¿Apoyará el establecimiento una agenda progresista o seguirá aplazando los cambios que se necesitan?
No cabe duda de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia marcó un hito en la historia reciente del país. Fue una clara señal de que una persona tan poderosa como Álvaro Uribe ya no es intocable. Para algunas víctimas del conflicto armado, como las Madres de Soacha, esta decisión significó un paso más hacia la verdad y la justicia que buscan desde que sus hijos fueron asesinados. Ese día sintieron que algo había cambiado en Colombia, y yo me identifiqué con ese sentimiento.
En el plano político, este hecho representa un punto de inflexión. El proceso de paz de La Habana fue el primer punto de quiebre. Los relatos de las víctimas no podían coexistir con la tesis de la ‘amenaza terrorista’, pues, a largo plazo, ninguna estrategia militar podría justificar ante la opinión pública las ejecuciones extrajudiciales; el proceso de paz inauguró así la disputa política en torno al legado de Uribe. Las elecciones de 2018 marcaron un segundo punto de quiebre: la oposición obtuvo más de ocho millones de votos en la segunda vuelta, algo inédito en Colombia, considerando además la campaña de desprestigio a la que fueron sometidos Gustavo Petro y su programa político. Además, Uribe tuvo que recurrir a un novato, a quien los medios inflaron retratándolo como un ‘moderado’. Pero haber escogido a Duque fue una clara señal de su debilidad. Finalmente, la detención preventiva de Uribe marcó un tercer punto de quiebre, el más significativo hasta ahora, porque, al tiempo que permite volver sobre los hechos ocurridos durante su gobierno, también hace posible vislumbrar, de manera aún más nítida, un futuro poshegemonía uribista, algo impensable hace apenas diez años.
Claramente, esto no significa que estemos asistiendo al fin de la violencia política en Colombia ni que el uribismo no intente hacer todo lo posible para aprovechar políticamente esta situación, pero sí significa que el poder de Uribe ya no es el mismo. Lo que se comprueba, después de veinte años, es que el uribismo fue una manifestación transitoria de procesos políticos de largo aliento. Es por esto que nuestra mirada debe ahora volcarse hacia las élites políticas.
Han sido estas élites las que no han sido capaces de culminar con éxito ningún proceso de paz. Se han conformado con la entrega de los fusiles y con la reincorporación de los exguerrilleros a la sálvese quien pueda. Uribe militó en el Partido Liberal antes de fundar su propio partido; Juan Manuel Santos fue el ministro de Defensa de Uribe antes de decidir iniciar un proceso de paz. El establecimiento político es un lastre.
El establecimiento tiene que decidir si va a salvar a Uribe o si va a propiciar, como mínimo, los cambios acordados en las negociaciones, pues su horizonte histórico nunca ha sobrepasado lo estipulado en los acuerdos con las guerrillas.
Es en este contexto político en el que hay que entender la propuesta de una ‘coalición de centroizquierda’. Humberto de la Calle tiene razón cuando afirma que cualquier intento de construir una coalición debe empezar por el programa y no por la selección de los candidatos. Pero no se puede dejar de lado la coyuntura en la que estamos. No estamos en el 2018, cuando el establecimiento, de manera mezquina, recurrió a la falacia de los extremos, posicionando a la Colombia Humana (CH) como la extrema izquierda, equiparándola al uribismo y convenciendo a la opinión pública de que el país no estaba preparado para las propuestas de la CH. No solo el país estaba preparado hace dos años, sino que, en las actuales circunstancias, la pandemia ha revelado un cúmulo de desigualdades y necesidades aún más apremiantes. Reciclar ese discurso demuestra su absoluta falta de visión política.
Por eso pregunto: ¿cuál es el propósito de la tal ‘coalición de centroizquierda’? ¿Impedir que gane Petro? ¿Edulcorar su programa ahora que el establecimiento se ha quedado sin agenda? ¿O proponer una salida a la crisis política y civilizatoria que estamos atravesando? El problema nunca ha sido Petro, ni su ego ni su ‘mirada lateral’, sino lo que él representa y el pueblo que moviliza. ¿Será capaz el establecimiento de apoyar un programa realmente progresista o reciclará viejas fórmulas discursivas para seguir postergando los cambios que el país necesita?
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