales con enfoque de género, implica escuchar a quienes conocen el terreno: organizaciones feministas, de derechos digitales, víctimas y activistas. No basta con mencionar la palabra “género” para tener un enfoque real. Se requiere comprender las múltiples capas de desigualdad que atraviesan estas violencias, desde la clase y la raza hasta la identidad de género y la territorialidad. Legislar con enfoque de género interseccional no es un lujo ni una concesión: es una necesidad ética y política.”
Las violencias en el mundo digital se han convertido en un reto creciente y desbordado. Nos enfrentamos a situaciones para las cuales no estamos preparadas y carecemos de herramientas institucionales claras y eficaces. A las problemáticas estructurales que ya vivimos por razones de género, se suma la hipervelocidad con la que avanza lo digital, aumentando nuestra exposición y vulnerabilidad.
Las experiencias de mujeres cis y trans, adolescentes y niñas demuestran que la violencia digital tiene impactos concretos y multidimensionales: afecta nuestra vida privada y pública, nuestra participación política, nuestra salud mental y nuestro acceso a la justicia. Y estos impactos se extienden tanto en lo virtual como en lo físico.
En Colombia, proyectos como el de DHRP de la Universidad de los Andes y organizaciones como Karisma, Mujeres que Crean, entre otras, vienen apostando por abordar esta problemática desde una mirada amplia, técnica y con enfoque de derechos. Sin embargo, el abordaje institucional todavía es insuficiente. Si bien desde la sociedad civil, el poder judicial y algunas entidades del Ejecutivo se han dado pasos importantes, el ámbito legislativo sigue siendo un terreno en disputa, donde es urgente hacer presión con propuestas claras, interseccionales y centradas en la protección y reparación integral de las víctimas.
¿Qué se está moviendo en el Congreso sobre violencias digitales?
Actualmente cursan en el Congreso tres proyectos de ley que buscan regular la violencia digital por razones de género:
- Proyecto de Ley 247 de 2024 – Senado, de autoría de Ana María Castañeda y Clara López, con 27 artículos.
- Proyecto de Ley 321 de 2024 – Cámara, conocido como Ley Olimpia, radicado por Ana Rogelia Monsalve, con 8 artículos, de los cuales 6 modifican el Código Penal, el cuál se legisla solo para mujeres cis.
- Proyecto de Ley 314 de 2024 – Cámara, de Miguel Uribe, que propone 4 artículos, incluyendo la tipificación del acoso sexual digital.
Aunque estos proyectos evidencian que el Congreso empieza a reconocer la gravedad del problema, preocupa que muchos carecen de un enfoque de género claro, interseccional y transversal. Sin esta perspectiva, las respuestas legislativas corren el riesgo de ser punitivas pero ineficaces, centradas en el castigo antes que en la prevención, la reparación y la transformación estructural.
Además, la falta de este enfoque de manera crítica, también lleva a que la protección solo cobije a mujeres cis, dejando de lado a otras personas que pueden sufrir los impactos de la violencia basada en el género en el mundo digital.
Más que acumular reformas al Código Penal, necesitamos leyes que comprendan las causas profundas de la violencia de género, especialmente cuando estas se intersectan con desigualdades de clase, raza, orientación sexual e identidad de género.
¿Qué implica realmente tener un enfoque de género?
Tener un enfoque de género no es solo incluir la palabra “mujer” en el título de un proyecto de ley ni aumentar los agravantes penales. Menos aún se trata de restringir su alcance exclusivamente a las mujeres cisgénero, como se está intentando actualmente en el Congreso, donde sectores conservadores impulsan la eliminación del término “género” en proyectos de ley para evitar abordar la realidad de las identidades diversas. Esta postura, que se escuda en una supuesta defensa de la libertad religiosa, termina invisibilizando a las personas LGBTIQ+ y reproduce las mismas exclusiones estructurales que el enfoque de género busca superar.
Es reconocer que la violencia tiene raíces estructurales en relaciones de poder desiguales entre los géneros, y que afecta de forma diferenciada a mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Este enfoque no puede quedarse en una mirada reducida a mujeres cis; debe ser interseccional. Las mujeres trans, por ejemplo, enfrentan violencias específicas por su expresión de género, pero también por la exclusión social, la estigmatización institucional y las barreras de acceso a la justicia.
Un verdadero enfoque de género se pregunta constantemente: ¿quiénes están siendo dejadas atrás por las políticas públicas? ¿Qué estructuras sostienen esa exclusión? Sin esta mirada, la ley puede terminar reproduciendo las mismas desigualdades que pretende erradicar.
Los proyectos de ley que abordan la violencia digital deben evitar caer en una lógica exclusivamente punitivista. Aunque muchas iniciativas nacen de una legítima intención de sancionar conductas graves, podrían quedarse cortas ante la complejidad del fenómeno si no se integran estrategias de prevención, educación, reparación y justicia transformadora.
