La semana del 26 al 30 mayo, de entrada, será una radiografía precisa para medir los aciertos y desaciertos en el turbulento Gobierno del “Cambio”. Días decisivos que fijarán al rumbo que Petro le buscará imprimir al epílogo de su grisáceo mandato. Quitándose de una vez por todas la máscara de gobernante a tiempo completo -bueno, en honor a la verdad, esa ya se la quitó hace rato- porque ya está plenamente decidido a utilizar todas las herramientas a su alcance para imponer un momentum que encumbre a un sucesor o sucesora de cara al 2026.
El punto de partida es elemental: la discusión de la reforma laboral.
Tras la caída de la consulta popular en la plenaria del Senado se generó una movida pocas veces vista en el capitolio, puesto que se aceptó una apelación a la estrategia de bloqueo de un grupo de senadores y senadoras de la Comisión Séptima. Un grupo de Honorables Parlamentarios de sectores tradicionales ya conocidos como los “archivadores”. Aunque con esto la plenaria no compró la teoría del “bloqueo institucional”, si reconoció, sin zonas grises, que la estrategia de los “archivadores” lesionó el principio de deliberación democrática y que la reforma laboral sí se debía discutir en su tercer debate.
Sin embargo, en esa resurrección -advertida como otra movida de los sectores tradicionales para hundir una consulta popular que ya marcaba cierta tendencia favorable en las encuestas-, el Gobierno se encontró con un árbitro imprevisto e indeseado: la senadora del Partido Verde Angélica Lozano. Le corresponde a Lozano como presidenta de la Comisión Cuarta -donde aterrizó la reforma resucitada- coordinar los ajustes y la presentación de una ponencia para tercer y cuarto debate que, sobre la base de lo aprobado en la Cámara de Representes, llegue prontamente a la plenaria del Senado.
Así, Lozano, una vieja aliada de Petro ya advenida en adversaria por derecho propio, asume un rol protagónico impensado y bajo el leitmotiv: “Todos ponen, todos ceden, nadie impone”, buscará llevar la reforma laboral hasta su última discusión. Desinflando de paso el sentido de la nueva consulta popular 2.0. Seguramente el Gobierno, empeñado hasta los tuétanos en sacar a como dé lugar la consulta 2.0 o 3.0, no se montará en el tren de la senadora -dándole réditos políticos y convirtiéndola en campeona de los trabajadores- y descartará su movida de concertación tildándola de entrada como una contrarreforma.
El asunto no deja de resultar llamativo, porque al Gobierno sí le sirve el consenso en el Senado -porque en la Cámara de Representantes su mayoría es muy estable- para sacar algunos temas prioritarios de su agenda; algunos estructurales como la reforma a la descentralización que se aprobó hace pocos meses; y otros, con un tufillo más personalista y problemático, siendo el más reciente la elección de Héctor Carvajal -abogado personal de Petro- como magistrado de la Corte Constitucional. Parece que con relación a la reforma laboral eso no aplica, porque en ese tema el Gobierno no comparte el “Todos ponen, todos ceden, nadie impone” de la senadora Lozano.
Porque ceder implicaría de facto renunciar a una bandera de presión y movilización muy efectiva, ya que, la propuesta de la consulta popular se viene ganando -según varias mediciones- amplia simpatía entre quienes piensan que el Congreso no le quiere aprobar las reformas a Petro -lo que es parcialmente cierto, pero que forma parte, para bien o para mal, del complejo juego democrático-, y para las fuerzas oficialistas, algunas de capa caída y lidiando con sus fracasos existenciales y los fracasos del Gobierno, la expectativa de ingresar anticipadamente a la arena electoral poniendo agenda y de paso lavándose la cara resulta siendo muy seductora.
Por eso, la consulta en esencia forma parte de una estrategia electoral. Ni más, ni menos. Si el Senado la desactiva y algunos partidos tradicionales y sectores gremiales que no quieren que nada cambie también “ponen y ceden” -desde la visión de Lozano-, pues dejarían a Petro y al Pacto sin una parte esencial de una estrategia dirigida a revalidar simpatías, movilizar indignación y devorarse la agenda electoral del 2026. Ciertamente la discusión sobre la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores esta sobre la mesa, eso no lo pondo en duda, pero solo es un factor secundario en una discusión tanto táctica como estratégica.
De ahí que la respuesta del Gobierno sea la convocatoria a la movilización social y a la huelga, en lo que tiene aliados sindicales con trayectoria y experiencia, que, aunque históricamente se han movilizado contra los gobiernos de derecha, ahora, responden al llamado de un Gobierno para movilizarse. No es una movilización del Gobierno contra el mismo Gobierno, no, es una movilización contra ciertos sectores de los partidos tradicionales, no todos, porque algunos sí que han cogobernado en propiedad (¿senador Trujillo, sigues ahí?), y en última instancia, es una movilización más abstracta contra el “Todos ponen, todos ceden, nadie impone” de Lozano.
De fondo, se cruza la expectativa de incubar los factores subjetivos de un estallido social. Ya el mismo Petro lo anticipó subrepticiamente cuando desde China le pidió a la Fuerza Pública “no levantar sus armas contra el pueblo”, no era una orden para esa noche que se malogró la consulta popular (tan solo porque algunos sectores tradicionales no cumplieron, ¿gobernadora Dilian Francisca, sigues ahí?), sino que era una orden suspendida para otro momento, pues nada le serviría más a Petro y al Pacto que revalidar su estadía en el poder como resultado de un nuevo estallido. ¿Cuándo será el punto de partida? Esa es la cuestión que se podría definir esta semana.
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