Durante la gestión de la actual administración uno de los temas centrales ha sido la ‘seguridad’. Desde la elaboración de su programa de gobierno, Federico Gutiérrez hablaba de la seguridad como derecho, como un asunto que no es de derecha ni de izquierda, como bien fundamental que debe ser garantizado por el Estado; como la responsabilidad de tener presencia institucional en las diferentes comunas y corregimientos de Medellín; como algo que más allá que acciones militares, implica acciones y decisiones sociales y económicas. Por otro lado, muy poco se ha escuchado y se ha dicho -de fondo- de convivencia.
Y aunque hoy este discurso se mantiene, poco a poco se han empezado a develar posturas que lejos de promover y dar ejemplo de convivencia, polarizan la ciudad. Sólo desde el uso del lenguaje el Alcalde ha dejado ver que desconoce mucho de las causas de la inseguridad en Medellín. Se evidencia cuando manifestándose frente al atraco de un ciudadano estadounidense en Medellín dice “salen dos o tres gamines y atracan la gente”, o “nosotros tocamos las alcantarillas y salieron las ratas”. Un discurso que habla de buenos y malos, que poco a poco va poniendo en un extremo a la gente de bien y en el otro al malo, a “el enemigo”; cuando a “el enemigo” realmente lo ha creado el estado con su ausencia. Son precisamente este tipo de juicios de los que se han alimentado las prácticas asociadas a la “limpieza social”, que tanto daño le han hecho a la ciudad.
Medellín es una ciudad que como cualquier ciudad colombiana, históricamente ha tenido un estado débil; unas instituciones que difícilmente tienen presencia en todo el territorio; unas organizaciones criminales que cada vez se han ido alimentando más de estas ausencias, y que poco a poco se van convirtiendo en estado en esos lugares donde la institucionalidad no llega. En muchos lugares de la ciudad quienes definen los patrones económicos y sociales son estas estructuras delincuenciales; ellos son los ídolos del barrio, los que sí tienen oportunidades de movilidad social, los que sí tienen trabajo, los que pueden decidir y controlar la vida de los demás, los que tienen poder. Hasta que no haya una reflexión de fondo sobre los elementos que posibilitan la existencia y persistencia de estas estructuras ilegales, hasta que no exista una política social que garantice oferta institucional intensa y permanente en toda la ciudad, espacios de educación, diálogo y conversación amplios, libres, abiertos a todos, y un escenario económico incluyente, esta realidad va a persistir.
