“En un país donde la seguridad es un pilar fundamental de la estabilidad política y económica, la incertidumbre no puede ser la norma”
La reciente renuncia del ministro de Defensa Iván Velásquez, el inesperado relevo del director de la Policía Nacional, el General William Salamanca, así como la llegada del Brigadier General Carlos Fernando Triana quien se encontraba en uso de buen retiro, y el nombramiento del Brigadier General Pedro Sánchez en la cartera de Defensa, han reavivado el debate sobre la gobernabilidad en seguridad del gobierno de Gustavo Petro. Más allá de ser simples cambios administrativos, estas decisiones evidencian una crisis estructural: la falta de cohesión en la estrategia de seguridad, la inestabilidad en la conducción de la Fuerza Pública y la creciente tensión entre el Ejecutivo y los organismos de defensa.
Desde el inicio de su mandato, Petro ha promovido un enfoque de seguridad basado en la «paz total», apostando por negociaciones con grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las FARC. Sin embargo, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en 2024 se presentaron 76 masacres con 267 víctimas, en varias regiones estratégicas como el Cauca, Putumayo, Nariño y Norte de Santander, lo que ha generado dudas sobre la efectividad de esta política. La falta de resultados concretos y la percepción de que los grupos armados han aprovechado los diálogos para fortalecerse han generado malestar tanto en la opinión pública como en las filas de la Fuerza Pública.
El constante cambio en los liderazgos del sector de defensa ha tenido un impacto directo en la moral y operatividad de la Policía y las Fuerzas Militares. La salida de altos mandos sin una transición clara crea incertidumbre en la cadena de mando y afecta la planificación estratégica. En este contexto, la falta de una política de seguridad coherente, con metas definidas y estrategias operativas claras, pone en riesgo la estabilidad institucional y la confianza en el Estado.
Pero más allá del impacto en la seguridad, estos cambios también afectan la gobernabilidad de Petro. Su liderazgo se ve debilitado cuando las decisiones parecen responder más a crisis políticas que a un plan estructurado. La reciente Encuesta Invamer en noviembre de 2024 reveló que la desaprobación del presidente en su mandato alcanza el 60 %, lo que indica que la ciudadanía percibe una gestión errática.
Para recuperar el control de la seguridad, el gobierno debe hacer ajustes significativos. Primero, consolidar un equipo estable en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, que implemente una estrategia clara y medible. Segundo, establecer un equilibrio entre el diálogo con grupos armados y el fortalecimiento de la capacidad operativa del Estado desde un componente operacional y táctico. Tercero, reforzar la articulación entre gobierno nacional y autoridades locales para mejorar la respuesta en territorios afectados por la violencia.
En un país donde la seguridad es un pilar fundamental de la estabilidad política y económica, la incertidumbre no puede ser la norma. Petro aún tiene la oportunidad de demostrar que su gobierno tiene el liderazgo necesario para enfrentar los desafíos en esta materia. ¿Será este el punto de quiebre para su política de seguridad o un síntoma de una crisis aún mayor?
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