Si se considera que en Venezuela existe una dolarización de facto, en los más de 30 países del continente americano solo dos tienen un sistema de control de cambios como el que en Argentina llamamos “cepo”. Estos son Cuba y, desde luego, Argentina.
Esta excentricidad cambiaria por sí sola ya debería llamar la atención: ¿por qué, si en todo el continente rigen sistemas similares en cuanto al tratamiento que tiene el dólar, Argentina copia el modelo cubano? El cepo cambiario argentino impone una batería de costos a la economía nacional.
Como toda política de precios máximos, genera escasez de divisas en el “mercado oficial” y genera un mercado negro para el producto (el dólar blue). Adicionalmente, como el dólar oficial es percibido como demasiado barato, se genera una demanda artificial de importaciones y, al mismo tiempo, un castigo a las exportaciones o a la llegada de inversión extranjera directa. Esto es así porque por cada dólar que viene del extranjero, el receptor local obtiene ARS$ 200 en lugar de ARS$ 380.
Otro dato negativo del cepo es la permanente expectativa de devaluación que se instala en la economía y que, cada tanto, es avalada por el Gobierno. Recordemos que cuando se lanza un “dólar Qatar”, o un “dólar soja”, o un “dólar ahorro” –todos los cuales tienen una cotización más alta que la oficial– se está devaluando parcialmente y admitiendo que el sistema actual es inviable.
Ahora bien, a pesar de todos los costos enumerados más arriba, surge la pregunta de si, admitiendo que hay que ir a un sistema “más normal”, esto puede hacerse de forma inmediata. La respuesta rápida a esta duda es un ROTUNDO SÍ.
¿Se puede salir del cepo de forma inmediata? Ningún analista podría negar que esto es posible. En definitiva, así como imponer el control de cambios fue una decisión política tomada de un día para otro, removerlo implica exactamente lo mismo.
La objeción, legítima, sin embargo, es a qué costo se haría y si –en el peor escenario– tomar esta decisión no implicaría un colapso total de la economía nacional.
Para abordar este tema vamos a remontarnos al 16 de diciembre de 2015. En ese entonces, el “dólar oficial” cotizaba en ARS$ 9,8, mientras que la divisa en el mercado paralelo se conseguía por ARS$ 14,6, siendo la brecha cambiaria de un 48,1%. Al día siguiente, el Gobierno anunció el fin del control de cambios y Argentina pasó a ser un país más normal. Solamente existía ahora un precio para el dólar, y su cotización cerró ese día en alrededor de ARS$ 14.
En ese entonces, el dólar en el mercado oficial subió 42%. La inflación, por su parte, cerró el 2016 en 37%, cuando en 2015 lo había hecho en 28%. Es decir que, por cada punto porcentual que aumentó el dólar oficial, la inflación aumentó 0,21 puntos porcentuales (9 puntos en total).
Si asumimos que un escenario similar se da el 17 de diciembre de 2023, que la brecha cambiaria en dicho momento aún se encuentra en el 87,6% de hoy, y que la inflación anual cierra en 2022 en 90%, entonces podríamos pensar que la salida del cepo cambiario haría subir la tasa de inflación, para 2024 específicamente, hasta el 109% anual (si el escenario de base fuese una inflación del 60% anual en 2023, como proyecta el Gobierno, entonces tras la salida del cepo la tasa de inflación llegaría al 78% en 2024).
El impacto estimado en el párrafo anterior podría verse moderado porque varios consumos hoy ya ocurren a los tipos de cambio paralelos existentes (y también a los diferentes tipos de cambio oficiales que existen, como el dólar turista, o Qatar, o ahorro). En este sentido, el mercado de cambios está más desdoblado hoy que en 2015, lo que podría quitarle fuerza al impacto del sinceramiento cambiario sobre el IPC (Índice de Precios al Consumidor).
Sin embargo, no podrá evitarse un impacto de corto plazo en materia de precios –que repercutirá en otras variables económicas y sociales– si se decide volver a la normalidad y liberar el mercado de cambios. Es el inevitable costo que pagar por poner parches de corto plazo en lugar de encarar soluciones de fondo a los problemas que tenemos.
En última instancia, la decisión deberá ser pensada, no en términos del costo de corto plazo que implica salir del cepo cambiario, sino de la comparación entre ese costo y aquel de mantener un sistema que ningún país tiene y que ningún país planea tener.
Por último, dado que la inflación a fin de cuentas no es un fenómeno cambiario, sino fiscal y monetario, nada de esto impediría tener una inflación significativamente más baja en 2025, y cosechar –en dicho año también– los beneficios de un mercado de cambios unificado. A saber, más exportaciones, mayor estabilidad de las reglas de juego y, por lo tanto, un mayor flujo de inversiones que son la base del crecimiento económico y la prosperidad de las naciones.
La versión original de este artículo apareció por primera vez en el portal DataClave, y la que le siguió en nuestro medio aliado El Bastión.
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