Una respuesta centrada únicamente en la vía penal no solo suele ser ineficaz, sino que puede agravar el daño: los procesos penales suelen ser largos, costosos, revictimizantes y, en muchos casos, no terminan en condenas. Además, es frecuente que sean instrumentalizados en contra de personas históricamente vulneradas, como mujeres racializadas, empobrecidas o disidentes, profundizando las desigualdades que se busca corregir.
No basta con proteger la intimidad sexual ni con criminalizar la difusión de contenido íntimo. Formas de violencia como la suplantación, el acoso sistemático, las amenazas o la extorsión siguen siendo abordadas de forma superficial o incluso ignoradas. Aunque muchas de estas conductas ya están tipificadas en el Código Penal, el problema es que, al ocurrir en entornos digitales, tienden a ser desestimadas o minimizadas por operadores de justicia que no reconocen su gravedad ni su impacto diferencial en mujeres y personas LGBTIQ+.
Además, legislar desde el miedo o desde la moral conservadora puede comprometer derechos fundamentales como la libertad de expresión, especialmente cuando se proponen bloqueos de contenido sin garantías judiciales claras. Sin estas, las soluciones se pueden convertir en nuevos riesgos: contenidos de educación sexual o de activismo sex positive pueden ser eliminados tras campañas de denuncias masivas, y figuras como el escrache, utilizadas para denunciar públicamente agresores cuando la justicia falla, pueden ser criminalizadas bajo figuras amplias como “injuria” o “difamación”.
Legislar con enfoque de género implica ir más allá de la penalización. Supone construir leyes con, por y para quienes viven estas violencias. En este sentido, el Proyecto de Ley 247 de 2024 – Senado es una de las propuestas más integrales, gracias a que diferentes organizaciones feministas, defensoras de derechos digitales y ONG que trabajan con víctimas en todo el país acompañaron su formulación como asesoras técnicas.
El articulado radicado en el Senado reconoce las particularidades del entorno digital —como la viralidad, el anonimato y la transnacionalidad— y propone una respuesta integral: alfabetización digital, justicia restaurativa, acompañamiento psicológico y jurídico, así como mecanismos judiciales que garanticen derechos sin comprometer libertades fundamentales.
La víctima no es tratada solo como una cifra o una excusa para endurecer penas, sino como una persona que necesita reparación, garantías de no repetición y apoyo para rehacer su vida. Este enfoque se alinea con tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, y demuestra que es posible legislar con responsabilidad democrática, técnica y jurídica.
¿Qué nos toca hacer ahora?
Según todo esto, el camino por andar es mucho. Por eso es importante dejar tres llamados clave para seguir avanzando en contra de la violencia digital por razones de género:
No se trata de legislar por reacción, ni por cuotas políticas, ni para ganar titulares fáciles. Legislar sin enfoque de género es legislar al vacío, sin un enfoque territorial e interseccional claro. Y legislar solo desde lo punitivo es legislar desde el miedo, no desde la justicia. Las violencias digitales requieren respuestas integrales, no parches. Necesitamos marcos normativos que prevengan, reparen y transformen, no que repliquen lógicas de exclusión bajo nuevas formas.
Estas nuevas formas también incluyen desafíos técnicos concretos: identificar agresores en entornos digitales implica comprender dinámicas complejas de anonimato, plataformas transnacionales y evidencia digital. Esto exige que el aparato estatal se repiense, invierta en la capacitación del operador jurídico, desarrolle capacidades tecnológicas y asegure recursos para la implementación de las leyes. De lo contrario, estas normativas nacerán —como tantas otras— sin presupuesto, sin acompañamiento real a las víctimas y sin posibilidad de generar transformaciones estructurales.
La responsabilidad de legislar en este tema implica escuchar a quienes conocen el terreno: organizaciones feministas, de derechos digitales, víctimas y activistas. No basta con mencionar la palabra “género” para tener un enfoque real. Se requiere comprender las múltiples capas de desigualdad que atraviesan estas violencias, desde la clase y la raza hasta la identidad de género y la territorialidad. Legislar con enfoque de género interseccional no es un lujo ni una concesión: es una necesidad ética y política.
Por último, es fundamental volver al llamado de que la defensa de nuestros derechos en lo digital necesita que seamos estratégicas. Dividirnos en nuestras luchas solo fortalece a los sectores antiderechos que quieren mantener las violencias intactas y silenciadas. No estamos de acuerdo en todo, pero tenemos causas comunes: proteger nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras voces. Es momento de encontrarnos, articularnos y empujar juntas una legislación que ponga en el centro la dignidad, la reparación y la transformación.
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