Seguridad pública, percepciones y realidades. ¿Qué hacer?

Se está dando un debate muy interesante y necesario, de cara a la ciudadanía; qué pasa, por qué pasa, cómo mejorarlo y a quiénes escuchar, para que la solución sea validada, diferencial, eficiente y transparente (lo que no se mide no sirve). Este debate es sobre la seguridad pública, cómo abordarla, mejorarla y hacerla más eficiente (nota: al hablar de seguridad pública se incluye Policía, FFMM, Fiscalía y CTI, con investigación criminal)

Como ejes de aproximación, se abordara desde articulación y multidimensionalidad, posibilitando hablar de ‘seguridad humana ‘desde seguridad alimentaria, desempleo, pobreza, tecnología y claro, algo que se deja muchas veces fuera del análisis: la justicia en forma integral, trabajo investigativo de policía judicial CTI, función de acusación de fiscales, control de garantías en cabeza de jueces de la república y las penas, pasando obligatoriamente por las cárceles y la función resocializadora de la pena; allí tenemos un gran inconveniente que muchas veces se aborda aisladamente, pero es vital desde la sociología, la psicología y el impacto integral que se busca en mejora de la seguridad.

Lo primero: la seguridad no es un tema aislado de policías y soldados, tampoco en tema solo de fiscales, investigadores o menos de alcaldes o gobernadores; este tema es INTEGRAL, de política criminal, de educación, de cultura de DIDH y de hacinamiento carcelario.

Tampoco es de punitividad, de correr a presentar proyectos de ley para aumentar penas frente a fenómenos de impacto y luego, no se cuentan con las cárceles para estos nuevos detenidos que terminan en las estaciones de policía, desgastando varios miles de funcionarios públicos, nuestros policías que deberían estar en prevención, en el cuadrante, en la policía comunitaria, allí es donde se ve la necesidad de coordinar como nación, una política pública criminal integral, que analice en 360° el modelo, sin pasiones, sin cálculos políticos o electorales, es simplemente una necesidad vital para la supervivencia del Estado.

No existen consejos de seguridad de todos los niveles, Nacional, Departamental y Local, donde no se pida más pie de fuerza de soldados y policías; la inmediatez y el fenómeno de reacción ante coyunturas hace que esto sea rápido y al parecer efectivo, políticamente correcto, comunicacionalmente bien recibido, ¿pero es efectivo? Yo creo que es inmediatista, pero por muchos años una costumbre sobre la que tenemos que reflexionar, pues no se tiene tanto policía ni soldado para que esta sea la solución y así cumplir con esto, dado que, por la obligatoriedad de cumplir esta instrucción, se descuidan otros flancos de la seguridad pública, pues toca sacarlos de algún lado, y allí queda la debilidad.

Al analizar esto poco o nada se dice de índices de desempleo, de cómo está la educación, cómo están los índices de cultura ciudadana, cómo está la efectividad de la investigación criminal, cómo está el hacinamiento carcelario, cómo está la efectividad porcentual entre audiencias de acusación versus condenas efectivas, circunstancia que se debe medir, verificar y trabajar. Así mismo, correlacionar eficiencia y eficacia de la condena desde la resocialización, si es eficiente o no, y así evaluar, lo que realmente requiere una reforma urgente.

La reincidencia es una primera aproximación y por allí vamos muy mal.

Segundo ángulo a analizar: ante tantos retos criminales, muchos más factores de inestabilidad, retos creciente a la justicia y seguridad, es el componente tecnológico, pues el mundo va en línea de ciberseguridad y video vigilancia, un pilar fundamental de la seguridad pública, seguridad ciudadana y la defensa nacional, esto es en línea de ciudades inteligentes y seguras en el mundo. Pasa por cámaras, software ,drones con cámaras diurnas y nocturnas, internet de alta velocidad, internet inalámbrico, reconocimiento facial, reconocimiento de placas, conexión con órdenes de captura, registraduría, Migración Colombia, INPEC, y centros de monitoreo ágiles y amigables con capacidad de reacción urbana y rural, agiles tanto en medios y personal,  capacitado, entrenado, con motos de alto cilíndrate, con carros especiales y buena capacidad e incluso capacidad de reacción aérea cuando se requiera. También es vital incorporar ante situación real de coyuntura post acuerdos y tantos esquemas de seguridad de UNP en territorio, a un miembro de alto nivel de UNP PARA COORDINACIÓN Y REFUERZO EN CASO DE SER REQUERIDO, para allí es para donde se debe avanzar y para donde avanza el mundo.

Claramente la seguridad pública integral, no es un asunto exclusivo de soldados y policías, es un tema de Estado, qué pasa por las más altas decisiones del Consejo Superior Nacional de Política Criminal y el Consejo de Seguridad Nacional, de varios Ministros, Gobernadores, Alcaldes y una decisión real de avanzar en esto dando un salto cualitativo en el tiempo y el esfuerzo, desde educación y cultura, que deberían sumar para transformar a mediano plazo, pero sin duda, se requiere el interés superior desde el Congreso de la República.

No dejemos de analizar que cuando una sociedad comienza indignada a tomar justicia por mano propia, retener y golpear e incluso linchar, quemar motos de ladrones, golpear hasta asesinar, estamos asistiendo a una gravísima crisis de la justicia y del Estado de derecho; no está de más analizar la crisis carcelaria y la incidencia de esta en la resocialización y los fines de la pena. El ángulo debería ser el Estado de Cosas Inconstitucionales, que muy oportuna y valiente declaró nuestra honorable Corte Constitucional en las sentencias T-025 DE 2004 Y T-760 de 2008 (MP Jorge Eliezer Betancourt y Manuel José Cepeda), donde desde el 2004 asistimos a una grave fractura del Estado Social de Derecho, a una ruptura sistémica del contrato social (salud, justicia, educación, seguridad, dignidad humana y derechos humanos).

Tenemos que superar la dicotomía de pensar que todo se soluciona con soldados y policías, pues es claro que el pueblo está exigiendo resultados contundentes y es rápido.

Las obligaciones son del Estado y se requieren acciones conjuntas, coordinadas, interinstitucionales y con mucha grandeza para restaurar y recomponer el contrato social.