“Nuestro pueblo está muriendo, es devastador”
Edney Samias, indígena kokama,
El 14 de noviembre de 2018 el entonces Ministro de salud de Colombia, Juan Pablo Uribe, durante el décimo quinto taller “Construyendo País”, encabezado por el Presidente de la República, en Leticia, Amazonas anunció un “plan de acción inmediata” para mejorar la capacidad resolutiva del Hospital San Rafael de Leticia. “Queremos que el hospital San Rafael de Leticia, haga parte de un plan de acción inmediata, ya tenemos 67 colaboradores que se están capacitando en servicio humanizado y en seguridad de la atención clínica”[1]. Cuatro meses antes la oficina de la OPS-Colombia anunciaba su apoyo al “Plan de Respuesta en Salud Frontera”[2], el cual sin embargo no contempló la de la amazonia colombiana con Perú y Brasil, epicentro ahora de la evolución de la pandemia en Colombia.
El primer caso de COVID 19 en el departamento del Amazonas se reportó el 17 de abril, más de un mes después del primer caso en el país y desde ahí la evolución día a día de la epidemia ha ido develando una realidad que bien puede presagiar una verdadera catástrofe humanitaria en el país.
Después de este, en los primeros 30 días del COVID 19, este departamento acumula 1.004 casos, lo cual representa una proporción de 1.270,6 por cien mil habitantes, que comparada con la proporción general del país (30,96 por cien mil), la del Amazonas es 41 veces mayor.
Tres días después del inicio de casos, los trabajadores de salud del único hospital de segundo nivel del departamento, el San Rafael, debieron renunciar ante el atraso en el pago de los salarios y la falta absoluta de elementos de protección personal y ahí conocimos de su deteriorada planta física, de la inexistencia de UCI y de ventiladores mecánicos. De la inexistente “red” de servicios de salud del departamento, de que lo prometido hace un año medio por el Ministerio de salud, nunca llegó y que este departamento no estaba preparado para atender la pandemia.
El mismo 17 de abril, la directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional alertaba al Gobierno nacional: “Si las autoridades no toman acción urgente, los pueblos indígenas se encontrarán en una encrucijada con dos caminos impensables: o morirse de hambre o morirse por la pandemia”[3].
Hubo que esperar a que Antonio Bolívar el indígena y actor de la etnia Ocaina, falleciera el 30 de abril víctima del COVID 19. A que el 1 de mayo (año y medio después de anunciado el plan de acción inmediata) la Supersalud interviniera el Hospital, cuando ya el amazonas tenía 132.9 casos por cien mil habitantes, la proporción más alta de Colombia. “El hospital está en unas condiciones deplorables y no es justo con esa región del país”, vino a reconocer el Superintendente[4] y hasta el 3 de mayo, para que el Ministro de Salud constatara en terreno la situación.
Hubo que esperar a que el diputado Camilo Suarez falleciera el 8 de mayo víctima de este Coronavirus, luego que clamara al gobierno nacional por atención a su departamento en esta emergencia: “Las promesas que usted ha dicho en sus alocuciones y las acciones que ha manifestado el ministro de Salud no llegan al Amazonas; por favor, ayúdenos… si no se le brinda ayuda, el pueblo indígena podría “desaparecer por cuenta de la covid-19”.
No obstante, la salud en zonas de fronteras, es una vieja preocupación en salud pública. Desde 2004 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, aprobó el Plan Integral de Desarrollo Social que tiene como una de sus prioridades un Plan Andino de Salud en Fronteras (PASAFRO), cuya última versión tuvo vigencia 2016-2018. Como lo mencionan Bernal y otros, “la vigilancia sanitaria en zona de fronteras es fundamental para el seguimiento, control de enfermedades y eventos en salud de alto impacto epidemiológico y de salud pública”
El país incluso estableció la “Política Pública de Prosperidad para las Fronteras” (CONPES 3805 de 2014) que prometía reducir las brechas con relación al resto del país y mejorar la calidad de vida con enfoque diferencial, territorial, étnico y cultural. Allí se reconoció en el sector salud, un rezago en los territorios fronterizos tanto en servicios como en la situación de salud de la población.
Solo hasta el 15 de mayo, con más de mil casos del lado colombiano y más de 10.000 del lado brasilero se reúnen ambos gobiernos; se cierra completamente la frontera del lado colombiano, cuando el primer caso, un mes antes era proveniente de Manaos y cuando el mercado cuesta al menos tres veces más en Leticia que en Tabatinga y se le dice a la población que se encierre en su casa y se lave constantemente las manos, cuando no tienen ni acueducto ni alcantarillado.
Con razón la Asociación Tejiendo Amazonas-Tejama- por lo anterior, dijo que “las medidas de contención del virus resultan miopes. No se puede esperar que la población indígena cambie sus hábitos culturales y sociales de manera repentina. Y menos que los miembros de las familias indígenas no salgan a la calle para conseguir el sustento diario”.
Con la proporción más alta del país, 22% de sus casos en población indígena y 36 fallecidos, se requieren medidas urgentes, responsables, públicas y viables sanitaria, social y económicamente, antes que asistamos a un desastre humanitario y etnocidio indígena.
Por: Román Restrepo Villa
Sofía Zapata Henao
[1] Desponible en: https://consultorsalud.com/salud-en-el-amazonas-hospital-san-rafael/ . Consultado el 28 de abril de 2020
[2] https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=3008:ops-oms-colombia-apoya-acciones-de-salud-publica-en-la-frontera-plan-de-respuesta-en-salud-frontera&Itemid=562
[3] Disponible en: (https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/colombia-pueblos-indigenas-covid19-hambre/ Consultada el 25 de abril de 2020.
[4]Disponible en : https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/coronavirus-contrarreloj-en-leticia-para-detener-la-pandemia-491116 Consultada el 1 de mayo de 2020
Comentar