El colapso de una sociedad democrática se da cuando el Estado no cumple sus funciones, cuando el ciudadano no ve solucionados sus problemas y, por el contrario, observa que se invierten los valores y los antivalores sirven de ejemplo. Esto solo beneficia a la sociedad y al Estado en términos de tributación, pero se quedan cortos en las promesas del contrato social. Desde esta perspectiva, ampliamente abordada por nuestra Corte Constitucional en la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales y sus más de 7 autos ampliando el tema, debemos reflexionar y ser exigentes y pragmáticos frente a temas transversales que no requieren ideologías ni posturas políticas que choquen o se enfrenten. Debemos enfocarnos en las obligaciones estatales que emanan de nuestra Constitución Política y los pronunciamientos de las altas cortes, es decir, en el marco funcional institucional básico.
En un Estado social de derecho, todas las instituciones del Estado deben volcarse a hacer efectivo el derecho a la seguridad que tenemos todos los colombianos. Basados en el precepto constitucional de «colaboración armónica de todas las instituciones estatales para cumplir sus fines», todos deberían sumar, sincronizarse, apoyarse y, sin dilaciones, trabajar para cumplir este mandato. Sin embargo, la realidad dista mucho de la percepción y las múltiples amenazas contra los más de 50 millones de colombianos tienen hoy a la sociedad atemorizada, tanto en lo urbano como en lo rural (y esto no es algo nuevo, aclaremos). El círculo virtuoso de la seguridad integral ciudadana, pública y nacional está arraigado en conceptos doctrinales, históricos y sociológicos que impiden dar un salto cuantitativo en términos de realidades y nuevas tecnologías.
Es sencillo comprender que si la inteligencia anticipativa, la policía judicial y la fiscalía hacen un trabajo focalizado y eficiente, esto se materializa en allanamientos, capturas y condenas. En este punto, invito a reflexionar sobre la eficiencia, suficiencia y financiamiento adecuado de nuestro aparato judicial. Es realmente necesario abordar seriamente una reforma a la justicia, proporcionando las capacidades tecnológicas, infraestructura y talento humano que los nuevos desafíos de la sociedad demandan. Después de superar las excusas, debemos exigir resultados. Sin embargo, surge la segunda reflexión: ¿con qué capacidad instalada cuenta el Estado para garantizar la estadía adecuada de los condenados en las cárceles, buscando uno de los fines de la pena, que es la resocialización? (actualmente no se está cumpliendo). Además, no se garantiza la dignidad humana en nuestras cárceles. Es necesario construir centros de reclusión que ofrezcan seguridad por parte de la nación. Si los recursos son limitados, se podría considerar la concesión o las alianzas público-privadas. Aunque este concepto puede chocar con las posturas de algunos académicos y respetados docentes que insisten en que no es una solución punitiva, ante las evidencias y el crecimiento del crimen, es lo que existe y se deben buscar soluciones. Lo peor sería no hacer nada ni tener un plan de contingencia. Lo que no puede seguir ocurriendo es que las cárceles se conviertan en verdaderas universidades del delito, o peor aún, en lugares desde donde se dirigen homicidios, extorsiones o préstamos ilegales. Es hora de repensar y actuar frente a esta problemática, de entender lo difícil que es para un policía, soldado o miembro del CTI, quien primero debe buscar información (inteligencia), abrir un proceso con SPOA, individualizar e identificar a los infractores, llevar las pruebas al fiscal para obtener una orden de captura, y luego realizar la captura en la madrugada. Cuando se realiza la captura, comienza la búsqueda de dónde llevar al detenido para legalizar la captura. Si el juez decide que debe quedar en la estación de policía, la policía tiene que brindar seguridad (aunque no sea su función). Esta es una realidad obstinada a la que nadie quiere referirse.
Si queremos ser eficientes en el círculo virtuoso de la lucha contra la criminalidad, todo parecería estar estructurado para que no funcione. Por último, la moral de soldados y policías está ligada a las garantías legales y su blindaje jurídico para cumplir con su misión, en la cual, cabe mencionar, arriesgan sus vidas. Es urgente que nuestra fuerza pública no carezca de medios como motos, camionetas, equipos de comunicaciones de tecnología de punta, drones, chalecos blindados, buena alimentación y excelentes alojamientos para descansar. También se debe garantizar que, en caso de ser heridos, reciban rápidamente apoyo aéreo y evacuaciones aeromédicas, así como un equipo de defensa y asesoría legal que garantice el estricto cumplimiento de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, según corresponda. Es decir, se necesita el respaldo legal para los guerreros. Estos son puntos básicos para recuperar el imperio de la constitución, la ley y volver al círculo virtuoso de la seguridad, que es un pilar fundamental de toda inversión en nuestro país y los territorios.
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