Marina Zuluaga madruga cada mes a pagar los servicios públicos, ella le llama así a la costumbre que adquirió de cumplir sagradamente con esta responsabilidad: “los paisas nos caracterizamos por querer mucho a Empresas Públicas de Medellín y ser cumplidos con el pago de nuestros servicios públicos, así falten otras cositas, el pago de los servicios es lo primero” explica.
Sin embargo, en los últimos meses, el pago de la factura de los servicios públicos se ha convertido en una angustia para los habitantes de Medellín y de todo el país. En 2020, 2021 y 2022, todos los estratos y clientes comerciales, industriales y oficiales experimentaron un incremento del 5.6% en sus tarifas a nivel nacional
Eso dicen las cifras oficiales, pero Marina puede asegurar que en el 2019 ella pagaba aproximadamente $150 mil pesos por los servicios públicos y este precio se ha venido incrementando exponencialmente hasta llegar a $280 mil pesos que fue la cifra que tuvo que pagar en el último mes.
Así que hoy en día, esta mujer jefa de hogar, debe elegir entre mercar lo necesario y pagar la factura de EPM. Si contar con servicios públicos domiciliarios, significa menor capacidad económica para acceder a servicios básicos (salud, educación, acueducto y alcantarillado, transporte, redes de telecomunicación, vivienda y recreación), estamos retrocediendo en calidad de vida para la población.
Según el DANE, en marzo de 2022, los servicios públicos fueron la división de gasto que más presionó el costo de vida de los colombianos, superado solamente por el costo de los alimentos.
Según expertos del gremio energético, estas alzas se deben al repunte de los precios del petróleo, las pérdidas de energía, las temporadas de sequía en el primer trimestre del año y a que insumos como el carbón y el gas natural han tenido incrementos considerables, una combinación que hace que cada mes, los colombianos miremos con asombro el alza desmedida de nuestros servicios públicos.
Otra de las razones que apunta a este desbalance fue la contingencia generada por el Covid-19, en la que se dio alivios a los estratos 1 y 2 para poder pagar los servicios durante los meses de cuarentena, pero que se ha venido cobrando y recuperando en los últimos meses por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos.
El año pasado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) recibió 255.564 trámites y 16.646 solicitudes relacionadas con la prestación de servicios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas a nivel nacional.
Las quejas no se hacen esperar, porque los usuarios consideran un descaro el valor de la factura que sin falta llega mes a mes y que sube sin piedad, a pesar de las carestías en la canasta básica de los hogares, los niveles de desempleo y pobreza como efectos de la pandemia.
Esta situación debe alertar al gobierno local para evitar que las cifras de familias desconectadas de servicios públicos aumenten, con todas las consecuencias que esto tiene en el bienestar de los hogares, el aumento de brechas sociales, vulneración del derecho al agua, a la ciudad y a una vida digna.
En días pasados, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) hizo una solicitud al Gobierno Nacional para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd) tomen las medidas necesarias para controlar el alza en los precios de energía en el país.
A la espera de que la respuesta sea benéfica para los hogares, no pedimos una solución milagrosa o las falsas promesas que hemos escuchado de “congelar” tarifas de servicios públicos.
Hoy que vivimos una nueva contienda electoral y en el marco de las elecciones presidenciales, necesitamos un mayor compromiso por parte de quienes asuman las riendas de la presidencia. ¿Qué vamos a hacer con las miles de familias que hoy enfrentan un drama por no tener recursos para pagar sus servicios públicos?
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