En días pasados hice un recorrido por la zona bananera de Urabá y con dolor encontré que la situación de orden público no es distinta a la del resto del país; en el ambiente se percibe la incertidumbre y el temor generalizado que hoy ha regresado a esa comunidad. En silencio, por el miedo a denunciar, los habitantes de esta región estratégica, tienen que soportar el asedio de la criminalidad rampante y desbordada, que se ha ensañado en contra de sus agricultores, ganaderos y comerciantes, mediante la extorsión, la intimidación y el secuestro.
La situación en Urabá recuerda las épocas más difíciles de una violencia que creíamos estábamos superando. Igual sucede en departamentos como Arauca, donde el ELN y las FARC han afianzado ostensiblemente su control territorial, lo que se ha traducido en un incremento exponencial de la violencia y la afectación a toda su estructura económica. En enero de este año, la compañía de exploración y producción petrolera Parex Resources anunció la suspensión de todas sus actividades, por las amenazas y atentados a sus instalaciones en los municipios de Saravena y Tame, afectando 600 puestos de trabajo, 430 de los cuales corresponden a la comunidad local. Dos meses después, representantes de varias petroleras con operaciones en ese departamento denunciaron que el ELN las había declarado objetivo militar; hace apenas un par de semanas, el país se conmocionó con el secuestro de la Sargento del Ejército Karina Ramírez y sus dos hijitos en el municipio de Fortul por parte del ELN, mismo grupo que, la noche siguiente, atacó la estación de Policía de esa localidad.
Y como no ocurría hace por lo menos 20 años, 19 trabajadores de la empresa KMA Construcciones, fueron secuestrados en el Catatumbo, región en la que el ELN ha afianzado su presencia y multiplicado sus acciones terroristas. El alcalde de Tibú fue víctima de desplazamiento forzado y dos Policías y una mujer fueron asesinados con explosivos en ese mismo Municipio.
En las ciudades el panorama no es más alentador; tres de las más importantes capitales han registrado un aumento acelerado en las cifras de criminalidad; en el caso de Bogotá, según el más reciente informe de la Secretaría de Seguridad, en el primer semestre de 2023, los homicidios crecieron un 11,1% frente a los perpetrados en el mismo periodo de 2022; el secuestro aumentó un 80%, el hurto a personas un 28,1% -en promedio diariamente son víctimas de este delito 400 personas-, mientras que el hurto a residencias se incrementó en 31,7%. Para colmo de males, en pasados días aparecieron en esta misma ciudad, pancartas alusivas al Frente 53 “Edison Romaña” de las Farc.
Entretanto, Barranquilla está aterrorizada por bandas criminales, como Los Costeños, Los Rastrojos, Los Pepes y el Clan del Golfo; las cifras son alarmantes. En 2021 se reportaron 125 casos de extorsión, en 2022 283, mientras que, con corte a 31 de mayo de 2023, se han denunciado 367 en toda el área metropolitana; el número de homicidios también aumentó, de 140 en 2021 y 171 en 2022 a 201 en 2023.
De otro lado, los 507 homicidios reportados este primer semestre, hace de Cali la ciudad más violenta del país.
En el consolidado nacional a junio, el secuestro aumentó en un 162% (de 55 en 2022 a 155 en 2023), igual que la extorsión (33%) y el hurto a personas (16%); además, 83 líderes sociales fueron asesinados, y según INDEPAZ, al 12 de julio de 2023, se han reportado 53 masacres con 173 víctimas.
Y en el tema de narcotráfico, el panorama es igual de oscuro; de acuerdo con el informe del Ministerio de Defensa “Seguimiento a indicadores de seguridad y resultados operaciones 2023”, entre enero y mayo de 2022, se erradicaron manualmente 33.454 hectáreas de coca, mientras que en el mismo periodo de 2023 la cifra cayó a 4.511 hectáreas, un descenso drástico del 87%. Solo para el 2022, se tuvo que entre enero y junio las autoridades lograron erradicar 40.277 hectáreas de coca; sin embargo, para el segundo semestre de ese año, la cifra descendió a 27.706 hectáreas, es decir, una reducción del 31%, que se reflejaron en una diferencia de 12.571 hectáreas. La incautación también ha disminuido; en el mismo periodo de 2023 se incautaron 256 toneladas de cocaína, una variación negativa de 18% comparado con el mismo periodo de 2022, cuando las autoridades se apoderaron de 311 toneladas; asimismo, la incautación de heroína se ha reducido, pasando de 240 kgr decomisados en 2022 a 113 kgr en 2023 (-45%).
A pesar de todo esto, en el discurso de instalación de la segunda legislatura del Congreso, Gustavo Petro habló de Colombia como potencia mundial de la vida y se atrevió a afirmar que en pocos meses algún Congresista podría decir que, la guerra entre la insurgencia y el Estado acabó; pretendiendo ignorar que a esa misma hora, se presentaban combates contra las Farc en Argelia y en Vista Hermosa atacaban con explosivos una patrulla del Ejército. Así, mientras Petro insiste en su Paz Total, el deterioro de la seguridad en el país es acelerado y crítico.
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