“El principal problema de seguridad en Colombia no es la ausencia de normas ni de doctrina, sino la incapacidad sostenida del Estado para ejercer control legítimo y continuo sobre amplios territorios”
Colombia se aproxima al cierre del actual gobierno con un panorama de seguridad que exige análisis técnicos y evidencia. Lejos de lecturas dicotómicas o polarizantes, los datos de 2024 y 2025 muestran un escenario caracterizado por la persistencia y la reorganización de la violencia armada, el fortalecimiento de economías ilegales y una capacidad estatal todavía insuficiente para ejercer un control efectivo y sostenido en amplios territorios del país.
El World Report 2025 de Human Rights Watch documenta que, a lo largo de 2024, los principales grupos armados ilegales como el ELN, disidencias de las FARC y el Autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia ((a) E.G.C) (antes Clan del Golfo) no solo mantuvieron su capacidad operativa, sino que ampliaron su presencia territorial. Para ese año, el E.G.C registraba presencia en al menos 392 municipios, el ELN en 232, y las disidencias de las FARC en 299, cifras superiores a las observadas en 2022, lo que evidencia una expansión sostenida más allá de coyunturas locales (Human Rights Watch, World Report 2025).
Este control territorial no se traduce únicamente en confrontaciones armadas, sino en mecanismos de poder cotidiano sobre la población civil. Según el mismo informe, entre enero y julio de 2024 más de 71.000 personas fueron víctimas de confinamiento, es decir, comunidades enteras impedidas de desplazarse libremente por amenazas, minas antipersonales o presencia armada, con un aumento cercano al 39 % frente al año anterior (Human Rights Watch, 2025).
Violencia, desplazamiento y afectaciones humanitarias: una lectura desde los datos
Las consecuencias humanitarias de este escenario son particularmente visibles en el desplazamiento forzado. De acuerdo con la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), Colombia alcanzó en 2025 uno de los picos más altos de desplazamiento interno de la última década, superando los siete millones de personas desplazadas internas, con un crecimiento significativo de nuevos desplazamientos masivos en regiones como el Pacífico, el Catatumbo y el sur del país (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, 2025).
Este fenómeno no puede entenderse únicamente como una consecuencia colateral del conflicto armado, sino como un reto que el Estado colombiano todavía tiene para garantizar condiciones mínimas de seguridad humana. El desplazamiento, el confinamiento y la violencia selectiva continúan siendo instrumentos de control territorial por parte de actores armados, lo que debilita la legitimidad institucional y erosiona la credibilidad institucional en las regiones más afectadas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado cientos de casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado: entre 2022 y 2024 se consignaron 474 casos de reclutamiento y/o utilización de menores, muchos de ellos con violencia asociada, y durante 2024 se documentaron al menos 463 menores reclutados por grupos armados ilegales, la mayoría en regiones como Cauca y Putumayo. En el primer trimestre de 2025, ONU-DDHH también verificó 51 casos adicionales de reclutamiento o utilización de niños y niñas en departamentos como Meta y Guaviare, con patrones de captación que incluyen incluso manipulación vía redes sociales (ONU, 2025).
Seguridad y defensa desde el derecho constitucional y los derechos humanos
Desde una perspectiva constitucional, estos datos plantean interrogantes de fondo sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones esenciales. La Constitución Política de 1991 no concibe la seguridad como un fin autónomo, sino como un medio para garantizar la vida, la libertad, la dignidad humana y la prevalencia del interés general. En este marco, la política de seguridad y defensa debe estar necesariamente subordinada al respeto de los derechos fundamentales y al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
La persistencia del reclutamiento infantil, el confinamiento de comunidades y el desplazamiento forzado no son únicamente indicadores de inseguridad; son evidencias de vulneraciones constitucionales estructurales. Desde esta óptica, el desafío no radica solo en mejorar capacidades operativas, sino en asegurar que toda acción estatal se inscriba dentro de principios de legalidad, proporcionalidad, rendición de cuentas y protección efectiva de la población civil.
Balance de la política de seguridad reciente
El gobierno que se aproxima a su cierre impulsó una estrategia de seguridad que buscó combinar diálogos, medidas de desescalamiento y presencia estatal. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que estos esfuerzos, aun cuando ha habido avances, no logran del todo revertir tendencias estructurales de violencia ni reducir de forma sostenida la capacidad territorial de los grupos armados ilegales.
Organizaciones como el Washington Office on Latin America (WOLA) han advertido que, durante 2024 y 2025, la política de seguridad careció de una articulación operativa consistente entre acción militar, persecución penal, control de economías ilícitas y presencia institucional integral, lo que generó vacíos aprovechados por estructuras armadas para consolidar su poder local (WOLA, 2025).
Este balance no implica desconocer avances puntuales ni desconocer la complejidad del conflicto colombiano. Implica, más bien, reconocer que las estrategias aplicadas no han sido suficientes para modificar de manera estructural las dinámicas de violencia, y que el próximo gobierno recibirá un escenario exigente que demanda ajustes profundos y decisiones basadas en evidencia.
Retos estratégicos para la próxima administración
La transición política abre una oportunidad, y una obligación, para redefinir la estrategia de seguridad y defensa desde un enfoque integral. El primer reto será restablecer presencia estatal efectiva en territorios donde hoy predominan formas de control armado no estatal. Esto exige una acción coordinada entre fuerza pública, el sistema de justicia, las instituciones políticas y de sociedad civil que contribuyen al desarrollo territorial, evitando enfoques fragmentados o de corto plazo.
Un segundo desafío central será articular seguridad con desarrollo social y enfoque de derechos. Las cifras de reclutamiento infantil, confinamiento y desplazamiento evidencian que la violencia se alimenta de exclusión, pobreza y ausencia de oportunidades. Sin políticas públicas que incidan sobre estas causas estructurales, cualquier estrategia de seguridad será, en el mejor de los casos, transitoria. Un camino es alinear los planes integrales de Seguridad y Convivencia ciudadana con un modelo de gobernanza regional-nacional que atienda de manera diferenciada estas necesidades.
Asimismo, la cooperación internacional seguirá siendo un componente clave. No obstante, esta debe orientarse desde criterios técnicos, respeto por la soberanía constitucional y estricta observancia de los estándares de derechos humanos, evitando dependencias o enfoques exclusivamente securitistas.
Por otra parte, será indispensable fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y control institucional. La legitimidad de la política de seguridad depende de la capacidad del Estado para investigar abusos, sancionar responsables y garantizar transparencia en el uso de la fuerza, donde el Derecho sea equivalente a la justicia y la legalidad y esta a su vez al imperio de la ley.
Conclusión: seguridad con legalidad, evidencia y legitimidad democrática
Colombia llega a un punto de inflexión en materia de seguridad y defensa. Los datos de 2024 y 2025 muestran que la violencia no ha sido superada y que los desafíos son estructurales, no coyunturales. La respuesta requiere una política pública basada en evidencia, alineada con la Constitución, respetuosa de los derechos humanos y capaz de articular seguridad, justicia y desarrollo.
El próximo gobierno no parte de una hoja en blanco. Recibe un país con brechas profundas, pero también con marcos normativos sólidos y una sociedad que exige resultados reales. La seguridad, entendida como garantía de derechos y no como excepción permanente, debe convertirse en uno de los pilares de la legitimidad democrática y de la estabilidad institucional en el nuevo ciclo político. La consolidación de una seguridad estructural y territorial es el camino hacia la construcción de paz de Colombia.
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