Santa Teresa, Tolima: Crónica de un olvido estatal

Queridos lectores,

En el corregimiento del Líbano, Tolima, la indiferencia gubernamental se ha convertido en un símbolo alarmante de la realidad que enfrentan sus habitantes. A pesar de las promesas electorales y las leyes vigentes, la población continúa siendo ignorada, como si su sufrimiento fuera algo trivial. Esta situación no solo es ilógica, sino que representa una traición flagrante a los compromisos asumidos con los ciudadanos en tiempos de campaña.

Santa Teresa, uno de los cinco corregimientos del Líbano, cuenta con aproximadamente 40 mil habitantes y ha sido blanco constante de violencia desde los años noventa. En esa época, grupos armados como la columna móvil Jacobo Prías Alape de las FARC y el Frente Bolcheviques del ELN sembraron el terror en la región. Aprovechando la geografía montañosa y dispersa del Tolima, estos grupos establecieron bases y ejercieron un control territorial que afectó gravemente a la población local.

Además, el narcotraficante Ángel Gaitán Mahecha facilitó la entrada de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio con el Frente Omar Isaza al norte del Tolima. Estos grupos paramilitares, inicialmente presentados como defensores de los intereses locales contra las guerrillas, también contribuyeron a la escalada de violencia y a la fragmentación del tejido social en la zona.

Como periodista, he tenido la oportunidad de evidenciar el impacto devastador que estos grupos armados han tenido sobre la población. La mayoría de los habitantes son víctimas no reconocidas del conflicto armado, sistemáticamente ignoradas por las autoridades locales. Esto se refleja claramente en la falta de respuesta y en la negligencia constante, especialmente en la infraestructura vial. Los campesinos locales, cuyos medios de subsistencia dependen en gran medida de sus cultivos, enfrentan pérdidas significativas debido al deterioro de las carreteras.

Leonardo Zuluaga, abogado y defensor de los derechos humanos, actuando en calidad de accionante dentro del proceso No. 73001-23-33-000-2022-00389-00, ha presentado un informe detallado sobre el estado actual de la vía objeto de la presente acción popular. A continuación, se detallan algunos de los videos que evidencian las condiciones de la vía:

Estos videos muestran claramente la situación precaria de la infraestructura vial en la región, evidenciando la necesidad urgente de intervención por parte de las autoridades competentes.

Además del abandono estatal, los habitantes enfrentan el flagelo de la extorsión por parte de grupos delincuenciales, que se aprovechan de su vulnerabilidad para limitar su movilidad y generar un ambiente de miedo constante. Estos grupos exigen pagos regulares, conocidos como «vacunas», a comerciantes, ganaderos y campesinos a cambio de «protección» o permiso para trabajar. Los que se niegan a pagar son amenazados con represalias contra ellos o sus familias, perpetuando así el control sobre la comunidad.

A esto se suma la falta de conectividad a internet, lo cual afecta gravemente la educación y el desarrollo de los jóvenes, quienes se ven obligados a desertar de las escuelas por falta de oportunidades.

Esta situación no solo exacerbada la inseguridad y el temor entre la población civil, sino que también ha dejado una huella profunda en la comunidad, afectando no solo su seguridad física, sino también sus oportunidades de desarrollo económico y social.

Es imperativo que se tomen medidas inmediatas y concretas para abordar esta crisis humanitaria. Primero, es esencial asignar recursos para la rehabilitación y el mantenimiento de las carreteras principales que conectan estos corregimientos con el resto del departamento y el país, mejorando así la infraestructura vial y facilitando el acceso a mercados y servicios. Además, deben implementarse programas efectivos de seguridad y protección para la población, con el objetivo de desarticular grupos delincuenciales y garantizar la seguridad de los habitantes. Finalmente, es crucial asegurar el acceso a servicios básicos como salud, educación y conectividad a internet, lo que incluye la reapertura y el fortalecimiento de escuelas y centros de salud cerrados, mejorando así las condiciones de vida y ofreciendo oportunidades de desarrollo a la comunidad.

El tiempo de las palabras vacías ha pasado. Los habitantes de Santa Teresa y los corregimientos vecinos no pueden seguir siendo víctimas de la negligencia estatal y la violencia desbordada. Es hora de que las autoridades actúen con firmeza, de lo contrario, estarán perpetuando un ciclo de sufrimiento y abandono que ya no podemos tolerar.

Solo así podremos avanzar hacia un futuro más seguro y equitativo para todos.