La decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el Decreto Legislativo 1390 de 2025 abrió una nueva grieta en la relación entre el alto tribunal, el Gobierno nacional y los sectores políticos que respaldaron la declaratoria de emergencia económica. La votación, seis magistrados a favor y dos en contra, dejó en pausa el andamiaje tributario con el que el Ejecutivo buscaba cubrir un faltante fiscal estimado en 16 billones de pesos.
La medida cautelar no define aún la constitucionalidad del decreto, pero sí congela de inmediato los impuestos, alivios y ajustes tributarios expedidos al amparo de la emergencia, incluido el paquete del Decreto 1474 de diciembre de 2025. Entre ellos, el IVA del 19 % para juegos de azar en línea, licores y vinos, la sobretasa al sector financiero, el ajuste al impuesto al patrimonio para grandes capitales y los gravámenes temporales a hidrocarburos y carbón. El Ministerio de Hacienda ha insistido en que los recursos ya recaudados ingresan a las arcas del Estado.
Desde el Congreso, la reacción no se hizo esperar. El senador León Fredy Muñoz y Candidato con el número 8 por La Alianza Verde, cuestionó con dureza la decisión del alto tribunal, señalando una contradicción estructural entre la aprobación del presupuesto nacional y la posterior suspensión del mecanismo que buscaba financiarlo. Para Muñoz, el debate no es meramente técnico, sino profundamente político y social: el bloqueo del decreto, sostiene, impacta de manera directa la financiación de programas dirigidos a adultos mayores, campesinos y estudiantes.
El congresista fue más allá y puso el foco sobre quiénes, según su lectura, resultaban beneficiados por la suspensión: grandes empresas con patrimonios superiores a los 100 mil millones de pesos, que habrían sido las únicas llamadas a asumir el impuesto al patrimonio del 5 %. En su declaración, también introdujo un cuestionamiento explícito sobre los vínculos entre estos sectores económicos y partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical, que promovieron el debate jurídico contra el decreto.
Mientras el Ministerio de Hacienda defendía la constitucionalidad de la emergencia —citando jurisprudencia previa y calificando la suspensión como improcedente—, la intervención del senador refleja un malestar más amplio dentro de sectores del oficialismo: la percepción de que, una vez más, las cargas fiscales estructurales recaen menos sobre los grandes capitales y más sobre una ciudadanía que depende del gasto social.
El debate queda abierto. La Corte deberá pronunciarse de fondo, pero el mensaje político ya está en circulación: para Muñoz, la discusión sobre impuestos es inseparable de la discusión sobre democracia, poder económico y justicia social.
La opinión del Senador y Candidato León Fredy Muñoz
“Lamento mucho la decisión que toma la Corte Constitucional. Respeto la Corte, pero no puedo estar de acuerdo con esta decisión. El Congreso de la República votó un presupuesto sabiendo que había que hacía falta más de 10 millones de pesos y aún así lo votó. Por eso el decreto de emergencia económica.
Se necesitan recursos, recursos para atender los programas sociales, para atender los viejitos y viejitas, para atender el campesinado, para atender los estudiantes, recursos para profundizar la vida.Pero la Corte toma otra decisión y se evidenció que esas empresas, las mega empresas de este país, 66 empresas que tienen más de 100 mil millones de pesos, eran las únicas que iban a pagar el 5 por ciento del impuesto al patrimonio. Y además, esas empresas financiaron las campañas del Centro Democrático de Cambio Radical, los que citaron al debate.
Aquí uno se pregunta, ¿será que la Corte Constitucional está favoreciendo a estos mega empresarios? ¿Por qué no la Corte Constitucional pensó en la clase menos favorecida?
No estoy de acuerdo con esta decisión.
Vamos a seguir trabajando, vamos a esperar que se define, pero necesitamos recursos para profundizar la vida, para profundizar los programas sociales”.
Comentar